Una respuesta legítima de la banca

El presidente Pedro Sánchez intervino ayer en el debate sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos, que grava las hipotecas. El Supremo ya dejó cerrado el conflicto en lo que respecta a los créditos en vigor, puesto que reafirmó la normativa aplicada durante dos décadas, que exige esa responsabilidad a los prestatarios.

Por ello, Sánchez quiere actuar sobre las hipotecas futuras y anuncia un decreto-ley que hará recaer la responsabilidad sobre los bancos. El Gobierno tiene plena competencia para promover ese cambio legislativo, máxime ahora cuando la transposición de la ley hipotecaria europea está todavía tramitándose.

Es más, puede decirse que este paso que da el Ejecutivo contribuirá a la ya ineludible aclaración del modo en que deben repartirse los gastos hipotecarios entre entidades y clientes. Si las reglas del juego quedan definitivamente establecidas, será posible acabar con la excesiva litigiosidad que socava este mercado.

Ahora bien, lo que Sánchez no puede hacer es dictar la política comercial de los bancos. Si estas empresas tienen que hacer frente a un nuevo gasto (como ya asumen desde hace semanas) en su negocio crediticio, cuentan con el derecho de repercutirlo sobre sus clientes. Para ello, tienen varias vías ante sí. Es posible que demanden una mayor vinculación a los prestatarios mediante la adquisición de tarjetas o fondos.

También puede haber entidades que se decanten por recurrir a nuevas comisiones o recuperar otras inactivas desde hace tiempo (como la propia de la apertura del préstamo). En cualquiera de los dos casos, la banca ofrecerá una respuesta plenamente legítima a un aumento de costes que no puede evitar y que llega en un momento delicado, cuando la actividad crediticia apenas crece.