El control que las nuevas ayudas europeas exigen

A finales de julio, el Consejo Europeo creó el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, un nuevo e importante instrumento de política económica que podría aumentar considerablemente la estabilidad de la Unión Europea y su unión monetaria, y en virtud del cual el bloque pedirá prestado y pagará por primera vez grandes sumas en forma de transferencias a fondo perdido. Pero el acuerdo del Consejo carece de una estrategia clara para garantizar que el dinero impulse un crecimiento inclusivo y sostenible y evite la corrupción. Esta brecha debe ser tapada, porque el fondo de recuperación será deslegitimado si se desperdicia. Las negociaciones en curso entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo (el diálogo a tres bandas) ofrecen una oportunidad de mejora y deberían centrarse en tres puntos cruciales.

En primer lugar, el objetivo debe ser más claro: dar un impulso al potencial de crecimiento sostenible de Europa. El actual enfoque en el desembolso rápido sugiere que los responsables de las políticas todavía esperan que los fondos de la UE puedan desempeñar un papel anticíclico, pero esto no funcionará. El Consejo quiere comprometer el 70% del principal instrumento, el Fondo de Recuperación y Resistencia (FRR), en 2021-2022, pero sólo una cuarta parte de los desembolsos están previstos para estos dos años. Todos los países de la Unión Europea pueden acudir a los mercados para pedir préstamos y son los presupuestos nacionales los que pueden y deben utilizarse para apoyar a las economías que se tambalean bajo los efectos inmediatos de la pandemia. Los fondos de la UE, por su parte, deberían formar parte de una estrategia a mediano plazo claramente centrada en un gasto en inversiones productivas. Esto proporcionará cierta protección contra el daño permanente al potencial de crecimiento de Europa que el Covid-19 probablemente dejará a su paso. Así pues, los fondos de la UE deberían estar relacionados con objetivos de crecimiento a mediano plazo y no con una política fiscal anticíclica.

La segunda cuestión es, pues, cómo lograr un gasto 'de calidad' que impulse el crecimiento sostenible. Las conclusiones del Consejo Europeo de julio incluyen algunas declaraciones vagas sobre la vinculación de los fondos de la UE con el Semestre Europeo, el proceso anual de la UE para dirigir a los Estados miembros hacia un crecimiento inclusivo y sostenible y hacia la transformación digital. Pero el Semestre Europeo ha demostrado ser un proceso burocrático bastante ineficaz que los países de la UE ignoran con demasiada frecuencia.

Los fondos deben estar relacionados con los objetivos de crecimiento a medio plazo

Es fácil ver cómo un proceso burocrático de este tipo aflorará propuestas en los países de la UE. en el que los planes ordinarios de gasto se etiquetan convencionalmente "verdes, sociales y digitales". Los planes se enviarán a Bruselas y resultarán en grandes desembolsos con pocos beneficios. Si bien el diseño del fondo de recuperación pone a los gobiernos nacionales a cargo, sigue siendo crucial contar con condiciones claras para alcanzar los objetivos de crecimiento sostenible. En un estudio reciente se propone la utilización de los fondos de recuperación para grandes reformas estructurales, como en el sistema educativo, la eficiencia de la administración pública y los objetivos climáticos. La nueva financiación de la UE es una oportunidad única para proporcionar el estímulo a estas reformas estructurales reales.

El gasto realmente productivo requiere una buena gobernanza. Por lo tanto, la tercera cuestión es la supervisión para que el gasto alcance sus objetivos y esté libre de corrupción. Lamentablemente, los fondos de la UE acumulan una experiencia cuestionable en este sentido. Múltiples estudios académico han confirmado que las ingentes cantidades de fondos destinados a la política agrícola común no han servido para alcanzar los objetivos de sostenibilidad europeos, a pesar de las reiteradas afirmaciones en sentido contrario. La actual gestión de los fondos de la UE puede considerarse inadecuada para alcanzar los objetivos políticos declarados.

Un gasto que sea productivo requiere de una buena gobernanza libre de corrupción

El Parlamento Europeo insiste, con razón, en que se le dé una voz firme. Se necesita un mejor procedimiento de "tarjeta roja" para detener las transferencias en caso de que el dinero se desvíe de sus objetivos legítimos. El proceso actualmente propuesto prevé que la Comisión pida informes al Comité Económico y Financiero, un grupo de altos funcionarios de los Ministerios de Economía de los países miembros, para comprobar si se han alcanzado los objetivos políticos de los fondos. El comité se esforzará por lograr un consenso, pero si uno o más países no están de acuerdo, el asunto se remitirá al Consejo Europeo. Pero resulta dudoso que incluso los miembros de esta última institución cuestionen el parecer de otras instituciones comunitarias a menos que haya flagrantes incumplimientos de los acuerdos.

En lugar de un debate intergubernamental, se necesita una verdadera rendición de cuentas política para evitar la corrupción y el fracaso en el logro de las ambiciones políticas de la UE de un crecimiento verde e inclusivo. Esta rendición de cuentas política también debería garantizar que se tengan en cuenta los intereses de la UE en su conjunto. Por consiguiente, el Parlamento Europeo debería insistir en recibir informes periódicos y detallados de la Comisión y celebrar audiencias con los comisarios que tengan competencias en estas materias para lograr la transparencia y la responsabilidad pública. Además, el Parlamento debería encomendar al Tribunal de Cuentas Europeo y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la supervisión constante de los gastos.

Los negociadores deberían tomarse el tiempo necesario para diseñar un mecanismo de gobernanza sólido. Europa no puede permitirse el lujo de desperdiciar sus recursos.