Bolsa, mercados y cotizaciones

Las pymes se enfrentarán a los mayores retos con las nuevas normas ESG

  • La directiva CSRD entra en vigor el próximo año y pretende llegar a toda la cadena de valor
  • Expertos hablan de estas nuevas leyes y sus repercusiones en empresas y fondos de inversión...
  • en el marco del IV Foro ESG de elEconomista.es

Violeta N. Quiñonero
Madrid ,

Una de las mayores problemáticas que giran en torno al mundo del ESG (Ambiental, Social y Gobernanza, en sus siglas en inglés) es la dispersión de regulaciones e inconcreción de los criterios que dificultan enormemente el desarrollo de planes y políticas de sostenibilidad en las empresas.

A partir de 2025 comenzará a aplicar la nueva normativa CSRD (Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad) y de ella se estuvo hablando en la mesa Cómo afronta la regulación ESG el 2025 en el marco del IV Foro ESG celebrado por elEconomista.es. El simposio ha contado con la participación de especialistas de la materia como Pablo Bascones, socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC; Andrea González, directora general de Spainsif; Sonsoles Santamaría, directora general de Negocio de Tressis y Verónica Sanz, experta en certificación de sostenibilidad.

La credibilidad y confianza de los inversores en los criterios de sostenibilidad ha sido uno de los puntos en los que los expertos han incidido con mayor hincapié. Según han señalado, en los últimos años ha habido un incremento de interés y demanda de estos productos por parte de los clientes, pero la poca claridad en torno a la regulación también ha producido desconfianza. En este sentido, para que la demanda se siga incrementando, desde PwC, Pablo Bascones apunta a que es primordial "aclarar las normas". Por su parte, Andrea González cree que incluso la conversación no ha llegado todavía a ese punto: "No hemos llegado a la parte de conversación en la que el cliente desconfía de los productos que se le ofrecen. Partido a partido tenemos que llegar a enseñar el producto antes de que el cliente ponga exigencias conforme a sus expectativas".

Desde Tressis esperaban que con la entrada en vigor del MiFID verde viviésemos un boom de la demanda en los productos financieros pero no ha sucedido así, por la propia complejidad del test, y eso está provocando incluso cierto rechazo. No obstante, según esgrime Sonsoles Santamaría, "cuando el cliente dice que no tiene preferencias es que no sabe cómo escoger, no que no quiera. De la mano del asesor y con la educación en los matices de estos productos sostenibles, la introducción de este tipo de productos en las carteras es cada vez mayor; vemos un gradual incremento de la sostenibilidad en carteras gracias a la conversación del asesor con el cliente". Por su parte, Verónica Sanz arguye que "para aumentar el interés y cumplir las expectativas de los inversores, tienen que cumplirse de verdad estos criterios de sostenibilidad".

La CSRD entrará en vigor durante 2025 y de manera progresiva, con el objetivo de lograr una mayor estandarización de todos estos criterios. Así, las mayores compañías serás las que comiencen ya el próximo año a aplicar esta nueva ley en sus reportes y serás las primeras en enfrentarse a los obstáculos que pueda generar la norma.

Bascones explica que con esta nueva ley habrá nuevas técnicas de verificación de la información sobre sostenibilidad y un proceso más complejo de homogeneidad de todos estos datos. "Las compañías están preparadas para el primer informe, pero para los siguientes años tienen que ir solventando los gaps que se identifiquen e implementar sistemas de control interno y herramientas", explica. Para Sanz, el mayor reto de esta nueva ley será el volumen y opina que en este primer reporte "las empresas salvarán los muebles".

Desde las firmas como Spainsif y Tressis subrayan que el mayor desafío de la CSRD se verá en la parte más baja de la cadena de valor, cuando las medianas y pequeñas empresas tengan también que reportar y no cuenten con los medios suficientes para afrontar este proceso.

En este sentido, Santamaría pide "darle una vuelta, para no dejar a nadie fuera" y que exista una mayor interoperabilidad de las normas, teniendo en cuenta también a los grupos de interés a la hora de legislar. Por su parte, González demanda etiquetas públicas de sostenibilidad de uso voluntario para los productos.

"El departamento financiero va a necesitar de expertos en sostenibilidad para añadir el relato"

En todo este entramado regulatorio del ESG, las consultoras están desempeñando un papel fundamental en el acompañamiento a las empresas a adoptar estas nuevas normas. En este sentido, Pablo Bascones, socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC, explica que la incorporación de las compañías a las nuevas leyes se va a prolongar en el tiempo, puede que incluso hasta 5-10 años.

Bascones argumenta que el espíritu de esta nueva regulación es contar con una información histórica, pero también en prospectiva: "Con esta nueva ley, la información que deberán proporcionar las empresas también será futura, sobre los planes que van a llevar a cabo en materia de sostenibilidad".

