Los éxitos de 'Iván Redondo Productions'

El Gobierno celebra sus primeros presupuestos en tres años gracias a la unión de toda la izquierda independentista, mientras que la derecha se desangra en luchas estériles por ganar protagonismo. Pablo Iglesias y Adriana Lastra exhiben músculo en el Parlamento. Anuncian sin ningún tipo de rubor que la coalición de Gobierno está más fuerte que nunca. Critican que a comienzos de legislatura les auguraban sólo unos meses convivencia y aseguran que se mantendrán unidos hasta finales de la legislatura. Hasta que el tiempo los separe, como en los matrimonios bien avenidos.

Una gran mentira. Sánchez e Iglesias son una pareja de conveniencia. Ambos se necesitan para gobernar y se vigilan mutuamente, en espera de la oportunidad para provocar la ruptura, como lo muestra las continuas peleas entre los miembros del consejo de ministros.

Las últimas cifras de paro son desastrosas, pero el Gobierno las vende como alentadoras. El desempleo de noviembre crece en 34.000 personas, pero la afiliación a la Seguridad Social vuelve a superar los 19 millones, tras el incremento de 31.600 cotizantes, más de 100.000 si se mide de manera desestacionalizada.

Un análisis detallado permite comprobar que los datos tienen truco. El número de trabajadores en Expediente de Regulación de Empleo (Erte) se mantiene estable en los últimos meses en torno a 750.000 personas. Los brotes verdes del tercer trimestre fueron fugaces. Las entradas de trabajadores en las últimas semanas en Ertes se compensan con las salidas tras el cierre masivo de comercios decretados por casi todos los gobiernos regionales, con la excepción de Isabel Ayuso en Madrid.

Ni el Gobierno está bien avenido ni el desempleo está contenido, es parte de la propaganda

Si a los 750.000 Ertes, unimos los 320.000 ciudadanos que no han vuelto a trabajar desde que se declaró la Covid, resulta que el número de españolas que engrosaron las filas del desempleo o están en riesgo de hacerlo rebasa el millón. La situación es crítica, diga lo que diga el Gobierno. El desempleo se acercará o incluso puede que rebase la barrera de los cinco millones en cuento se retiren los estímulos. Lo único que estamos haciendo es aplazar el problema hasta que no haya más remedio.

Las altas de la afiliación a la Seguridad Social no provienen de la digitalización ni de la transformación ecológica de las sociedades, como pretenden hacernos creer. Los nuevos empleos son públicos, principalmente de sanitarios y maestros, que hubo que contratar a toda prisa para atender los hospitales saturados y los colegios, por la reducción de niños por aula a causa de la Covid. Este empleo no es sostenible, desaparecerá en cuanto acabe la pandemia.

El jefe de gabinete de Presidencia y no sé cuántas cosas más, Iván Redondo, da los últimos retoques a un decreto ley, que debería estar listo antes de fin de año para repartir 27.000 millones a fondo perdido. Las empresas se frotan las manos, confían en este dinero para ponerse al día en el ámbito digital y el cumplimiento con el medio ambiente y las normas de buen gobierno, los principios ASG. Y ojalá sea así.

Desde el Gobierno se vende que pasaremos de una situación "precaria, estacional y de bajo valor añadido", en palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a otra donde el empleo estará mucho mejor remunerado. España, además, en opinión de la vicepresidenta Teresa Ribera, está en condiciones de liderar la energía renovable y de convertirse casi en el único país del mundo, que cumpla con creces los objetivos de descarbonización de la última cumbre de París, que preveía recortar en un tercio las emisiones hasta 2030.

La sociedad digital y ecológica es aún un espejismo. Hay un golpe a la industria, y más al automóvil

Hasta aquí el discurso político y a partir de ahora, la realidad. La gigantesca descoordinación entre los ministerios de Economía, Hacienda, Industria, Transformación Ecológica y Transporte está a punto de provocar un incremento del 5 por ciento en el impuesto de matriculación, que dejará el próximo año muy tocada la venta de automóviles, que sufre caídas del 35 por ciento hasta noviembre.

