La considerable indemnización que podría reclamar Dani Alves por su 'indebida' estancia en prisión: entre 18.000 y 20.000 euros

El caso Dani Alves sigue dando de qué hablar. La reciente absolución del exfutbolista por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que anuló su condena de cuatro años y medio de prisión, ha dejado a muchos sorprendidos. Pero la pelea legal no ha terminado: la Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, por lo que, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre el futuro de Alves. Lo único claro por ahora es que el brasileño pasó 14 meses en prisión preventiva, hasta que reunió la suma millonaria para pagar la fianza y conseguir la libertad provisional en marzo del año pasado. No obstante, la sentencia podría cambiar el rumbo de los hechos, sobre todo en lo que se refiere a la posible indemnización que el exfutbolista podría exigir al Estado como compensación por el daño causado.

Según el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cualquier persona absuelta después de haber permanecido en prisión provisional tiene derecho a solicitar una compensación económica por los perjuicios sufridos.

La indemnización podría variar entre los 12.600 y 23.500 euros, dependiendo del tiempo que se haya pasado en prisión de manera indebida. En su caso estuvo 420 días en prisión, por lo que, también tendría la opción de reclamar por daños a su imagen, honor y lucro cesante, siempre que la sentencia absolutoria sea firme.

Además, desde este viernes, el exfutbolista recuperará el millón de euros que depositó como fianza.

Como veníamos diciendo, las cuantías de las compensaciones reparatorias se calcularía en función de los días que se pasó en la cárcel de forma indebida, así como del dinero que ha dejado de ganar, no solo por estar recluido, sino también por la pena de banquillo.

Ahora el futuro de Dani Alves está en manos del Tribunal Supremo, quien se encargará de decidir si la absolución del TSJC fue justa o si, por el contrario, debe restablecerse la condena. Más allá de la decisión, lo que está en juego es la confianza en el sistema judicial, el derecho de las víctimas a ser escuchadas y garantizar que no haya impunidad en casos de violencia sexual. La resolución final aún puede cambiarlo todo.