Sin dinero para subvencionar gasolina, luz y gas en 2023

El Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló hace unos días en un discurso ante el cuerpo diplomático europeo que "una parte importante de nuestra prosperidad se ha basado en la energía barata que venía de Rusia y en los negocios con China".

¿Cómo resolveremos este problema, si ni una ni otra cosa serán posibles en el futuro? La mayoría de los gobiernos se han lanzado a una loca carrera del gasto para paliar las penurias a corto plazo de sus ciudadanos en vez de resolverlas ó construir una alternativa. En este sentido, no hay gran diferencia entre las decisiones tomadas por la primer ministra británica, Liz Truss, ó Pedro Sánchez, aunque éste eche la culpa de todo al neoliberalismo.

Truss redujo en 58.000 millones los impuestos, incluido a las clases más adineradas, para compensarlas por el encarecimiento del coste de la vida y la caída de ingresos de empresas y familias. Sánchez dispara el gasto público en un intento desesperado por contrarrestar los efectos de la crisis sin ir al origen del problema para corregirlo.

La Unión Europea está cruzada de brazos. Úrsula von der Leyen es incapaz de arbitrar un acuerdo siquiera para poner un tope a las compras de gas ruso ó armar una plataforma para la adquisición unitaria de este hidrocarburo de cara al invierno.

Las políticas británica y española conducen a la misma meta por diferentes caminos: el incremento desmesurado de la deuda y de los déficit públicos. Si acaso la británica será más efectiva a medio ó largo plazo, porque la bajada de los impuestos impulsará la actividad, mientras que aquí se producirá el efecto contrario. Además, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no va a tener suficientes ricos para financiar sus políticas sociales, como ya se ha visto.

El impuesto de solidaridad para los patrimonios superiores a los tres millones anuales recaudará sólo 1.500 millones mientras que el paquete de medidas anticrisis aplicado hasta ahora multiplica por más de veinte los costes, hasta 35.000 millones. ¿Son sostenibles estas medidas?

La respuesta es no. Los economistas culpan a los bancos centrales de la inflación. La Reserva Federal americana y el BCE mantuvieron el flujo del dinero barato mientras que los precios se disparaban. Pero también son responsables los gobiernos, que sostienen unas políticas fiscales expansivas que alimentan el alza de los precios.

El expresidente americano, Donald Trump, entregó más de un billón de dólares en cheques ciudadanos, que se prolongó mucho más allá de la pandemia, contribuyendo al alza de la inflación. La UE aún mantienen activa la cláusula de escape para incumplir el objetivo de déficit del 3%.

La solución instrumentada por el canciller Olaf Scholz ante la carestía de gas para este invierno fue aprobar un paquete de ayudas por 200.000 millones, que ha levantado ampollas en el resto de socios europeos. Mientras, la reforma de la tarifa eléctrica para hacerla menos dependiente del gas sigue en el aire, al igual que el cierre de nucleares.

Los problemas se multiplican en países como el nuestro, sin el pulmón financiero suficiente para continuar con el tren de gasto de los últimos años y con una deuda y un déficit público en niveles récord.

Un estudio con la firma del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, uno de los think tank más prestigiosos, alertaba esta semana que si se compara el proyecto de Presupuestos de 2023 con el de 2018, el período de Sánchez, los ingresos públicos crecieron en 61.875 millones, mientras que los gastos lo hacen en 78.930 millones (unos 17.000 millones más), lo que arroja un desequilibrio de 50.000 millones anuales.

Los números rojos de Fedea fueron ratificados a comienzos de semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pronosticó un déficit público por encima del 4% hasta 2027.

El FMI constata así que el desajuste estructural es un punto superior al objetivo en suspenso por Bruselas, gracias a decisiones como subir las pensiones ó la renta mínima vital en el 8,5%, al contrario de países vecinos más pobres como Portugal, que prevén terminar 2023 con un déficit inferior al 1%.

Sánchez y Montero practican una política de pan para hoy y hambre para mañana. El Gobierno se está quedando sin margen para sostener sus espléndidas políticas sociales. Mientras que en el periodo 2018-2023, el PIB creció un promedio del 1%, los ingresos se dispararon el 15%o y los gastos el 18%, según Fedea.

Hacienda prevé recaudar este año unos 244.000 millones, con un alza del 9% sobre el ejercicio anterior gracias a la inflación. Montero estima que el próximo ejercicio los ingresos fiscales subirán el 7%, hasta 262.781 millones, lo que deja un margen de casi 19.000 millones.

