Así era la Agencia Idea, la caja pagadora que untaba al clientelismo de los falsos ERE

La Agencia Idea, uno de esos 60 entes instrumentales que fue pergeñado por los diferentes gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, y cuyo desbloqueo de ayudas está ejecutando la nueva administración presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla, era a todas luces la caja pagadora de todos los desmanes del 'caso de los ERE'. Se trataba de una caja pagadora, un mecanismo engrasado desde las consejerías de Empleo, con la actuación determinante de la Dirección General de Trabajo, lo que en principio debía servir para respaldar a las empresas con problemas en los años más duros de la crisis económica. ¿Quién pagará políticamente por un caso escandaloso?

Antes, Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), más tarde Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía gracias a la firma de un convenio, Idea se sostenía en el programa presupuestario 31L, conocida popularmente como 'fondo de reptiles' (1.217 millones de euros). Este dinero, procedente de diversos fondos venía transferido de manera nominativa desde la Dirección de Trabajo. Su control se escapaba de la intervención fiscal de Hacienda, y funcionaba como un sistema arbitrario, sin publicidad, sin licitaciones, con designaciones de las ayudas sociolaborales a dedo -y por lo que más tarde se ha ido sabiendo-, transformando el procedimiento de reparto en una tejida red clientelar.

Idea se sostenía en el programa presupuestario 31L, conocida popularmente como 'fondo de reptiles' (1.217 millones de euros)

A tenor de las conclusiones de la sentencia judicial del pasado martes, Idea contaba con el toque maestro de los diferentes directores generales de Trabajo desde el año 2001 hasta 2010, así como con la inestimable colaboración de intermediarios, conseguidores, chóferes, aseguradoras que cobraban mordidas por tramitar expedientes de regulación de empleo, despachos de abogados. En definitiva, una paleta de protagonistas, moradores de una fauna en la que, además de defraudar 680 millones de euros, habitaban intrusos -personas que se declaraban trabajadores de las empresas afectadas por los ERE, pero no eran tales-. También compartían espacio con sociedades fantasma -que no tenían necesidad de expedientes regulatorios-, altos cargos de la Junta, familiares de altos cargos, amigos, vecinos, sindicalistas, afiliados del PSOE, y próximos a la administración andaluza.

En esta etapa, la Junta estuvo presidida por el dirigente socialista Manuel Chaves, a la sazón ministro de Trabajo, ministro de Política Territorial, vicepresidente del Gobierno de España con José Luis Rodríguez Zapatero y, algo más tarde, presidente nacional del Partido Socialista. Solo en el último año de la secuencia estudiada por los tribunales, José Antonio Griñán, uno de los políticos que han recibido mayor condena con seis años de prisión, fue presidente de la Junta a partir de 2009. Claro que el exministro de Trabajo antes había sido consejero de Economía y Hacienda entre los años 2004 y 2009.

Orígenes

Hay que remontarse a la crisis de la drástica caída del precio del cobre, con el consiguiente cierre de un número determinado de minas en Huelva, lo que agiliza una partida presupuestaria de la Junta. Dicha partida debía apoyar a los trabajadores de la cuenca pirítica afectada con ayudas hasta la jubilación. Pero resultó que, la solución a este problema, que había nacido como un mecanismo laxo, sin controles, pasó de ser un mecanismo de ayuda extraordinaria a un mecanismo de ayuda ordinaria, distribuyendo las ayudas de manera arbitraria, incluso a personas que no eran trabajadoras en el sector minero.

El modus operandi de la Agencia Idea tiene sus orígenes aquí. Y es en esas fechas, en 1998, cuando José Antonio Viera es coordinador de actuaciones de la rotura de la balsa de Boliden de Aznalcollar. Dos años más tarde, Viera es nombrado consejero de Empleo de la Junta hasta el año 2004.

El PP interpuso una denuncia por las comisiones ilegales que dos directivos de la empresa municipal exigen a dos empresarios

Sin embargo, la liebre salta para la justicia con una derivada del 'caso Mercasevilla'. En 2009, el Partido Popular interpone una denuncia por las comisiones ilegales que dos directivos de la empresa municipal exigen a dos empresarios, a cambio de ayudas para una fundación. Pero los empresarios graban la conversación que más tarde llega a los tribunales. En ese encuentro, los directivos de Mercasevilla aseguran que "la Junta colabora con quien colabora", poniendo como ejemplos de su particular manera de operar los cursos de formación, las concesiones de licencias, los sindicatos y, los ERE, el tema mollar en cuestión.

