El desprecio a los empresarios: Garamendi choca en los Ertes con Sánchez

"Estamos viendo que casi todas las ganancias del mercado laboral en la última década han desaparecido". La frase podía corresponder a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un conato de humildad, pero es del todopoderoso presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La tasa de desempleo en Estados Unidos pasó en unas semanas de poco más del 4 por ciento a más del 14 y que puede alcanzar al 20 por ciento en los próximos meses, como en nuestro país.

Durante su intervención, en el Pearson Institute for International Economic, Powell urgió a "un mayor apoyo fiscal (...) a fin de evitar un daño mayor a largo plazo" por parte de la Administración Trump, que destinó a casi tres billones de dólares.

En términos parecidos se expresó ese día el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el español Luis de Guindos, quien instó a los estados de la Unión a instrumentar políticas fiscales en apoyo de sus economías.

Guindos recordó que "el BCE no ha sido tímido a la hora de utilizar sus instrumentos financieros" y remató su discurso con una advertencia: "No podemos, como banco central, hacer financiación monetaria de los estados".

El pacto de los Ertes fue una entelequia. Garamendi se negó a pronunciar un discurso tras el acto

Los mensajes a uno y otro lado del Atlántico coinciden. Los bancos centrales pueden hacer poco más, es la hora de los Gobiernos, de que busquen estimular la actividad, para volver al crecimiento y al empleo.

Guindos detalló, en su intervención online ante los antiguos alumnos de Esade, que el BCE adquirió deuda española por 120.000 millones, el 10 por ciento del PIB. El año pasado la Administración gastó alegremente hasta alcanzar un déficit superior a los 33.000 millones, el 2,8 por ciento del PIB.

Las palabras tanto de Powell como de Guindos no cayeron en saco roto. En el Gobierno se pusieron rápidamente manos a la obra. Y si no, vayamos a los hechos: el ministro de Sanidad, el filósofo Salvador Illa, en un arranque de "esto se hace así porque lo digo yo", se sacó de la manga una cuarentena de catorce días a todos los vuelos procedentes del extranjero, 24 horas antes que desde la Unión Europea dijera lo contrario para intentar salvar la temporada de verano.

Por si había dudas del desprecio al turismo, otro ministro, Alberto Garzón, aseguró en el Senado que es "un sector estacional, precario y de bajo valor añadido".

Su peso en el PIB alcanza el 13% de manera directa (llega hasta el 18% con los suministradores), el mayor de Europa, pero a Illa y a Garzón les importa un bledo. Lo relevante es el dictamen de su comisión de funcionarios, que no hacen pública, para poder tomar las decisiones que les da la gana.

Así nos ahorrarnos un bochorno, porque el comité de presuntos expertos encargado de organizar la desescalada bajo las órdenes de Teresa Ribera está compuesto por más filósofos, economista e incluso algún periodista, que médicos o científicos.

La normativa que pone en la piqueta al turismo se recoge en una simple orden ministerial, que no necesita refrendo del Congreso ni de ningún partido político, gracias al estado de alarma, que Sánchez está ahora interesado en prorrogar por un mes y luego por otro y otro y así hasta el infinito.

Pero aquí no acabaron las sorpresas. El ministro de Sanidad, en otro alarde caprichoso de sus poderes extraordinarios, dejó un regalo a los pequeños comercios, la prohibición de realizar promociones para captar de nuevo el interés de sus clientes, lo que vulgarmente se conoce como rebajas.

El desprecio hacia las empresas es inacabable. La podemita Yolanda Díaz considera que en el campo aún se utilizan esclavos, como en las plantaciones de Luisiana. El lunes, 4 de mayo, envió un escueto documento a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE: "Mañana va a consejo de ministros la nueva legislación sobre los Ertes".

El mensaje adjuntaba una normativa ideologizada, que despreciaba dos de las reclamaciones de la patronal: la prolongación de los Ertes más allá del 30 de junio y la exoneración de devolver las cuotas de la Seguridad Social a las empresas que despidan en los seis meses siguientes a concluir un expediente de regulación.

Garamendi le contestó que no estaba dispuesto a firmar eso y que, además, no tenía ni tiempo para consultar con el comité ejecutivo. A partir de ahí se abrió una negociación bajo la supervisión de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, que parió un pacto descafeinado, aprobado el martes pasado el consejo de ministros.

El documento le costó un disgusto a Garamendi porque, en principio, ni las patronales de Madrid y Barcelona, ni los representantes de grandes sectores como la hostelería o el automóvil estaban conformes.

"Pues nada, nos vamos todos a la quiebra y así nos evitamos despedir", dicen que exclamó, visiblemente molesto, Gerardo Cuerva

Casi todos aceptaron a regañadientes por no romper la unidad de los empresarios, aunque con críticas afiladas como la de Foment del Treball, que rechazó el texto por unanimidad de sus socios.

