El que contamina paga y el que no contamina también

El principio quien contamina paga que preside la política medioambiental desde hace décadas, se pretende completar con el corolario … y quien no contamina también. Así parece deducirse de la decisión adoptada en el Consejo de Ministros del 1 de junio, por la que se aprueba la tramitación del anteproyecto de Ley para corregir el dividendo que reciben las centrales no emisoras de gases de efecto invernadero. El objetivo es reducir unos presuntos ingresos extraordinarios que están recibiendo varias energías que contribuyen a la lucha contra el cambio climático: las centrales nucleares, la mayor parte de las hidroeléctricas y unos 1500 MW de energía eólica, debido al alza en los precios de los derechos de emisión de CO2 que tienen que adquirir las eléctricas que usan combustibles fósiles para su producción.

Sin embargo, estos ingresos extraordinarios, conocidos como windfall profits o beneficios caídos del cielo, no solo tienen su origen en la subida del precio de los derechos de emisión, sino en el sistema marginalista que rige en el mercado eléctrico, según el cual, se pagan todas las energías que entran a cubrir la demanda al precio de la última que lo hace, la más cara. La razón de la vigencia de este sistema en los países de la OCDE no es un capricho legal, que en el caso europeo puede verse en el Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio, sino su mayor eficiencia frente a otros sistemas como as pay as bid o pagar según la oferta y, por supuesto, sobre la nacionalización de la producción y distribución eléctrica que nos conduciría en poco tiempo a un sistema caro y obsoleto.

El Régimen de comercio de derechos de emisión quizás sea la herramienta más importante de la que disponen las autoridades comunitarias en la lucha contra el cambio climático. El precio de estos derechos acumulan un incremento del 30% desde principios de año, entre otros motivos, porque la UE está reduciendo su oferta para acelerar el proceso de descarbonización al hacer por esta vía más competitivas a las energías limpias. Pues bien, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros, en caso de materializarse, camina exactamente en sentido contrario y la hace más grave el hecho de que la subida del precio de los derechos de emisión, que junto a la del gas explica el incremento de la factura eléctrica y muestra la inutilidad de la reciente modificación de la misma para abaratarla, no parece que vaya a detenerse, sino más bien al contrario, ya que el propósito de la UE es aumentar los mecanismos de reserva. Si de lo que se trata es de evitar la subida de la factura eléctrica, sería más razonable tener en cuenta que los ingresos adicionales derivados del incremento del coste de los derechos de emisión, terminan en la administración y que esta podría destinarlos a reducir la factura de los colectivos más vulnerables y de la industria, y no la excusa para incrementar la carga impositiva de las productoras de energías limpias. Lo que se pretende hacer, con el pretexto de la subida del precio de la factura eléctrica, es tomar una decisión contra la política medioambiental europea.

Por eso, detrás de la voluntad de reducir los ingresos de algunos de los productores de energías limpias, parece haber una cuestión más ideológica, la de terminar con los llamados beneficios caídos del cielo, que la de corregir ineficiencias en un mercado estratégico para la competitividad de la economía y, al mismo tiempo, de primera necesidad. De ahí que el planteamiento hecho en el anteproyecto sea obligar a pagar a las empresas ente 1000 y 1500 M€, es decir, subir los impuestos a las productoras eléctricas que no emiten gases de efecto invernadero, pero que acabarán pagando los consumidores de forma indiscriminada a través de la repercusión del mismo.

Esta es una prueba más de que el proceso de transformación económica que supone la descarbonización nos brinda una gran oportunidad, pero al mismo tiempo conlleva unos costes que debemos minimizar. No hay nada más caro que no hacer nada contra el cambio climático, pero conviene, para no asumir costes innecesarios y reducir la competitividad de nuestras empresas, no acelerar procesos que ni siquiera asumen nuestros socios europeos, ni convertir este reto en una cuestión meramente ideológica y radical como parece que se hace con esta última decisión. Se trata de acertar en las medidas que adoptemos en defensa del medio ambiente y no contradictorias con los incentivos creados en la UE para fomentar la inversión en energías limpias debilitando el Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.

Mantener los precios de la energía lo más bajo posible es una cuestión de justicia social, además de una política acertada desde el punto de vista de la competitividad de la economía, podríamos decir que se trata de una decisión estratégica. En este sentido, conviene tener presente que, en estos momentos de transición, si se toman las decisiones correctas podemos minimizar la dependencia energética que ha lastrado históricamente nuestra balanza de pagos, unas veces por carecer de materia primas esenciales, otras, por decisiones políticas erradas; y si hay algo equivocado es obligar a pagar al que no contamina.