La triste pensión del 'yayo-boomer'

Nuestro sistema de pensiones está formado por unos parámetros que actúan como el mecanismo de un reloj antiguo al que los políticos dan cuerda para evitar que se pare. Pero con cada giro, la cuerda se va endureciendo hasta llegar al tope donde al dar la siguiente vuelta se pasarán de rosca, rompiendo el mecanismo. Nadie quiere pasarse de vuelta por el castigo electoral que conlleva y todos participan en el juego de la cerilla con cada ciclo de gobierno, donde se la pasan al siguiente, mientras se va consumiendo el fosforo y la cuantía de la pensión de los nuevos jubilados.

A pesar de que los responsables políticos llevan años negando la insolvencia de nuestro sistema de pensiones, todos sabemos que no es sostenible desde hace tiempo, aunque se maquille con préstamos y transferencias del Estado. Quienes defienden el modelo, por razones electoralistas, son los que promueven cambios que van a afectar a los futuros jubilados, en especial a quienes más han contribuido, por aquello de la solidaridad intergeneracional.

El debate sobre la reforma de nuestro sistema de pensiones viene de lejos. En los 80 se modificó el periodo de cómputo desde los 2 años a los últimos 8, además de ser necesarios 15 años de cotización frente a los 10 anteriores. Cada cierto tiempo se van endureciendo las condiciones de acceso a la pensión mediante nuevas vueltas de tuerca a los parámetros del sistema. Las modificaciones en 2011 y 2013 nos han llevado a la situación actual de jubilación a los 67 años en 2027 con 38,5 años de cotización, así como los 25 últimos años de cotización para el cómputo de la pensión en 2022. Todo ello con una cuantía inicial que se va reduciendo en cada cohorte por la mayor longevidad.

El déficit acumulado desde el año 2010 es superior a los 160.000 millones de euros y la deuda actual del sistema es de 99.185 millones, todo ello a pesar de las transferencias que recibe cada año del Estado, presupuestadas en 2022 por importe superior a los 36.000 millones, que suponen un 16,3% más que el año anterior y de los que la mitad son fondos de apoyo al equilibrio financiero del sistema. Estos datos muestran que el sistema se sostiene, cada vez más, con impuestos, lo que golpea a uno de los pilares básicos, la contributividad del mismo, que implica la existencia de unos derechos adquiridos que están mermándose.

Sabemos desde hace tiempo que el Gobierno tiene el compromiso con la Comisión Europea de reformar nuestro sistema de pensiones para hacerlo sostenible a medio plazo, y debe hacerlo de forma urgente si queremos recibir los próximos desembolsos de los fondos de recuperación. La cuestión es que no se puede sostener un edificio si los pilares principales se debilitan con el paso del tiempo y las inclemencias del entorno. Lo único que se puede intentar es apuntalarlo una y otra vez hasta que finalmente colapse.

La meta es conseguir los desembolsos europeos y para ello debemos tener claro el doble objetivo que se persigue, el económico, reducir el gasto futuro en pensiones ante una avalancha de futuros jubilados de la generación baby-boomer y frente a una pirámide poblacional que se invierte, unos salarios bajos y precarios y un paro estructural muy elevado. Y el político, hacer todo ello, optimizando el impacto electoral en un año clave como 2023. Por ello, se premia a los actuales pensionistas con la revalorización al IPC o superior si son pensiones no contributivas porque representan 9 millones de votos, mientras que se penaliza a los futuros porque el impacto electoral está mucho más limitado y nuestra memoria suele ser de pez.

Por ello, después de aumentar las cotizaciones a los autónomos por ingresos reales y de subir un 0,6% las cotizaciones de los asalariados, las dos últimas ocurrencias son ampliar a 30 los años para el cálculo de la pensión, eligiendo los 28 mejores y destopar las bases máximas progresivamente, hasta 2050, aumentándolas más que la pensión máxima.

En relación a la primera, numerosos estudios demuestran que ampliar el periodo de cómputo reduce la cuantía de la pensión. El Banco de España estima que extender el periodo de cálculo de los 15 a los 25 años reduce la pensión inicial en un 5% y hacerlo de los 25 a los 30 años la reduce en un 8,2% adicional, mientras el descarte en años, sirve para amortiguar la caída y para homogeneizar las cuantías de las pensiones.

En cuanto a la segunda, en los últimos 15 años, la base máxima de cotización ha aumentado un 50% mientras que la pensión máxima lo ha hecho en un 30%. Es decir, que en 2007 la pensión máxima era el 78% de la base máxima y en 2023 será el 68%, es decir, que el sistema es un 10% menos contributivo y manteniendo esa tendencia, en 2035 sería el 60%, en 2040 el 57% y en 2050 el 50%.

Así, la nueva ocurrencia de incrementar esta base un 30% hasta 2050, sin hacer lo propio con la cuantía de la pensión, penaliza a muchos baby-boomers, rompiendo el criterio de solidaridad intergeneracional y reduciendo la tasa de sustitución hasta el 50% del último salario, es decir, cambiando las reglas del juego y recortando la prestación de quienes han trabajado y contribuido durante 40 años. Un recorte que se agudizará en la medida que se vaya endureciendo los cambios paramétricos.

Si a todo esto añadimos que las pensiones no contributivas, pagadas vía impuestos, crecen a mayor tasa que las contributivas, encontramos que cada vez hay menores incentivos a cotizar y muchos más a la búsqueda individual de mecanismos de ahorro previsional, que no todos pueden permitirse.

En definitiva, que estamos pasando de un sistema contributivo a uno impositivo, donde la cuantía de la pensión guarda, cada vez, menos relación con las cotizaciones realizadas en la vida laboral. Además, viendo los cambios históricos, es muy probable que, cada 5 años, se sigan apretando las tuercas de este barco que se hunde en vez de construir un nuevo sistema sostenible para los próximos 30 años copiando o mejorando los mejores modelos de otros países. Si no se hace, los jóvenes tendrán que jubilarse a los 75 años y cotizar 50 años para recibir una pensión digna.