Deflactar el precio no soluciona el grave problema energético

La promesa arriesgada del presidente del Gobierno de que acabaríamos el año con el precio de la electricidad en niveles de 2018, puede darse por incumplida a unos pocos días de acabar 2021.

No sabemos si el presidente era consciente del enorme riesgo que corría al afirmar, con la contundencia con la que lo hizo, semejante estimación. Pero lo que sí es evidente es que no caben excusas ni 'cortinas de humo' (como es el caso de 'descontar la inflación') para intentar ocultar el quebranto de una promesa políticamente innecesaria desde su mismo origen, y económicamente suicida dada la enorme inestabilidad de los mercados energéticos globales.

Los economistas solemos denominar esta actitud de los políticos como de 'exceso de confianza'. Éste es, sin duda, un caso claro, pero al mismo tiempo, es un reflejo fiel del estado de la política energética en España. No sólo el Gobierno español, también otros gobiernos europeos, han actuado con las herramientas que tenían más a mano para intentar amortiguar los precios de la energía, especialmente por el lado fiscal, esperando que el 'mercado' hiciera lo posible por su lado y también la propia Unión Europea. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro están yendo por el camino deseado. Más bien al contrario. Mientras los mercados de gas y electricidad marcan máximos casi de manera diaria, los gobiernos europeos y la Comisión Europea no logran una estrategia conjunta que les permita 'ganar' poder de mercado a la hora de aprovisionarse de materias primas energéticas, mostrando una debilidad creciente y preocupante hacia el enemigo geopolítico número uno de Europa actualmente que es Rusia.

Dada esta situación y la dificultad de utilizar el recurso favorito de los dramaturgos de la Edad Media como era el 'Deus ex machina' en forma de una solución repentina global, el 'exceso de confianza' del Gobierno Sánchez debe girar urgentemente hacia una política de reformas, empezando por el mix de generación, la política de aprovisionamiento de materias primas críticas, una apuesta decidida por los contratos a largo plazo y la búsqueda de sinergias con sectores productivos que pueden ser al mismo tiempo proveedores de soberanía energética como la industria o el sector primario.

Mientras que esto sucede –será cuestión de tiempo si sigue escalando la tensión en los mercados europeos– el presidente Sánchez está intentando minimizar el impacto político y social del incumplimiento de una de las promesas más sonoras de los últimos meses. A las puertas de que miles de consumidores vean modificadas las condiciones de sus tarifas fijas (son los que menos han notado la escalada de precios en los últimos meses), las encuestas de opinión reflejan la preocupación creciente por la inflación, la cual se deriva en parte por el encarecimiento de la energía.

Para intentar eludir el debate que impone la realidad, mezclando dos ámbitos diferentes Sánchez en su comparecencia en el Senado se reafirma en su promesa de que la electricidad cerrará 2021 con un nivel de precios similar al de 2018, pero añadiendo la coletilla 'descontando la inflación'. ¿Es esto cierto? Porque si fuera cierto, podríamos estar ante un caso de quiebro político con cierta brillantez, algo que no es ajeno a este presidente en los más de tres años que lleva gobernando España.

Sin embargo, no es cierta ni la afirmación primigenia ni tampoco habiéndole añadido lo de 'descontada la inflación'. Es probable que el presidente y su equipo hayan hecho la siguiente cuenta: si los precios energéticos en 2018 fueron altos con una tasa de inflación general baja (1,1%) y los precios energéticos en 2021 son más altos pero con una tasa de inflación general más alta (5,5%), si deflactamos el precio de la energía por la inflación general, lo que saldrá es que el 'precio real' de la energía hoy es igual o más bajo que en 2018.

Un cálculo de estas características (como muchas cosas que son aparentemente lógicas en Economía) encierra una trampa que no es evidente para el ciudadano de a pie. Sin embargo, para el economista es muy evidente: hacer eso es como si fueran los precios de la energía y las tasas de inflación totalmente comparables en 2018 y en 2021, olvidando lo que ha pasado tanto antes como después en la serie histórica.

Por ello, si lo que queremos es comparar el dato de precios energéticos de 2018 con el de 2021 descontando la inflación general, primero hay que obtener una serie histórica homogénea en números índice (base 100) que haga plenamente comparable cualquier dato. Y después, es necesario deflactar comparando índices (el índice de precios energéticos y el índice de precios general de consumo, todos ellos calculados por el INE) con respecto al año base. Haciendo estos cálculos se obtiene que el 'precio real' de la energía en el mes de noviembre de 2021 (125,02) es muy superior al 'precio real' de la energía en el mismo mes de 2018 (108,86). Si en vez de datos puntuales se hace la media anual, también es más alto el de 2021 (112,89) que el de 2018 (110,50), a falta de unos días para acabar el año y un IPC general probablemente más elevado en diciembre (5,8% según la estimación de Funcas).

Ni siquiera usando artefactos técnicos como éste es sostenible la afirmación del Gobierno. Incluso aunque fuera verdad, usar el término 'deflactar' o 'corregir por inflación' es un arcano para una parte no menor de la sociedad española. Según la última encuesta del Banco de España de competencias financieras, el término 'inflación' es desconocido o no es correctamente aplicado por el 42% de los encuestados, lo cual indica hasta qué punto existe un problema tanto de educación financiera como de riesgo de que los gobernantes usen expresiones que no son correctamente utilizadas por la ciudadanía.

En suma, es necesario reconocer el fracaso de la política energética y ponerse a construir una nueva estrategia para frenar los precios energéticos y, lo que es más importante, el impacto negativo que se está produciendo en las finanzas familiares.