Vivienda, un plan contradictorio con promesas ¡a veinte años!

"Gestión, gestión y gestión". La frase quizá la atribuya a alguno de los ex presidentes del PP como Rajoy ó Aznar. Pero es de Sánchez y fue pronunciada en un reciente mitin para presumir de su magnífica gestión económica. Después de grandes reformas como la laboral, la subida del SMI en más del 60%, la creación de los fijos discontinuos o el incremento del empleo público en el 50%, así como de las cotizaciones sociales gracias a una reforma de las pensiones insostenible, el presidente pone el broche de oro a su gestión con la Ley de Vivienda, con el objetivo de levantar el quinto pilar del Estado del bienestar.

Pero antes de prometer cualquier cosa debería asesorarse ó leerse bien los papeles, porque anunciar la creación de 50.000 viviendas de alquiler con los inmuebles de la Sareb, el antiguo banco malo, es un acto de fe. Un tercio ya están ocupadas, otro tercio son terrenos baldíos por desarrollar y del otro tercio largo restante, sólo 9.000 de 21.000 están en disposición de salir al mercado. Lo peor es que la mayoría de estos inmuebles está en zonas destensionadas, con escasa demanda, lo que no resolverá el problema de la vivienda en nuestro país. Hay Ayuntamientos a los que Sareb ofrece gratis promociones a medio terminar, que rehúsan hacerse cargo de ellas por falta de recursos.

El anuncio del líder de los socialista se enmarca dentro de un plan para incrementar del 3 al 20% la vivienda oficial en 20 años. Sánchez dio a conocer en vísperas de los comicios autonómicos y municipales y a menos de seis meses de conocer si será reelegido presidente para un tercer mandato, un programa de vivienda para las próximas cinco legislaturas. ¿Es que piensa quedarse hasta 2043 en el Palacio de la Moncloa?

Es de chiste presentar un programa de vivienda, que tardará en completarse dos décadas, cuando en sus seis años en La Moncloa, los pisos protegidos casi se cuentan con los dedos de la mano.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con la mejor voluntad del mundo presentó sendas propuestas para sacar al mercado 100.000 viviendas en alquiler y otros cien mil para su venta a precios asequibles. Del primer paquete, prácticamente sólo los 10.000 pisos del Fondo Social acordados con los bancos está en marcha, el diez por ciento Una iniciativa similar con los grandes fondos inmobiliarios del sector concluyó en fracaso. Hay otras 24.000 casas se construirán en colaboración con ayuntamiento y gobiernos regionales y 15.000 más con el SEPE, que sólo Dios sabe cuándo estarán disponibles, dada la complejidad de los trámites administrativos en nuestro país.

Alrededor de otras 30.000 viviendas sociales estaba previsto que fueran aportadas por la Sareb, una cifra que Sánchez casi duplicó por arte de birlibirloque hasta las 50.000 en el mitin de Valencia.

Cómo al presidente (ni a nadie) le salían las cuentas, el pasado miércoles en el Congreso anunció 4.000 millones de fondos europeos para levantar otras 43.000 viviendas con fines sociales. La medida provocó la reacción airada de las promotoras, que la califican de irreal. En primer lugar, porque las condiciones a las que las administraciones ofertan este tipo de vivienda en España son leoninas, casi imposibles de cumplir por las empresas. Las licitaciones no recogen el incremento en el coste de materiales y de mano de obra en el sector.

Pero es que, además, ni siquiera se sabe en qué condiciones van a llegar las ayudas europeas. Sánchez no se refirió a las subvenciones a fondo perdido de los Next Generation, sino a la adenda de este programa, que ofrece a España unos 84.000 millones en créditos baratos. El problema es que Calviño no pidió los préstamos hasta hace unos meses, después de que el BCE situara los tipos en el 3,5%.

Como señaló elEconomista, los préstamos llegarán al doble de interés que los obtenidos por Grecia ó Portugal, que lo solicitaron hace dos años, nada más arrancar el programa. El tipo de referencia será el de la UE, mejor que el español. Fuentes oficiales estiman que podrían darse al tres por ciento, a lo que habría que añadir un punto porcentual para el ICO y los bancos encargados de concederlos, con lo que estarían a disposición de las empresas en torno al cuatro por ciento. Una tasa poco competitiva y que no compensa los riesgos, según medios empresariales.