El fondo de recuperación y resiliencia Next Generetion, que prepara Redondo, destinará 10.000 millones a digitalizar y electrificar los procesos de producción, la apertura de fábricas de baterías o el desarrollo del hidrógeno verde como combustible alternativo y con cero emisiones. Pero nadie está pensando cómo salvar las 17 fábricas de coches actuales para que puedan alcanzar el futuro de ensueño que dibujan desde Iván Redondo Productions. Con el agravante de que el 70 por ciento de los coches made in Spain son contaminantes y, por tanto, sufrirán las penas del infierno fiscal, que pilota la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Europa se había planteado un noble objetivo: alcanzar el 20 por ciento de PIB industrial a finales de este año. España, que tenía el 16 por ciento antes de la pandemia, cerrará el ejercicio en torno al 14 por ciento. La industria es un rara avis en extinción. Nissan levantó el vuelo de Zona Franca, sin que aún se sepa su sustituto, pese a que esta semana se confirmó la existencia de varias empresas interesadas en instalarse en sus instalaciones. Proveedores como Bosch ó Faurecia también echaron la persiana.

El grupo Renault, capitaneado en España por José Vicente de los Mozos, estudia el traslado del montaje del exitoso modelo Kadjar, así como del Captur a Francia, mientras que el ministro de Economía galo, Bruno Le Maire, protesta por la destrucción de empleos del grupo del rombo en ese país y presiona para el traslado de producción a las plantas francesas, como hizo Trump en Estados Unidos.

La multinacional americana Alcoa chantajea a las autoridades nacionales y regionales gallegas de manera permanente con el cierre de sus líneas de producción, lo que provocaría un desabastecimiento de este metal al sector del aluminio español. Industria descarta la intervención y nacionalización de las instalaciones de San Ciprián, en Lugo, pese a ser estratégicas, por el rechazo que provocaría entre los inversores, lo que amenaza con prolongar la situación de incertidumbre durante varios meses.

Peor es lo de Duro Felguera, una empresa asturiana emblemática, que corre el riesgo de entrar en concurso a comienzos del próximo año ante la falta de pedidos ni de soluciones por parte de sus gestores y la inacción de políticos como los ex ministros Jordi Sevilla y Valeriano Gómez, que se han atrincherado en su consejo de administración. Su futuro pasa por una ayuda cien millonaria de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que sería ilegal porque la sociedad no cumple un requisito básico, estar en beneficios antes de la pandemia.

¿Dónde está la economía digitalizada y el empleo bien remunerado que anuncian desde Moncloa? Más bien es al revés, miles de puestos industriales están condenados a la desaparición sin solución de continuidad porque el paraíso prometido es un manjar lejano e inaccesible a corto y medio plazo..

Entre las empresas, sobre todo las pymes, reina la desinformación sobre el modo de acceder a las ayudas procedentes de Bruselas, pese a que el propio Sánchez proclamó ante los primeros ejecutivos del país, que estarían disponibles a comienzos de año. Nadie confía en que sean accesibles antes del verano. Los proyectos se retrasarán al segundo semestre y el impulso sobre la economía se demora a 2022.

Entretanto, miles de Ertes y de líneas de crédito ICO deberán renovarse en los primeros meses del año y amenazan con convertir a sus empresas titulares en zombies, que malvivirán hasta que acaben estos mecanismos. El Banco de España pronosticó esta semana que el 40 por ciento de las empresas tendrán dificultades financieras y una décima parte pasarán a mejor vida. La demora del plan de ayudas para salvar la hostelería agravará esta sangría. La lista de desagravios y despropósitos es larga, pese al éxito sin condiciones que se vende en medios oficiales. Las producciones de Iván Redondo se desvanecen en contacto con la cruel realidad.

PD.-Más vale solo que mal acompañado, es la máxima que aplicó el presidente de BBVA, Carlos Torres, en su negociación con Sabadell y pretende seguir en el futuro. Adquirir la totalidad del Garanti turco, como quiere su consejero delegado, Onur Genç, obligaría a un aumento de provisiones que rehúsa. La cuestión provoca dudas y mucho debate discrepante en la cúpula de vela, la emblemática sede del banco en Madrid.