¡Apaga y vámonos!

En línea con en casi todas sus decisiones y su forma de actuar este gabinete del sanchismo donde dijo "digo" ahora dice "Diego". Y ni el presidente del Gobierno, ni el inoperante ministro de Consumo, Alberto Garzón, ni la consorte de Igualdad se han pronunciado sobre la brutal subida del precios de la electricidad con que nos han asaltado en los albores del verano, en contraste con ese rasgar de vestiduras cuando lo utilizaban como arma arrojadiza contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Recordar como el entonces aspirante Sánchez tildaba de "fracaso" la reforma eléctrica por una subida cinco veces inferior a la que ahora él propicia. Y como los números no engañan, sólo hace falta echar la vista atrás para comprobar que, hace ahora tres años, cuando la moción de censura que llevó al sanchismo a La Moncloa el precio de la luz estaba en torno a los 55 euros el megawtio, mientras que hoy llega ya a 99 euros. Prácticamente el doble y en proceso de escalada.

Y frente a eso el gobierno en lugar de ocuparse en elaborar un proyecto serio y realista de política energética se dedica a justificar una subida de precios confusa y abusiva, en un país donde el coste energético que soportan los domicilios y la industria duplica la carga financiera de Francia o Alemania, en el que la factura del consumidor medio ha subido un 22 por ciento sólo en lo que va de año y en el que, como acertadamente apunta mi compañero y amigo Juan Berga, el problema no es la discriminación horaria sino los componentes de la estructura del precio de la electricidad, fundamentalmente la producción, el peaje de acceso a la distribución, el coste de la neutralización de emisiones de CO2 y los impuestos.

Es aquí donde el Gobierno tendría en su mano rebajar sustancialmente la tarifa eléctrica que pagan los consumidores porque el 60 por ciento del precio de electricidad en España son impuestos, especialmente el IVA que aquí es del 21 por ciento mientras que otras grandes economías de la UE como Alemania, Francia o Italia recaudan un impuesto general sobre el consumo de sus ciudadanos del 19, 20 y 10 por ciento, respectivamente. Reducir las contribuciones que reciben las eléctricas por las nucleares y la hidráulica que propone ahora el gobierno es sólo una entelequia porque las energéticas ya han avisado que eso producirá un desvío del alza de los precios hacia el petróleo y el gas.

Y a todo ello hay que sumar la peculiar forma de calcular la tarifa, el modelo de subasta, donde el precio de toda la energía es la de la última, siempre la más cara, que entra al mercado.

Pero el impacto de este aumento desmedido de la tarifa eléctrica va mucho más allá de su repercusión en los hogares porque va a producir un importante efecto inflacionista al obligar a las industrias, las pymes y los autónomos a repercutir en sus precios al consumo el aumento de sus gastos de producción por la subida de la electricidad. ¿O es que piensa el Gobierno que las industrias van a trabajar de noche o la hostelería apagará las cafeteras o las planchas a partir de las 10 de la mañana? Eso además de desincentivar las inversiones extranjeras alarmadas por la inseguridad regulatoria.

Decía entonces el citado ministro Garzón cuando sólo era coordinador general de Izquierda Unida que "el gobierno podría intervenir en los precios de la luz, pero prefiere dejar a las eléctricas enriquecerse", para apostillar que "si el Gobierno lo consiente, será cómplice". Pues hoy el Gobierno, el consentidor y el cómplice es él, junto a sus compañeros en el Consejo de Ministros.

Y para más INRI no sueltan a la vicepresidenta Carmen Calvo, que cada vez que habla es candidata al Guinness del disparate, para decirnos que lo importante nos es lo que cuesta poner la lavadora sino quien pone la lavadora. Claro que ella seguro tiene una empleada, con "A" de mujer, del hogar que se la pone. Con esa capacidad intelectual en el Gobierno y a estos precios sólo nos queda decir eso de ¡apaga y vámonos!