La exención fiscal a las sicavs solo amortiguará parte de la fuga de dinero

Anda el mundo de la gestión de activos en España conteniendo la respiración para que las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista al Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que recogen aspectos relacionados con las sicavs, salgan adelante. Una vez asumido que es imposible luchar contra el estigma de este tipo de sociedades de inversión, unido al empeño de Unidas Podemos, socios del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, en presentar esta norma como su bandera en la lucha contra las grandes fortunas, la suerte de estos vehículos estaba echada, a pesar de que tributan exactamente igual que los fondos de inversión.

La única alternativa era proporcionar una salida a los socios de las sicavs que, indefectiblemente, se verán abocadas a echar el cierre por no cumplir los requisitos que les serán exigidos para ser consideradas como instituciones de inversión colectiva (IIC) y tributar, por tanto, al 1% en el Impuesto de Sociedades. El número mínimo de accionistas seguirá siendo 100, controlados por la Agencia Tributaria, pero solo serán considerados como tales aquellos titulares de acciones por importe igual o superior a 2.500 euros, determinado según el valor liquidativo correspondiente a la fecha de adquisición de las acciones. En las sicav por compartimentos, el número mínimo de accionistas será de 20 por cada compartimento y deberán contar con 12.500 euros por accionista.

Esa salida con la que contarán los socios de sicavs liquidadas será la posibilidad de evitar una penalización fiscal si se realiza un traspaso de la cuota de liquidación a otras IIC españolas, en una o varias, lo que permitiría que el patrimonio de casi 28.000 millones de euros que manejan estas sociedades de inversión se pueda quedar en España. Un volumen reducido en comparación a los activos bajo gestión que manejan los fondos de inversión, pero que conlleva muchos ingresos recurrentes para las firmas por comisiones de gestión y corretaje de valores, entre otros.

Aunque en las enmiendas se menciona específicamente a las IIC españolas, en el sector hay cierto temor de que algunos socios mayoritarios de sicavs aprovechen esta pasarela para salir de la sociedad liquidada y trasladen posteriormente su patrimonio a una sicav de Luxemburgo, centro neurálgico de la industria de gestión de activos, por lo que se diluiría el efecto de dicha pasarela para el sector financiero en España. No solamente preocupa el traslado al Gran Ducado, sino también a otras jurisdicciones como Irlanda, otro de los países europeos que se ha convertido en polo de atracción para este tipo de sociedades.

Pese a que establecer un período de permanencia mínimo en las instituciones de inversión colectivas españolas que recibieran ese traspaso de la cuota de liquidación se antojaba complicado, el riesgo de deslocalización existe, aunque muchas entidades financieras cuentan con la estructura necesaria para dar servicio a sus clientes con más volumen patrimonial en Luxemburgo. Cómo convencer a los dueños de las sicavs, a los que se ha cobrado por este servicio, sobre todo aquellas de menor tamaño, para cambiar a otro modelo de asesoramiento y productos será el dilema de cada firma de banca privada, aunque si se aprueban las enmiendas se facilitaría el traspaso a vehículos de inversión españoles sin coste fiscal.

Aunque con las enmiendas se pretende mantener a los accionistas dentro de productos de inversión españoles y que ese volumen patrimonial no se vaya fuera, en la práctica la norma persiste en el principal error que arrastran las sicavs en España y que ha servido para alimentar el mito de que son solo para ricos, ya que es el único país de la Unión Europea, junto a Portugal, que exige a este tipo de sociedades 100 accionistas mínimo (en Francia son tres). La normativa europea no lo contempla y de hecho Esma, el regulador supranacional de los mercados, ha validado la existencia de estos vehículos con un único accionista. De ahí el temor de que algunos socios de sicavs españolas decidan irse fuera de España para evitar futuras injerencias políticas.

La obligatoriedad de que sean 100 socios ha conllevado que la gran mayoría de sicavs se hayan constituido con el número mínimo exigido o superándolo en poca cuantía. De las 2.434 sociedades registradas, la media de accionistas se sitúa en 129, una cifra distorsionada por las tres grande sociedades de inversión de Banca March, que aglutinan en conjunto a 14.000 accionistas. Pero solamente 134 sicavs superan los 200 accionistas, de las que 16 tienen más de 500, cifra a partir de la cual se puede realizar traspasos a otras IIC con diferimiento fiscal de las plusvalías.