La vivienda, un derecho constitucional

Esta semana el Gobierno hacía público su acuerdo con la formación con la que comparte el ejecutivo acerca de la nueva Ley de Vivienda, y el revuelo formado por la noticia y el ruido provocado por los diferentes partidos no hace más que aumentar, provocando una alarma que puede llevar a la desinformación generalizada de la población.

Hemos escuchado a dirigentes políticos indignarse y anticipar una desobediencia en su aplicación en las autonomías en las que gobiernan. Y hemos escuchado al propio Gobierno ofrecer posiciones distintas en función del portavoz que encontrásemos… pero la pregunta es ¿por qué todo este revuelo?

Es obvio que el objetivo fundamental de la ley es controlar los precios de mercado de la vivienda de alquiler. En concreto, habrá control de precios siguiendo los índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado y su aplicación dependerá de las Comunidades Autónomas (todas las dirigidas por el PP ya han anunciado que no lo aplicarán).

Aunque las personas físicas y los pequeños propietarios (menos de diez viviendas) no están afectados por la regulación directa en el precio, sí es cierto que la norma promueve la reducción del precio de estos alquileres mediante una fórmula de "congelación de precios e incentivos fiscales". Es decir, la ley no les obligará a topar los precios del alquiler, al contrario, les ofrecerá importantes incentivos para motivar a contenerlos. Esto se traduce en bonificaciones de hasta el 90% en el IPRF, por bajar el precio o rehabilitar la vivienda, entre otras opciones.

Sin embargo, el grueso de las críticas lanzadas a lo que todavía no es más que un acuerdo de intenciones, están enfocadas en lo que se calificaría como una injerencia en la propiedad privada. Sin embargo, tenemos que admitir que cualquier ley, en sí misma, supone una regulación y una injerencia en los derechos que compartimos, para garantizar que unos derechos no se superponen a los otros. Se estima que alrededor del 50% de las leyes afectan directamente a la propiedad privada, por enumerar sólo algunas, pensemos en las relativas a fiscalidad o hacienda… Por lo tanto, no tiene mucho sentido criticar un aspecto común a cualquier cuerpo legislativo, y que, si miramos a nuestro alrededor, está compartido por muchos de los países de nuestro entorno.

La regulación de precios de los arrendamientos es un hecho en Francia, Alemania o Suecia, con experiencias similares, o parecidas, en Suiza o Austria. No obstante, el funcionamiento de estas medidas en cada caso, ha sido desigual, pero, lo que es más importante, en ninguno de ellos el 41% del total de inquilinos paga un precio "excesivo" por alojarse, esto es, el 30% de sus ingresos, como sucede en España, de acuerdo con un informe de CCOO y basado en datos del Instituto Nacional de Estadística.

De todos los ejemplos que se dan en nuestro entorno, el Gobierno ha optado por el modelo alemán, con el establecimiento de un sistema que permite la declaración de zonas de "mercado tenso" en los que limitar los precios. En el caso francés, en 2015 se aprobó una regulación que limitaba los alquileres un 20% sobre un precio de referencia, la renta máxima permitida para nuevos contratos. Esta medida, implementada con el foco puesto en grandes áreas metropolitanas como París, fue tumbada en los tribunales en 2017 y reinstaurada por el Ejecutivo de Emmanuel Macron poco después, aunque con mayores excepciones. Por lo tanto, nada ha inventado el Gobierno que no esté ya implantado dentro de la UE, y por Gobiernos de diferente signo.

Por todo lo anterior, provoca extrañeza la ola de empatía que se ha levantado hacia el propietario de la vivienda, y quizás se echa en falta un poco más de empatía con la situación en que vive una mayoría de los ciudadanos, que son las personas que tienen que recurrir al alquiler. Más aún cuando, como hemos dicho, la ley no afecta a los pequeños propietarios, esos que cuentan con menos de diez viviendas en su patrimonio.

Y es que debemos recordar que la crisis del coronavirus ha vuelto a sacar a relucir una vez más los problemas del mercado español de la vivienda. Ante esta situación, el Gobierno tomó medidas como la moratoria en el pago de las hipotecas para personas afectadas por despidos, ERTEs o cierre de negocios; o los decretos similares dirigidos a los alquileres, con microcréditos a las familias vulnerables y una moratoria en los desahucios por impago. El paisaje tras la pandemia amenaza con ser desolador. Los colectivos más empobrecidos (en los que se incluyen muchos jóvenes, familias, autónomos y asalariados de contratos precarios) han sufrido ya una caída brusca de su poder adquisitivo por lo que se necesitan medidas dirigidas a garantizar que, al menos, tienen acceso a una vivienda digna, como prevé la Constitución. Por todo ello, esta nueva medida no es más que un nuevo paso en la dirección marcada, intentando proteger a los más desfavorecidos.

Habrá que esperar a la redacción final de la ley, pero, en cualquier caso, esperemos que sea lo más eficaz posible para contribuir a construir una sociedad justa, propia de una democracia del siglo XXI.