Plan para resucitar a una economía zombi

De aquí a Estambul, la gran preocupación en estos momentos es ¿cuántas empresas zombis dejará la crisis del coronavirus? Christine Lagarde o Ursula von der Leyen, las principales responsables europeos, advierten que es esencial mantener las sociedades viables, que pasen por un mal momento. Pero, ¿cómo identificarlas? y después, ¿cómo ayudarlas a sobrevivir?.

La vicepresidenta económica Nadia Calviño está convencida de que después de un año de calvario, es necesario un último empujoncito para evitar la destrucción del tejido empresarial. El Gobierno puso en marcha dos tipos de ayudas: los créditos ICO para evitar las quiebras y los Ertes para mantener las plantillas hasta que vuelva la normalidad.

El alargamiento de la crisis obligó a prolongar los Ertes, así como las carencias de los ICO durante doce meses Pero la demora en la distribución de las vacunas en el primer trimestre provoca que se planteen nuevas medidas. El Ejecutivo tiene previsto actuar básicamente en tres frentes, según medios cercanos: la aplicación de quitas para aliviar el peso de las deudas, la concesión de ayudas directas y de incentivos fiscales para los arrendadores que aplacen el alquiler a sus inquilinos y la flexibilización de las normas concursales, aprovechando las directivas europeas.

En el plano financiero, el Ejecutivo defiende aplicar una quita sobre los préstamos a empresas en dificultades o insolventes, que serían viables tras la vuelta a la normalidad. Los préstamos tienen el 80 por ciento de garantía del ICO y otro 20 por ciento de los bancos, que tendrían que asumir pérdidas.

El Gobierno creó una comisión en la que están el Banco de España, la Asociación Española de la Banca (AEB), la CECA, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como la consultora Oliver Wyman, para determinar los criterios con los que seleccionar a quiénes salvar de la quema.

Sin embargo, desde el ámbito bancario se alerta del riesgo que puede tener este tipo de medidas en un momento en que la rentabilidad de la banca es de solo tres puntos, muy por debajo del 6 por ciento de la media de Europa, y en el que la morosidad puede dispararse por encima de los dos dígitos.

Los bancos se verán obligados a provisionar las pérdidas, por el cumplimiento de la normativa. En un primer momento, la banca pensó solicitar algún tipo de incentivo, como los famosos activos fiscales diferidos, más conocidos por sus siglas en inglés DTA (Deferred Tax Assets), concedidos en 2013 por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, a las entidades financieras.

Los DTA permitirían apuntarse estas provisiones como si fueran gastos para reducir su contribución al Impuesto de Sociedades y contabilizarlos también en su capital (fondos propios) para mejorar la ratio de solvencia. En fuentes del Ejecutivo se rechaza, sin embargo, de forma tajante esta posibilidad. "No vamos a permitir más deducciones con la caída de la recaudación fiscal que tenemos", afirma un alto cargo, consultado por elEconomista.

Calviño estudia dar "algo de dinero a las autonomías para ayudas directas", pero poco más

Ante la oposición de las autoridades, el sector bancario solicita alargar la vida de los préstamos para amortiguar así el impacto en sus balances. "Por lo menos, tenemos la posibilidad de recuperar el dinero en el futuro".

Los bancos hicieron los deberes durante el año pasado, según la recopilación de datos realizada por elEconomista, sobre los resultados de 2020. La banca provisionó créditos dudosos por 25.000 millones, el doble del ejercicio anterior. Gracias a este trabajo, parte de los préstamos estarían ya dotados.

Pero los balances de las entidades esconden 159.000 millones en créditos y líneas de financiación en riesgo de impago, que están clasificadas como de vigilancia especial. Una cifra equivalente a alrededor del 8 por ciento de su cartera crediticia y que podría disparar la morosidad a tasas de doble dígito a finales de año. "Es muy peligroso desestabilizar el sistema financiero, como ocurrió en la crisis de 2008, porque podría tener un efecto dominó sobre el resto de la economía", advierten algunos expertos.