Una vez más, Sánchez construye castillos en el aire en un tema muy complejo. El sector de la construcción y promoción de vivienda es uno de los más castigados por la guerra de Ucrania. La construcción de nuevas casas se derrumbó en la última década desde más de 700.000 anuales a cerca de las 100.000 actuales por falta de suelos disponibles y los problemas de financiación.

Si vamos a la vivienda protegida, la situación es alarmante. Cayeron de las 80.000 en los años del boom en 2007-2008 hasta casi su inexistencia. El año pasado se entregaron menos de 10.000.

La parálisis afecta a todas las administraciones, independientemente de su color político. Los gobiernos de Rajoy tampoco sacaron viviendas sociales y el Plan Vive de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso de 15.000 viviendas está abocado al fracaso, porque los precios de las licitaciones son imposibles de cumplir por las promotoras.

El incremento de los costes encarece los inmuebles y expulsa a los compradores del mercado, sobre todo a los jóvenes. La propuesta del partido popular de Alberto Núñez-Feijoo que ofrece mil euros a cada joven para emanciparse y, sobre todo, el aval del 15% de la deuda, va en la buena dirección, pero es insuficientes. Resucitar las deducciones de vivienda que tanto éxito tuvo en los ochenta y noventa parece deshojado, dada la delicada situación de las finanzas públicas y la burbuja a la que condujo.

El Gobierno busca captar precisamente el voto de los jóvenes con la Ley de Vivienda, que se tramita en el Congreso. La norma será controvertida porque impondrá a todas las autonomías un índice de revalorización de los alquileres a partir de 2025 por debajo de la inflación, que ha encargado al INE.

Limitar los precios, según las experiencias cosechada en otras grandes ciudades como Barcelona, Berlín ó París, conduce a un alza de los precios, ya que muchos propietarios prefieren poner en venta sus inmuebles en lugar de alquilarlos, y más en nuestro país, donde la ausencia de una regulación efectiva favorece las ocupaciones.

En grandes ciudades como Madrid, la oferta se está reduciendo también por las incertidumbres, lo que provoca incrementos de doble dígito en los alquileres en los últimos años. Para contrarrestarlo, la Ley ofrece deducciones de hasta el 90% del IRPF a los propietarios que al cambiar de inquilino rebajen el precio ó lo alquilen a menores de 35 años. una iniciativa insignificante.

Hasta hace poco tiempo, los responsables del Ministerio de Transportes y muchos socialistas reconocían en público que limitar los alquileres no era la solución. Todo el cambio es fruto de una nueva cesión ante las demandas de Podemos por orden de Sánchez, que necesita mantener el gobierno unido como sea hasta su llegada a la Presidencia europea y la celebración de los comicios.

Prometer un incremento de la oferta pública de alquileres y a continuación topas sus precios para restringir la oferta son medidas contradictorias, es como sorber y soplar a la vez, el esfuerzo será inútil.

La falta de vivienda a precio asequible es un problema global, común a las grandes urbes. En España, llevamos más de una década de inacción, después de varias décadas de políticas erróneas y resolverlo en un par de días se antojan una aventura equivocada.

Los socialistas cargan contra los populares por promover la especulación y liquidar el stock de pisos oficiales con su traspaso a fondos inmobiliarios. Pero las culpas son compartidas. Ningún Gobierno desde la democracia se preocupó de tener un parque de viviendas públicas para alquilar a las clases más vulnerables. Todos los planes de vivienda de protección oficial (VPO) facilitaron su venta a terceros, después de veinte o treinta años tras su adquisición. Una gran parte de estas viviendas jamás cumplieron su función social, porque acababan en manos de familiares o de amigos de las inmobiliarias para alquilarlas en el mercado negro. Se echa en falta un plan a medio y largo plazo, con medidas de éxitos contrastadas y con un objetivos claro y posible de alcanzar. El plan de Sánchez huele a iniciativa preelectoral, es contradictorio y sin resultados efectivos.