Para el experto, deberá haber una continua relación entre los equipos de sostenibilidad y los financieros dentro de las empresas para que exista una correcta aplicación de la norma. "En el ámbito de una empresa, muchas no cuentan con departamento especializado en ESG y estas cuestiones las acaba asumiendo el departamento financiero, pero éste no podrá hacerlo solo, porque necesitan del relato de la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que estar en el relato y apoyarse en el financiero para manejar la estrategia", argumenta. Además, también aumentará la responsabilidad que recae sobre los propios consejos, ya que va a aumentar la exigencia de la información que se reporte. Señala que este incremento de la responsabilidad "es un cambio importante, aunque ya estaba ahí".

"El papel de los fondos ESG ha cambiado y ahora su rol es el de tratar de arreglar el sistema"

Más allá de cómo introduzcan las empresas la sostenibilidad en sus modelos de negocio, otra de las patas donde el ESG está teniendo más impacto es a través de los vehículos de inversión que llegan a los clientes.

Andrea González es directora general de Spainsif, una asociación sin ánimo de lucro que promueve la inversión sostenible y responsable en España. Para González, las expectativas del inversor sostenible han cambiado radicalmente desde 2019: "Antes, el papel de estos fondos tenía más que ver con temas de protección y ahora su rol es de el tratar de arreglar el ecosistema".

A nivel regulatorio, desglosa que una de las mayores problemáticas de los últimos años ha residido en la información: "Hemos tenido que trabajar con información que no era requerida y sin saber qué grado de supervisión iba a tener". En este sentido, explica que en muchos apartados se ha llegado a divulgar un 0%, porque la empresa no contaba con información concreta sobre esa materia, y esto ha generado incertidumbre.

Para González, la nomenclatura de los fondos también ha sido uno de los obstáculos a la hora de acercar el producto a los clientes. No obstante, González cree que, aunque se consiga un sistema de etiquetado, este convivirá en el tiempo con los sellos de artículo 8 y 9.

Por último, la directora de Spainsif ha expuesto que hay que distinguir entre quien crea la información, quien la esparce y quien la consume, y que ha habido mucho recelo entre quien la esparce, en este caso, las gestoras.

"Si las pymes no pueden reportar debidamente se quedarán fuera de la atracción de capital"

Sonsoles Santamaría también es responsable de una de las principales gestoras del país, concretamente es directora general de Negocio de Tressis. Para ella, esto es una ventaja ya que "trabajamos con el cliente final, pero también tenemos fábrica de producto, por lo que vemos la complejidad de las normas a ese nivel".

Para Santamaría, el principal problema de la normativa CSRD se va a dar en las pequeñas y medianas empresas, "que son el grueso del tejido empresarial del país". "La CSRD va a aportar claridad, pero el problema vendrá con las pymes que tienen que reportar con esta directiva. Se nos quedará mucha información por el camino y habrá que valorar qué capacidad tendrán estas pymes para reportar en un momento determinado. El que no puedan reportar debidamente también provocará que se queden fuera de la atracción de flujos de capital", comenta.

Santamaría añade, además, la importancia de contar con todos los actores a la hora de redactar una ley: "La sostenibilidad también habla de tener en cuenta a todos los grupos de interés sobre los que una operación empresarial tiene impacto. Hemos pasado de la importancia de las empresas a los grupos de interés. Toda norma de esta envergadura tiene una onda expansiva que llega hasta el cliente final. Nos falta la preocupación del regulador por los stakeholder". En cuanto al greenwashing, para Tressis la existencia de este concepto implica que hay una voluntariedad de engaño, que genera decepción en el cliente.

"Las grandes empresas salvarán los muebles con el primer reporte que hagan en 2025"

Verónica Sanz es experta en certificación de sostenibilidad y no cree que el inversor particular entre con la sostenibilidad por delante a la hora de buscar productos. Cuenta, no obstante, que la filosofía particular de inversión sostenible ya llegó hace 15 años a crear un gran cambio: provocar la aparición de los llamados bonos verdes. En su opinión, para que el ESG siga atrayendo es necesario que la aplicación de los criterios de sostenibilidad se cumpla correctamente.

En cuanto a la normativa que entrará en vigor el próximo año, argumenta que las primeras empresas en reportar "salvarán los muebles": "Ahora mismo, algunas compañías tienen sistemas más o menos implementados. Pero cuando empiecen a preguntar a las demás empresas habrá un salto brutal porque serán pymes y no tienen capacidad para abordar lo que se les viene", explica.

Por el momento, según expone, el nivel de aseguramiento de la información que se requerirá a las empresas es limitado. Esto es, la conclusión que se emite con respecto a la información reportada es negativa, que nada de lo que se comunica es mentira. Otro de los saltos llegará cuando ese nivel pase de ser limitado a razonable. Aquí, la formulación es positiva y el sistema es mucho más inquisitivo. "En nivel razonable se requerirá de más recursos de quien reporta y verifica y, por ende, va a ser más caro", subraya. Por último y, en relación al greenwashing, explica que es muy complicado que el cliente vaya al reporte y localice los aspectos que le interesen e invertir en base a ellos y, por ello, cree que seguirá existiendo, aunque solo sea a nivel marketing.