Las empresas llegan a su límite

El futuro de la reforma laboral de 2012 se ha convertido, desde la noche del miércoles, en una marioneta en manos de intereses y tactismos políticos. Bildu utilizó su derogación "íntegra" como moneda de cambio en la negociación sobre la quinta prórroga del estado de alarma. Horas después, el Gobierno limitó los cambios a los "aspectos lesivos" de la norma.

 Pero el vicepresidente Iglesias antepone su afán de aprovecharse del estado de alarma para conseguir su anhelado objetivo de acabar con la reforma del PP. Por ello, hace suya la literalidad del pacto firmado, en completa ausencia de luz y taquígrafos, con Bildu y los socialistas. Está plenamente justificada la indignación de las patronales. Por enésima vez, son ninguneadas en un tema que las afecta de lleno, y relegadas al papel de víctimas colaterales de los pulsos que Iglesias, con la tolerancia del presidente Sánchez, se complace en plantear a la vicepresidenta Calviño y a los ministros del PSOE. La reacción de CEOE, al dar por suspendido el diálogo social, es ineludible como muestra el hecho de que fue secundada por todas las patronales españolas. Es mucho lo que está en juego. Se trata de medidas clave como mantener la primacía de de los convenios de empresa sobre los sectoriales, y limitar la ultraactividad de las negociaciones salariales caducadas. Se abre así el camino a repetir errores tan costosos como obligar a subir sueldos en plena recesión, como ocurrió en 2009.

La posible derogación parcial de la reforma laboral de 2012 multiplica las dificultades a unas firmas ya asfixiadas

Las empresas ya están en situación límite, sin actividad, carentes de posibilidades de hacer ajustes de plantilla, asfixiadas por la falta de liquidez y ahora, con la posible derogación parcial de la reforma de 2012, abocadas a sufrir un alza de costes laborales que será su ruina completa.