Desgaste económico del Estado, impago de impuestos y boicot al Ibex: el independentismo dirigente lo fía todo a la desobediencia civil

La ANC dejó claras sus intenciones en la última Diada, Jordi Sànchez lo dejó caer desde prisión y Toni Comín lo ha reconocido abiertamente y sin ningún tipo de tapujo: la nueva estrategia del independentismo catalán dirigente más ortodoxo pasa por una desobediencia civil que tenga notables consecuencias económicas y que sirva, además, como severa respuesta a la sentencia del procés. Se apela a la población y a su concepto de responsabilidad en vista del marasmo reinante entre los actores políticos soberanistas.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, instó el pasado 11 de septiembre a los catalanes a un boicot generalizado a las empresas del Ibex glosando el concepto de "consumo estratégico". "Los consumidores pueden decidir libremente cambiar a alternativas de consumo en sectores regulados donde los oligopolios y el Ibex 35 tienen mucho poder", dijo. Una apelación que va en línea con la estrategia seguida en los últimos meses con la Cámara de Comercio de Barcelona una vez la Assemblea ganó las elecciones internas.

El expresidente de la entidad y diputado en prisión preventiva por el procés Jordi Sànchez fue más allá con el concepto de desobediencia civil y lo llevó a los impuestos. En una entrevista por escrito a TV3 y publicada el pasado 13 de septiembre, Sànchez llamó a 300.000 catalanes a dejar de pagar sus tributos -se entiende que los ni los cedidos ni los propios de la comunidad- para "crear un problema al Estado". Fue en esta tesitura en la que el dirigente de JxCat deslizó dos palabras que realmente son el quid de la cuestión: la asunción de "riesgos personales" por parte de los ciudadanos que quieran la República catalana.

Sobre esta posición ciudadana de riesgo pivota el argumentario seguido por el exconseller de ERC Toni Comín -ahora en los dominios de Carles Puigdemont y distanciado de los de Oriol Junqueras - en una demoledora entrevista publicada esta semana por El Periódico en la que llega a pedir a los ciudadanos que quieran la independencia que estén dispuestos a asumir un riesgo económico o incluso perder su empleo con tal de provocar un "desgaste económico del Estado" que impulse sus reivindicaciones soberanistas.

Bajo la premisa de que "Cataluña sigue siendo una de las locomotoras económicas de España", Comín recoge el testigo de Paluzie y Sànchez al defender que "si la locomotora se para, la economía española tiene problemas". En la entrevista Comín reconoce que este 'chantaje' económico es "un arma importante y poderosa al servicio de nuestro proyecto político". También admite a regañadientes que esta nueva vía deriva del fracaso del 'choque de trenes': "La carta del choque institucional ya la probamos el 27-O y ha permitido avanzar, pero no culminar el camino".

El 'modus operandi' ahora sería "un proceso sostenido de movilizaciones. Un tipo de movilización nuevo, sostenido, intenso, que vaya al desgaste material del Estado. Que tiene costes para la gente de Cataluña. Costes económicos. No penales", explica Comín desde Bélgica, donde se encuentra huido de la Justicia española.

Preguntado por si está hablando de costes laborales para la ciudadanía independentista, llegando al punto de jugarse el empleo, Comín asiente y justifica que "los autónomos no perderán su nivel de vida" y que los asalariados tendrán que tirar de la máxima de que 'cada palo aguante su vela': "Lo que ha de decidir la gente que quiere la independencia de Cataluña es si reconocemos la realidad por dura que sea, por injusta que sea. Lo que estoy diciendo ¿es deseable? No. ¿Es justo? Para nada. Pero el precio de la independencia no lo ponemos los catalanes, lo pone el Estado."

Inquirido por si él estaría dispuesto a perder su empleo por forzar al Estado a celebrar un referéndum, Comín evita responder directamente y se escuda en que él ha "pagado un precio personal muy alto". Además, vuelve a dejar la responsabilidad de hacerlo en cada cual: "Un paro largo puede ser que tenga riesgos grandes en términos materiales para la gente. La gente tiene derecho a no cooperar. Es un principio básico de la desobediencia civil y la lucha no violenta. No tengo por qué cooperar con mi enemigo o mi adversario".

Cuando se le plantea las dificultades que pueden surgir con ese 'plan' y la contestación que podría tener por parte de las distintas patronales, Comín vuelve a fiarlo todo a la voluntad de esa desobediencia: "Si usted se queda en casa, no puede venir un mosso a obligarlo a ir a trabajar. ¿Un mosso puede obligarte a contratar a Endesa, porque el Estado quiere que tengamos todo con Endesa y Telefónica?".