Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, ha sido defensora de la implementación estricta de protocolos de prevención y respuesta frente al acoso laboral y sexual en el ámbito empresarial, imponiendo fuertes sanciones para quienes incumplan. Sin embargo, ha admitido que permitió que Íñigo Errejón continuara como portavoz de Sumar pese a conocer una denuncia en su contra por presunto abuso sexual y su asistencia a terapia.
Durante más de un año, Díaz no activó ningún protocolo en su formación política, una actitud en contraste con las exigencias que impone al sector privado, al que supervisa con la Inspección de Trabajo y sanciona con multas de hasta 225.000 euros si no cuentan con procedimientos contra el acoso.
Doble estándar en la aplicación de protocolos de acoso
En el ámbito laboral, Díaz ha impulsado medidas que obligan a todas las empresas a establecer y cumplir protocolos contra el acoso sexual, acoso por razón de género y acoso digital, tal como estipula la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Estas normativas han endurecido las multas para empresas que ignoren o no apliquen dichos protocolos. Para infracciones graves, las sanciones oscilan entre 30.001 y 120.005 euros, mientras que para las muy graves alcanzan los 225.018 euros. Según la legislación vigente, cualquier incumplimiento puede resultar en multas sin derecho a excusa o prórroga para cumplir la normativa.
Sin embargo, Díaz ha respondido de forma diferente en el caso de Errejón. La líder de Sumar y ministra de Trabajo no activó ningún mecanismo de investigación interna en su partido, alegando que dejó la resolución del caso en manos de Más Madrid, el partido de Mónica García, y de Podemos. Las explicaciones solo surgieron días después de que el escándalo se hiciera público, en medio de fuertes presiones políticas y tras su regreso de un viaje oficial a Colombia. Esta demora y falta de acción ha generado críticas por su aparente doble estándar entre las demandas de cumplimiento estricto para el sector privado y la laxitud en su formación política.
El rigor normativo en el sector empresarial
Desde el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz ha impulsado un control férreo en las empresas para proteger a las personas empleadas frente al acoso laboral y sexual. La legislación actual establece que las compañías, independientemente de su tamaño, deben promover condiciones de trabajo seguras y contar con procedimientos de denuncia específicos. Además, estas deben incluir una formación obligatoria para toda la plantilla, sin excepciones, con el fin de prevenir y actuar en casos de acoso.
A principios de marzo, el Gobierno aprobó un decreto que obliga a las empresas de más de 50 empleados a integrar en sus convenios colectivos protocolos de protección y respuesta frente al acoso en un plazo de tres a seis meses. Estas nuevas obligaciones incluyen cursos de sensibilización para empleados y directivos sobre acoso sexual, discriminación por orientación sexual e identidad de género. Este riguroso marco de regulación y sanciones, diseñado para el sector empresarial, destaca frente a la permisividad que Sumar mostró en la denuncia que ha envuelto a su portavoz, Íñigo Errejón.
Impacto político y desgaste de Díaz
La gestión del caso Errejón ha añadido una nueva tensión a la figura de Yolanda Díaz, ya desgastada por diferencias con el ala socialista del Gobierno en temas como la política fiscal y la regulación económica. Su falta de medidas internas en Sumar contrasta con su impulso de medidas regulatorias para las empresas, creando un dilema ético en torno a su discurso de responsabilidad social y laboral. Este episodio podría debilitar aún más su liderazgo en un momento crucial, cuando su proyecto estrella de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales enfrenta obstáculos tanto en el Parlamento como en las mesas de diálogo social, ante la reticencia de la patronal.
Mientras la vicepresidenta se enfrenta a un fuerte escrutinio en el ámbito político, las empresas, sujetas a múltiples exigencias de su ministerio, han reaccionado con escepticismo. Fuentes empresariales reconocen que "ya podría haber aplicado en Sumar las exigencias que impone al sector privado", reflejando la incomodidad por lo que perciben como una incoherencia en sus políticas.