Desmontando el mito de la frugalidad

Martes, 21 de julio. 5:31 horas de la madrugada. "Deal!", escribió el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su cuenta de Twitter para anunciar un acuerdo histórico tras una maratoniana cumbre con más de 90 horas de arduas negociaciones, sonados desencuentros y una punzante tensión. Como resultado, la Unión Europea pondrá a disposición de los países comunitarios 750.000 millones de euros, dando así un paso histórico desde la creación de la moneda única.

Antes, hubo que conciliar posiciones claramente enfrentadas a la hora de fijar las cantidades del fondo y las condiciones a cumplir. Y entre esas posturas destacó la que mantuvieron los mal calificados países frugales, reticentes a conceder una cifra tan elevada y partidarios de una condicionalidad más amplia.

Sin embargo, los conocidos países frugales no hacen honor a su calificación, puesto que todos ellos gastan, en relación al PIB, más que España en las partidas presupuestarias destinadas a la protección social, como Dinamarca que gasta 8,8 puntos de su PIB más. Y el gasto social por habitante en todos esos países supuestamente frugales, estandaricemos o no según el poder adquisitivo (PPS), es entre un 63 y un 88% superior al de España.

Si frugalidad es sinónimo de austeridad, con una inexistente connotación peyorativa hasta ahora, a la vista de los datos y, en el sentido literal del término, España podría considerarse más frugal que la mayoría de sus socios comunitarios en la medida en que gasta 53.000 millones de euros menos para mantener el estado del Bienestar que la media de la UE, y gastamos entre 62.000 y 102.000 millones menos en comparación con lo que gastan los supuestos países frugales.

Pero si se visualizó que la principal resistencia hacia el acuerdo la puso Mark Rutte, el primer ministro holandés, hay que saber que los Países Bajos dedican a protección social prácticamente 69.000 millones de euros más que España, un dato que serviría para desmontar el mito del máximo exponente de la supuesta frugalidad.

El quid de la cuestión de las cuentas públicas saneadas no reside tanto en la parte de los gastos como en la de los ingresos, puesto que en Países Bajos su recaudación es 4,5 puntos del PIB superior a la nuestra, necesitaríamos recaudar 52.200 millones más para igualarnos. De hecho, la causa del equilibrio de las cuentas de Países Bajos pasa porque recaudan 9,9 puntos de PIB más que el gasto social que realizan.

Así, el equilibrio presupuestario y la fortaleza de las cuentas públicas puede lograrse por dos vías, mejorando la eficiencia de los gastos y aumentando los ingresos, sin necesidad de apelar a la austeridad como sinónimo de recortes en los gastos públicos, y más ahora que Europa ha flexibilizado el cumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad para permitir la recuperación económica.

Nuestro país tendría que aumentar los ingresos tributarios en más de 75.000 millones al año para equipararnos a la presión fiscal media de la zona euro. Y la equiparación no tendría por qué ser soportada por los contribuyentes de a pie, teniendo en cuenta que la Ley del Impuesto sobre Sociedades ha permitido que los grandes grupos empresariales eludieran el pago de 24.060 millones de las tres últimas declaraciones correspondientes a los años comprendidos entre 2016 y 2018 y que doblamos la tasa sumergida media de los países del euro.

Así, la recaudación podría aumentar en España en unos 38.500 millones de euros anuales, relajando el desfase presupuestario previsto, si se aprobara el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude y la economía sumergida, que permitiera reducirla en 10 puntos porcentuales.

En resumen, España debería lograr un Pacto de Estado para aprobar una reforma fiscal integral que solucione los problemas de falta de suficiencia y equidad que presenta nuestro sistema. Y en paralelo, tal y como también defiende la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), resulta inaplazable que los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) auditen la eficiencia del gasto público previsto en el corto y medio plazo.

Porque, a fin de cuentas, es posible gastar más y mejor sustituyendo gastos poco eficientes redirigiéndolos de manera efectiva hacia otro tipo de políticas más efectivas, sobre todo, ahora que hay que hacer frente a un enorme gasto para recuperar la economía y proteger a personas y empresas tras la mayor emergencia sanitaria de la historia reciente, a pesar de la frugalidad que defienden países menos frugales que España.