La dura crítica a los peajes en las autovías: "Perjudicarán a los usuarios con menor nivel adquisitivo"

En el foco de la opinión pública desde que se anunciase como medida clave para optar a los Fondos de Recuperación de la Unión Europea, el Gobierno ha confirmado esta semana la clara intención de instaurar un sistema de peajes en todas las autovías para 2024. Un plan que acaba con el carácter de gratuidad de las vías públicas de alta capacidad, contra el que numerosas instituciones ya se han situado en contra puesto que "perjudicará a los conductores que tienen menor poder adquisitivo".

La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este pasado martes ha fijado la clara intención del Ejecutivo de instaurar un sistema de pago en todas las carreteras nacionales. Empezando por las autovías, que siempre han sido gratuitas, y siguiendo por las autopistas, que precisamente en los últimos meses están liberando sus tarifas, las puertas se han abierto incluso a las carreteras secundarias bajo la competencia de las comunidades autónomas que serían las que fijarían su propia tarifa.

Un "sistema de tarificación", en palabras del secretario general de Infraestructuras Sergio Vázquez, que rechaza el sobrenombre de "peaje" y que "no generará agravios territoriales", tal y como ha remarcado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Es decir, pensando principalmente en País Vasco y Cataluña, donde la red de autovías y autopistas es mayor, el Ejecutivo busca así una vía para que sus usuarios no paguen más por la amplia cantidad de desplazamientos a otras regiones con menos vías de alta capacidad. Por ello, que desde que se anunciase la intención se dejase caer que se estudian formas de bonificaciones o excepciones para los conductores que más frecuentes estos kilómetros por trabajo, estudios o sanidad.

Facua entiende que los ciudadanos ya pagan por la manutención de las autovías a través de los impuestos que van a los PGE

Pero lejos de entender que este modelo servirá para financiar las deficitarias infraestructuras, muchas instituciones han cargado contra un sistema que "no consideran justo". Así lo ha mostrado Facua quien señala que las carreteras deberían seguir financiándose con los Presupuestos del Estado, donde se recogen los impuestos que los ciudadanos ya pagan.

"Esta solución planteada por el Gobierno consistiría en un auténtico copago o repago, al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos", ha sentenciado la organización.

Además, Facua ha ido más allá en su crítica al remarcar que al ser una tarificación igual para todos, perjudicará más a los conductores con menor nivel adquisitivo. "No se tiene en cuenta criterios de renta o de capacidad económica", incide su comunicado donde se refleja que también damnificaría a los usuarios que "no viven en grandes núcleos urbanos".

No es una clara apuesta por la movilidad sostenible

Por último, las voces más duras con el Gobierno no entienden que se plantee ahora esta medida en un momento en el que no existe una apuesta clara por el transporte público y sostenible.

Pese a que el Ejecutivo siempre ha sostenido que, además de para financiar la red de carreteras, este "sistema de tarificación" serviría para minorizar la emisión de gases de efecto invernadero, desde Facua reflejan que sería más eficaz "apostar firmemente por un transporte público colectivo con infraestructuras suficientes y a un precio asequible como alternativa real al vehículo privado".

Un plan firme que sigue en marcha y del que en los próximos meses se presentarán más detalles. Aún sin un precio oficial, que oscila entre 1 y 4 céntimos por kilómetro, el sistema de viñetas (al estilo de Portugal) parece que será el más adecuado para una medida que acabará para siempre con el carácter de gratuidad de las carreteras españolas.