Garamendi logró introducir algunos arreglos en el último minuto para calmar los ánimos, como la salvedad en los despidos para los fijos discontinuos. Pero la obligación de devolver las cuotas permanece para la mayoría de los sectores. Sólo quedan exentas las sociedades al borde de la extinción, lo que anticipa una oleada de concursos.

"Pues nada, nos vamos todos a la quiebra y así nos evitamos despedir", dicen que exclamó, visiblemente molesto, Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme y uno de los firmantes del documento junto a Garamendi.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, el sindicato más próximo a Podemos, declaró la mañana siguiente en La Brújula, de Onda Cero: "Lo importante no es el texto del acuerdo, si no es espíritu de unidad y de voluntad de negociación ente los agentes sociales".

En román paladino, el sindicalista reconocía que el pacto es un simple gesto a la galería, que Sánchez aprovechó para reunir nada menos que a dos vicepresidentes y tres ministros, además de él, en la firma en Moncloa.

La cara de funeral de los participantes lo decía todo. Garamendi se negó a pronunciar  unas palabras después de la firma y el Gobierno ordenó retirar sus discursos para evitar que se transmitiera una imagen de división.

Patético. Otro falso mensaje de apoyo al mundo empresarial, que Sánchez aprovechó para aislar un poco más a Pablo Casado.

Pero la sensación de unidad duró apenas unas horas. Iglesias, anunciaba al día siguiente una tasa Covid, que arranca desde un millón de patrimonio, con la que pretende recaudar el uno por ciento del PIB (11.000 millones). En realidad, no va a conseguir más que una estampida de dinero fuera de nuestras fronteras, como ya ocurrió en Francia.

En el Gobierno deben de ser conscientes de la movida, porque enseguida adaptaron la directiva europea que obliga a los asesores fiscales a denunciar cualquier movimiento de capital hacia el exterior.

Hasta el sindicalista Unai Sordo reconocía que así no se va a ninguna parte. "Lo importante es que la economía remonte en la segunda parte del año, si no el acuerdo de los Ertes será papel mojado".

"Los gobiernos tienen que prepararse para gastar", en palabras de Guindos, que es diferente de despilfarrar, como hizo Zapatero con su plan E.

Esta semana se supo, además, que desde París se presiona a las cúpulas de Renault y de Peugeot-Citroén (PSA) para repatriar producción de las fábricas de coches españolas a las francesas, mientras que Nissan planea anunciar el cierre de su factoría de Zona Franca el próximo 28 de mayo.

Perdemos tejido industrial a marchas forzadas. Urge la vuelta a la actividad lo antes posible, con las medias de seguridad necesarias. Sólo el 5 por ciento de la población se ha infectado, lo que augura una vuelta a la nueva normalidad lenta y prolongada en el tiempo. "No habrá inmunidad de rebaño", sentenció el ministro de Sanidad. ¿Para qué sirve mantener el confinamiento bajo reglas tan estrictas?

El Gobierno pone trabas a la reapertura de sectores fundamentales como el turismo o el pequeño comercio; desempolva una subida de impuestos en Sociedades e IRPF, en una situación delicada, o mira para otra parte mientras su socio de coalición intenta colar en la Comisión de Reconstrucción una tasa que sustituya al Impuesto de Patrimonio.

Cinco organizaciones patronales consultadas por elEconomista coinciden en que es el momento de aplicar una fuerte rebaja de impuestos, para reconstruir no sólo la demanda interna sino el tejido productivo y mantener el empleo cuando se levanten los Ertes.

¿De qué sirve aprobar una renta mínima universal, si no hay empresas que la sufraguen mediante la creación de empleo?

Sánchez se equivoca si cree que puede realizar el viaje de la recuperación sin el acompañamiento de los empresarios

Los responsables de la Reserva Federal y del BCE indican que la recuperación no será en V, como se creía en un principio, si no larga y tortuosa. "Los gobiernos tienen que prepararse para gastar", en palabras de Guindos, que es diferente de despilfarrar, como hizo Zapatero con su plan E.

Una vez admitido que el déficit y las deuda públicas son inevitables, es mejor generarlas mediante actividad que no simplemente por culpa del confinamiento de la población.

Hay que fomentar el gasto productivo mediante la concesión de incentivos fiscales para la adquisición de automóviles o de viviendas, dos de los sectores claves de nuestra economía. No se puede seguir confiando en pagar las facturas gracias a la política monetaria o en el dinero gratis de Bruselas, que jamás llegará. Los incentivos hay combinarlas con medidas de austeridad de las administraciones y el recorte de su tamaño.

Sánchez se equivoca si cree que puede realizar el viaje de la recuperación sin el acompañamiento de los empresarios. Tiene que acabar con los a ataques a discreción de su Gobierno. La foto de los Ertes fue forzada; las organizaciones empresariales están que trinan, cada mañana se desayunan con un insulto o una sorpresa desagradable en el BOE, mientras que la rigidez y el gigantismo de la administración paralizan cualquier iniciativa para poner en marcha la economía.