Sin solución aún para la Seguridad Social

El año 2021 marca un cambio en los medios para ayudar a la Seguridad Social a paliar sus dificultades de financiación. La solución basada en parchear esta Administración con créditos del Estado no se empleará más, ante las críticas que ha cosechado por parte de instituciones como el Tribunal de Cuentas.

Ahora bien, el uso recurrente de este tipo de préstamos en los últimos años (cuatro veces sólo en el transcurso de 2020) tiene unos efectos imposibles de ocultar.

Así, la Seguridad Social iniciará 2021 con una deuda acumulada de 100.000 millones, sin que la suma de todo ese pasivo haya servido para solucionar los problemas estructurales del sistema de pensiones.

Muy al contrario, las dificultades para cubrir el desembolso en este capítulo crecerán, de modo que los ingresos por cotizaciones sociales seguirán siendo insuficientes. En consecuencia, serán necesarias nuevas ayudas del Estado, en este caso en forma de transferencias que no computen como deuda, por valor de más de 30.000 millones en 2021 con cargo a impuestos. Es la única respuesta a un avance del gasto en pensiones que sigue batiendo marcas, como los casi 10.000 millones registrados en este mismo mes de diciembre.

Medidas equivocadas

Medidas como blindar la revalorización de estas prestaciones según el IPC previsto (un 0,9% en 2021), o evitar que entre en vigor el factor de sostenibilidad, sólo contribuyen a agravar la situación. En paralelo, está por verse cuál será el alcance de los incentivos para prolongar la vida laboral que maneja el Gobierno, o el posible aumento del cómputo de años trabajados para calcular la pensión. Siguen así en el aire las soluciones que permitan racionalizar el creciente desequilibrio que afronta la Seguridad Social.