El papel ya se sabe que lo aguanta todo. Con un crecimiento de la economía a la baja (el FMI redujo al 1,2% el PIB para el año que viene), y una inflación en la mitad de este ejercicio, empiezan a surgir voces que apuntan a que el incremento de la recaudación fiscal será cero o muy cercano a la nada el año que viene. Y más después de que Bruselas paralizó los fondos Next Generation por falta de transparencia.

¿Cómo piensa financiar el Gobierno, el paquete anticrisis, si el año pasado costó la friolera de 15.000 millones, a los que habría que añadir los 3.000 aprobados el martes en el Consejo de Ministros? Va a resultar como el misterio de la Virgen de Fátima, un milagro.

La tabla de salvación a la que se agarran fuentes oficiales es a que la recaudación en 2022 será mucho más alta por la inflación. La sitúan hasta en 20.000 millones, lo que daría para seguir con el ritmo de gastos. ¿Y qué pasa si la crisis se alarga más de un año ó se incumple los ingresos con un último trimestre tan complicado? Que Dios no coja confesados.

La libra se desplomó tras la potente rebaja fiscal anunciada por Truss y el rendimiento del bono a diez años alcanzó el 5%, obligando al Banco de Inglaterra a intervenir para salvaguardar los planes de pensiones de millones de ciudadanos británicos. El cargo de la primera ministra pende de un hilo a menos de cien días de su reelección, el período de gracia que se debe de dar a cualquier gobierno.

La situación española no es muy diferente, con unos tipos que escalarán hasta el en torno del 4% a finales de 2023, una deuda por encima del cien por cien del PIB como en Reino Unido y un déficit estructural del 4%, los mercados exigirán un ajuste del gasto en cuento los ingresos públicos flaqueen y la crisis profundice.

El escudo del Banco de Inglaterra tranquilizó a los mercados durante unos días, pero Truss se vio obligada a cesar a su ministro de Economía tras el ultimátum del gobernador de que dejaría de comprar deuda el lunes. El nuevo titular de Economía, Jeremi Hunt, tendrá que rectificar sus planes y ofrecer una senda fiscal sólida para recuperar la credibilidad y evitar un batacazo de los mercados de deuda la próxima semana.

Varios expertos empiezan a advertir de que el mecanismo de ayuda que devolvió la tranquilidad a las primas de riesgo de los países del Sur de Europa hace unas semanas se ha quedado cojo. El BCE aún no ha aclarado las normas que exigirá a los gobiernos para ganarse su protección.

En cualquier caso, éstas pasarán por la austeridad fiscal, como ocurrió con Zapatero. El tiempo del gasto sin control se agota y ni Sánchez ni Montero se han enterado aún.

La tentación populista de Sánchez es muy alta en un año en que se juega su reelección y la hegemonía socialista en autonomías y ayuntamientos. Rememorando a Luis de Góngora: "Ande yo caliente y ríase la gente. Traten otros de los gobiernos del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequilla y pan tierno, y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente".

El Gobierno está en apuros, no tendrá más remedio que suprimir ó aminorar la subvención de 20 céntimos a las gasolinas ó las reducciones generalizadas del IVA del gas y la electricidad. Por eso esperará hasta el último momento, noviembre, para decidir si continúa con estas y otras medidas.

PD.- El otro hándicap para la economía mundial es China, que la próxima semana celebra el XX Congreso del Partido Comunista para reelegir a Xi Jinping al frente de sus designios el próximo quinquenio.

El mandatario chino entrará en los libros de historia con la renovación para un tercer mandato, que lo sitúa al mismo nivel que Mao Tse-Tung, inspirador de la revolución, ó Deng Xiaoping, el arquitecto de la china moderna. Pero la realidad es que Xi Jinping ha metido la pata en varios frentes a la vez.

Su política sanitaria del Covid cero ha hundido el crecimiento y sembrado el descontento entre la población; la crisis inmobiliaria, con caídas de precios del 30%, extiende la pobreza entre decenas de millones de aspirantes a mejorar su estatus social y, por último, sus restricciones a las empresas tecnológicas, unido a la política de alianzas con el presidente ruso, Vladimir Putin, generan la desconfianza de Occidente.

La última bofetada, la recibió el viernes pasado del presidente Biden, que prohibió la venta a Pekin de cualquier producto fabricado con componentes de alta tecnología americana. China es hoy un gigante tambaleante con pies de barro. Su crecimiento, según el último pronóstico del FMI se quedará en el 3,5% el año próximo, punto y medio por debajo de las aspiraciones de Xi Jinping, un descalabro en sus objetivos y un freno irreversible para el resto del continente asiático y del planeta.