Pero aquí no acaban los problemas. La siguiente dificultad está en la selección de los beneficiarios de las ayudas directas. Calviño pasó de anunciarlas al término de un Consejo de Ministros hace unas semanas, a derivar su concesión a las autonomías y los ayuntamientos.

La posible quita de la banca a empresas insolventes pondría en riesgo el sistema financiero otra vez

El Gobierno dio 16.000 millones a los gobiernos regionales a comienzos de la pandemia para los gastos extraordinarios, a los que habría que sumar 11.000 millones recibidos por la liquidación positiva de 2018 y otros 105.868 millones por el anticipo de las entregas a cuenta del pasado ejercicio.

La mayor parte de esta cantidad se empleó para aumentar las plantillas de los hospitales y de los colegios públicos, así como para ayudar a la hostelería en la segunda ola, y ahora está prácticamente agotada. Solo un par de autonomías tienen planes para otorgar más apoyos en esta tercera ola. En el Gobierno se admite que "podría otorgar una cantidad adicional para las autonomías, pero no tan grande".

La cuestión aún por responder es: ¿Cuántas empresas hay insalvables? y lo más importante, ¿de cuánto dinero estamos hablando para rescatar a las sociedades insolventes, pero que todavía pueden ser viables? En el Ejecutivo son conscientes de que el problema se centra en la hostelería y el turismo, sobre todo en agencias de viajes y en líneas aéreas. Hay otro ámbito, el del pequeño comercio, muy afectado también, pero que estaba ya tocado antes del virus por el cambio de modelo de venta online.

Entre los sectores más castigados mueven más del 20 por ciento del PIB y emplean a alrededor de un tercio de la población activa (más de seis millones de empleados). Por eso, las actuaciones son urgentes y determinantes. Pero nadie se atreve a poner una cifra a la magnitud del rescate que precisan.

Esta semana, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, estimó que más del 35 por ciento de las pymes son vulnerables (tienen una ratio de deuda sobre resultados superior a diez veces) y de estas, entre el 14 y el 18 por ciento son insolventes.

Pero, ¿cuántas de las insolventes serían inviables? Es decir, que no se podrán recuperar. Según Arce, entre el 6 y el 10 por ciento. El porcentaje coincide con el 8 por ciento estimado por la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI), que calcula las necesidades financieras necesarias adicionales en unos 20.000 millones de euros.

De nuevo, Nadia Calviño está entre la espada y la pared por la falta de recursos para financiar estas actuaciones, aparte del dinero procedente el fondo de reestructuración europeo. La deuda saltó el año pasado al 117 por ciento del PIB, el porcentaje más alto desde comienzos del siglo pasado. La vicepresidenta está empeñada en que no sobrepase el 120 por ciento, un nivel similar al de Francia, porque el mercado podría desconfiar sobre la capacidad de nuestro país para devolverla.

De este modo, el Ejecutivo trabaja en otra línea, la concesión de incentivos para aliviar la carga fiscal. Están preocupados porque los caseros son renuentes a reducir la factura de los alquileres de los locales comerciales, como indicaba el Real Decreto de diciembre pasado. Ahora se pretende compensar fiscalmente a los que reduzcan estos cobros a la mitad. También, desde el punto de vista legislativo, se quiere reformar la normativa sobre concursos de acreedores para facilitar las reestructuraciones, flexibilizar las exoneraciones de pasivo no satisfecho o agilizar la liquidación de las empresas inviables, como se hace en Estados Unidos. Y poco más.

Que nadie espere que el maná del dinero público lo salve si ya tienen un pie en el precipicio. Hemos creado una economía zombi, con muchos muertos vivientes, gracias a los Ertes y los ICO para sobrevivir a la pandemia, y ahora hay que volver poco a poco a la vida real.

Pero, ¡cuidado con la resurrección de los muertos! Perdón, quería decir de los zombis, porque de la habilidad que tengamos para recuperar el tejido productivo dañado por el virus dependerá la fortaleza de la recuperación y la salud de las finanzas públicas y privadas de los próximos años. Nos jugamos mucho y podemos salir malparados si no se acierta con las medidas.