Iglesias se impone en el Gobierno

El Gobierno impulsa una modificación de calado en el decreto que prohíbe los desahucios en el estado de alarma. Hasta el momento, esa norma contemplaba una importante excepción: el desalojo podía ejecutarse si la entrada en la vivienda constituía delito.

Ahora, el Ministerio de Consumo cambia el texto y establece que el desahucio sólo podrá producirse cuando la entrada, o permanencia, en el inmueble, se haya producido "mediando intimidación o violencia sobre las personas". De este modo, ya no basta con alegar que se ha cometido un atentado contra la propiedad para que se proceda a la expulsión de las personas que se hallan ilegalmente en una vivienda. Sin duda, el daño que este cambio normativo pueda producir se ve limitado por el hecho de que sólo tendrá vigencia por unos meses, hasta que el segundo estado de alarma decaiga. Sin embargo, no debe restarse importancia a su alcance dentro de la estrategia por imponer su voluntad en el Gobierno que sigue Unidas Podemos. La acción de Consumo está alineada con el anuncio del vicepresidente Iglesias sobre su intención de que la futura Ley de Vivienda prohíba todo desahucio que no contemple una "alternativa habitacional". Las presiones de Iglesias también se adivinan en otros ámbitos. Sólo así se explica, en el ámbito de las pensiones, el afán del presidente Sánchez y del ministro Escrivá por negar que se vaya a elevar el número de años de vida laboral en el cómputo de esas prestaciones.

Las exigencias de Unidas Podemos ganan terreno en la política sobre desahucios o en la reforma de las pensiones

Iglesias gana la batalla a Sánchez y eso constituye una pésima noticia para la economía. No en vano su influencia afecta a aspectos, como el sistema de pensiones, que la UE vigilará de cerca de la hora de decidir la liberación de las ayudas anti-crisis para España.