Así allana Pedro Sánchez el terreno de sus socios con la Justicia

Apenas han pasado 15 días desde que los ministros nombrados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomaran posesión de sus cargos y, en el ámbito de la Justicia, ha habido ya más movimiento que en el último año. En esta materia, han sido muchos los guiños del Ejecutivo a los socios de Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo hacia los independentistas.

Este mismo jueves, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, recogía lo avanzado ya por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y anunciaba la disposición del Gobierno a una reforma penal que revise los tipos penales de rebelión y sedición. Unos preceptos que afectan especialmente a los líderes catalanes sentenciados por el Tribunal Supremo. Ello, apenas días después de que el Poder Judicial recriminara al vicepresidente, Pablo Iglesias, por sus comentarios sobre la Justicia española que, a su juicio, había sido "humillada" por la europea.

De ministra, a fiscal general

La primera polémica del nuevo Ejecutivo saltaba el mismo día en que Dolores Delgado traspasaba la cartera del Ministerio de Justicia al nuevo ministro, Juan Carlos Campo. Ese mismo día, Sánchez anunciaba su propuesta como fiscal general del Estado, en sustitución de María José Segarra.

La decisión desató una tormenta mediática y la oposición criticó el movimiento de Sánchez, por considerar que atenta contra la independencia del Ministerio Público. Así, el Consejo General del Poder Judicial, dividido, avaló que la exministra Delgado cumple los requisitos formales para ser fiscal general del Estado con el apoyo de 12 vocales y con otros siete en contra, lo que da idea de la división de opiniones entre los vocales. No obstante, el informe no es vinculante y aún deberá ser debatido en el Congreso de los Diputados.

Fuentes de la Cúpula Judicial explicaron a elEconomista que, si bien una mayoría de vocales conservadores considera que la proposición de la exministra como fiscal general por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es una provocación a la institución, algunos de ellos han considerado que una valoración más allá de la técnica podría crear un precedente peligroso para el futuro, puesto que habría que debatir la conveniencia o no de cada cargo sobre el que deba informar la Institución.

Iglesias enciende al CGPJ

Un día después del traspaso de carteras, el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, lamentaba que el hecho de que los tribunales europeos hayan quitado la razón a jueces españoles en lo relativo al procés es "una humillación para el Estado español". Así lo aseguró en prime time, en su primera entrevista como vicepresidente, en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que sostuvo que la Justicia española ha quedado, a su parecer, "en mal lugar" después de que los tribunales europeos, "que forman parte del ordenamiento jurídico español", les hayan quitado la razón a "algunos jueces españoles".

Según Iglesias, si el expresidente catalán y ahora eurodiputado Carles Puigdemont no está en España es precisamente porque ha habido tribunales europeos que decidieron "no entregarle a España". "Estamos en una situación absurda. Puigdemont y Comín son eurodiputados que ejercen libremente su actividad y Oriol Junqueras (el líder de ERC) está en la cárcel", señaló.

El Poder Judicial se defiende

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó al día siguiente de las declaraciones de Iglesias por unanimidad una declaración institucional. La cúpula judicial, aparte de desmentir las declaraciones de Iglesias, apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial.

Moncloa, por su parte, tuvo que emitir un comunicado para rebajar la tensión. El Gobierno considera que "es tiempo de dialogar y aportar acuerdos que refuercen nuestras instituciones". También, el comunicado asegura que "es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos de gobierno, evitando que su acción se resienta por el bloqueo".

"Es del Siglo XIX"

El último capítulo lo protagonizó el propio ministro de Justicia. El pasado jueves. Juan Carlos Campo apostaba en público por una reforma del Código Penal, que modifique los tipos de los delitos de rebelión y sedición. "Son figuras más propias de ataques a la soberanía en el siglo XIX cuando se pensaba en ataques con tanques en la calle", manifestó.

Campo, en el marco de la inauguración del V Encuentro Cumplen de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento, aseguró que "es la obligación del gobernante dar respuestas a distintas situaciones que se generan", tras afirmar que cualquier reforma del Código Penal "responde a la necesidad de acompasar tipos penales con realidades sociales".

Además, manifestó que "si bien algunos piensan que la norma penal de 1995 lleva ya demasiadas reformas encima, a mí lo que le preocupa realmente son los vacíos, las lagunas y las impunidades". Por este motivo, el ministro destacó que mientras no se pierda la esencia de "la Constitución en negativo, se debe seguir reformando el Código".