El fin del estado de alarma diversificaría la desescalada y obligaría a revisar Ertes y ayudas sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió en el mes de abril que "será necesario pedir más prórrogas en las próximas semanas" para realizar la desescalada bajo el mando único. Adelantó incluso la fecha del mes de junio para poner fin a este periodo extraordinario, mes en que concluye el Plan de Descalada.

Sin embargo, la ruptura del apoyo parlamentario que ha venido sustentando las diversas prórrogas va a dar paso a un nuevo escenario de desconfinamiento en que el mando único da paso al mando de cada una de las comunidades autónomas para combatir la pandemia del Covid-19. Sánchez ha llamado a Arrimadas para pedir su apoyo a la prórroga del estado de alarma y han acordado iniciar negociaciones, porque los votos de Ciudadadnos son imprescindibles, sin el apoyo del PP tras las propuestas de Sánchez a Casado, ni de ERC, que ha anunciado el 'No'.

¿Qué va a pasar si no se aprueba la prórroga?

Aunque la mayoría de los catedráticos de Derecho Constitucional consultados por elEconomista se muestran partidarios de una desescalada armonizada para todo el territorio del Estado bajo la regulación de la Ley de Sanidad Pública, rechazan el exceso de regulaciones que nada tienen que ver con la sanidad y que han coartado derechos fundamentales recogidos en el llamado núcleo duro de la Constitución y piden un mayor control parlamentario. 

Si mañana, el Parlamento decide no prorrogar el estado de alarma, las comunidades autónomas, en base a sus competencias en Sanidad serán las encargadas de pilotar la desescalada en sus territorios, con la intervención de sus Parlamentos autonómicos.

El Congreso de los Diputados, por su parte, deberá decidir sobre materias tan importantes en estos momentos como el futuro de los Ertes y las ayudas estatales que cuyas normativas especiales vencerán con el estado de alarma.

Muchas de las medidas sociales cuentan con un plazo desde el fin del estado de alarma para ver que se hace con ellas

También, quedaría por ver que decisiones se toman sobre la moratoria de deuda hipotecaria en el pago de vivienda, con el programa de ayudas en los alquileres de vivienda habitual, con las medidas concursales para evitar la quiebra de las empresas o con los contratos en vigor que están paralizados. Muchas de estas medidas sociales  tienen un plazo  desde el fin del estado de alarma, para que el Gobierno y el Parlamento adopten decisiones.

En el caso de los Erte por razón de fuerza mayor, la Dirección General de Trabajo, ha publicado un Oficio en virtud del cual establece su Criterio sobre la aplicación de las medidas de suspensión y reducción de jornada durante la fase de desconfinamiento del estado de alarma, en el que teniendo en cuenta el Plan de desescalada adoptado en Consejo de Ministros el pasado 28 de abril, dispone cómo se debe proceder por parte de los trabajadores y empresas en relación con las medidas laborales de emergencia previstas en el Real Decreto-Ley 8/2020. En él se estima que estos Erte estarán vigentes hasta el fin del plazo de desescalada a finales de junio.

No obstante, los Erte por razones económicas (ETOP), negociados con los sindicatos se mantendrían hasta su conclusión, al igual que el plazo para devolver el permiso retribuido de la Semana Santa, mantendrá su vigencia hasta final de año.

Aunque muchas de las comunidades autónomas no han publicado las líneas generales de sus planes de desescalada, es de suponer que la mayoría de ellas levantarán las limitaciones de movilidad a la provincia, adaptando esta movilidad a otras magnitudes, como los centros de atención sanitaria o ampliándolos, o incluso anulándolos para aquellas zonas donde consideren que es posible la libertad de movimiento para los convecinos.

En el caso de la movilidad, el Gobierno del Estado si que deberá jugar un papel importante de coordinación, puesto que las comunidades autónomas podrán, en aplicación de la Ley de Sanidad Pública limitar el acceso a sus territorios a quienes no cumplan determinadas medias de precaución, lo que hará que las 17 comunidades autónomas tengan que ponerse de acuerdo.

Los Erte por causas de fuerza mayor podrían estar vigentes hasta finales de junio, según Trabajo

Una cosa está clara, desaparecidas las medidas extraordinarias, las autoridades sanitarias tan solo podrán exigir el confinamiento de las personas que se encuentren enfermas. Esta recuperación de derechos, sin embargo, obliga a realizar un esfuerzo extra para detectar a los portadores del virus asintomáticos.

Las Administraciones Públicas están ya poniendo en marcha los planes de vuelta a la normalidad, aunque en muchas áreas seguirá imperando el teletrabajo. Lo mismo ocurrirá con la Administración de Justicia, en la que se están aprobando planes urgentes para atender a la avalancha de demandas contra el Gobierno y las Administraciones que se espera en todas las jurisdicciones.

A estas cifras habrá que sumar las demandas empresariales por incumplimientos sobrevenidos por el Covid-19, por impagos e incumplimiento de obligaciones contractuales.

Responsabilidad ciudadana

De esta forma, se entra en una nueva fase en la que en lugar de prevalecer las sanciones, las Administraciones Públicas deberán basar sus decisiones en la responsabilidad de los ciudadanos.

Esta nueva situación de desconfinamiento de las personas sanas no será óbice para que bares, restaurantes y comercios en general deban cumplir medidas de prevención que impongan los municipios y las comunidades autónomas, que ya no serán las mismas para todas las poblaciones del Estado, sino que podrán adaptarse a las necesidades e idiosincrasia de cada territorio.