Un año después, el comité de empresa de Mercasevilla denuncia que se ha encontrado un intruso que recibirá jubilación sin haber trabajado allí. Se trata del antiguo miembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén), Antonio Garrido Santoyo, para más señas, amigo del sindicalista de UGT, Juan Lanzas, 'el conseguidor'. Según el calendario de primas de adhesión de la póliza, a Garrido se le asignaron unas rentas que ascendían a un total de 441.961,27 euros, a abonar entre los años 2007 y 2035.

El modus operandi

Para gestionar las ayudas sociolaborales de los ERE de aquel periodo, la Dirección General de Trabajo se apoyaba en conseguidores, como Juan Lanza -un verdadero experto en detectar situaciones fraudulentas y en cobrar comisiones a cambio-, o en aseguradoras, como Fortia Vida, que tramitaban prejubilaciones, aunque no tenía ni siquiera licencia para actuar en Andalucía. Algunos de estos sobrebeneficios acabaron en paraísos fiscales como República Dominicana (23 millones de euros de los 98 que pudo recibir Fortia Vida, tres de los cuales pudieron pagarse al Partido Socialista de Cataluña , a cambio de la intermediación, según el testimonio ante el juez del empresario Eduardo Pascual Arxé, actualmente fugado en Burkina Faso).

Despachos de abogados, sindicalistas actuando de intermediarios, o, consejeros de Empleo. Este último caso es del Antonio Fernández que, ocupando este cargo se dio un ERE a sí mismo. Dicho de otro modo, que habiendo trabajado en las bodegas de Jerez, González Byass, hasta 1981, en 2004 le otorga a esta empresa 17,4 millones de euros para un ERE, y al hacer el listado incluye su nombre falsificando su fecha de nacimiento. Desafortunadamente para su bolsillo, el caso explota algunos años más tarde y, los 386.181 euros que tenía pensado cobrar entre 2012 y 2021, vuelven a las arcas regionales.

Según los exvocales de Idea, las ayudas que este organismo gestionaba se aprobaban como un trámite más, sin informes necesarios, y al dictado de la Dirección General del Trabajo.

Susana Díaz apenas ha pedido perdón, y se ha desligado de una etapa que acusa a José Antonio Viera, su primer padrino en política

Quien no pareció enterarse de lo que ocurría con los ERE fraudulentos -ha mantenido a lo largo del juicio- fue Manuel Chaves. Y es que el expresidente de la Junta veraneaba en el chalet que pertenecía a los familiares de un empresario amigo suyo, al que Idea le concedió 3,6 millones de euros de manera ilegal. Es Rafael Blasco Caetano, administrador de Fundiciones Caetano.

Y si Jaén era la zona de influencia del exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, la sierra norte de Sevilla era la otra gran área beneficiada por Francisco Javier Guerrero y José Antonio Viera, con cerca de 60 millones de euros, de los cuales, 34 fueron a recalar al entramado de empresas de José María Sayago y de José Enrique Rosendo. Pero sin duda fue El Pedroso el municipio más subvencionado.

De hecho, fue el hallazgo de una curiosa intrusa en la empresa SOS Cuétara, Victorina Madrid, lo que destapa parte de la trama con la que los dos políticos regaban con dinero a los vecinos de la sierra. Y es que Victorina era la suegra de Javier Guerrero, ama de casa, pero beneficiaria de 198.000 euros sin haber trabajado nunca.

El silencio del PSOE

El caso de los ERE y su sentencia ha provocado un silencio inusitado entre las filas del Partido Socialista. Susana Díaz apenas ha pedido perdón, y se ha desligado de una etapa que acusa a José Antonio Viera, su primer padrino en política después de José Antonio Griñán. Mientras, la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha ensalzado el proyecto político de Pedro Sánchez, recalcando que nació de la "defensa a ultranza de la limpieza y la regeneración" democrática. No obstante, Celáa mantiene que es una sentencia "dolorosa" que "no nos deja indiferentes, a aquellos que hemos compartido y apreciado la larga trayectoria en la vida pública de muchas de las personas afectadas".