La Plataforma para la Seguridad de los Periodistas, compuesta por asociaciones profesionales de los países miembros del Consejo de Europa y varias ONG, ha advertido contra la aprobación del decretazo del Gobierno para tomar el control total de RTVE y alerta de "riesgo para la libertad de expresión en España".
El Consejo de Ministros sigue la hoja de ruta que ya habíamos anticipado en este digital en marzo tras la abrupta salida de Elena Sánchez: llevar a cabo todos los movimientos legislativos necesarios para acabar con un Consejo de Administración de consenso, que refleje el arco parlamentario, aplicar el rodillo y colocar al frente del poderoso cañón mediático que nos cuesta más de cien millones de euros al mes a José Pablo López, antiguo director general de Contenidos del Ente denunciado por el presidente Pérez Tornero y expulsado por la anterior presidenta, Elena Sánchez.
José Pablo López, reúne varias virtudes que a los ojos de Pedro Sánchez le convierten en el presidente ideal de una RTVE al servicio de Moncloa y sus amigos: es enemigo declarado de Isabel Díaz Ayuso, es el candidato del mamporrero mediático de Moncloa José Miguel Contreras para manejar durante los próximos seis años la Corporación Pública, y cuenta a la vez con la docilidad y la ambición necesarias para cumplir a la perfección el papel diseñado por los Goebbels que han decidido convertir un medio público, ya sin disimulo, en un templo del adoctrinamiento ideológico, cuando no un refugio de paniaguados que cobren sueldos como consejeros (hasta ahora sin salarios), se forren con las productoras elegidas por José Pablo López (empezando por las de Prisa y Contreras, Varela Entrecanales) y otros que vengan al calor del dinero, amén de caras y personajes como Jordi González. No está de más apuntar que esta política de manipulación y utilización de los medios públicos no es patrimonio del PSOE ni de la izquierda y que la misma RTVE en manos del PP de Rajoy colocó sus peones, al igual que hacen las televisiones autonómicas.
José Pablo López "nunca dejó de facto RTVE"
Nos cuentan que 'de facto', José Pablo López "nunca dejó de facto RTVE" tras el cese propiciado por la antecesora de Concepción Cascajosa, y que hasta la fecha "daba indicaciones en la sombra" incluso después de su salida, según fuentes internas de RTVE. El que se perfila como consejero de RTVE a propuesta del PSOE y más tarde como presidente para los próximos seis años, fue máximo responsable de Telemadrid tras la mayoría absoluta del PP y es enemigo declarado de Ayuso. La pelea entre el presidente del Gobierno y la presidenta autonómica se juega sobre todo en el flanco mediático y el líder socialista no puede imaginar a alguien más idóneo para pilotar su órgano de propaganda que este abogado y periodista que según nos reiteran, "detesta profundamente a Ayuso". La deteste o no, la presidente prescindió de él en Telemadrid tras hacer algo parecido a lo que acaba de hacer Sánchez: cambió la ley en cuanto no necesitó los votos de Ciudadanos en la Asamblea, sacó a José Pablo y puso a José Antonio Sánchez, antiguo presidente de RTVE en época de Rajoy.
Ahora es Pedro Sánchez quien ha convertido la televisión pública de todos los españoles en un juguete al servicio del Ejecutivo y sus socios, reduciendo la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el órgano de dirección de la corporación pública. Gracias a esta modificación, el Gobierno puede nombrar a los miembros del consejo sin requerir el apoyo de la oposición, lo que alarma por el potencial impacto contra la pluralidad informativa y la independencia de la radiotelevisión pública.
En su alerta, la Plataforma vinculada al Consejo de Europa, ha incluido la reciente reforma en el proceso de elección de los miembros del Consejo de Administración de RTVE como una alerta de riesgo para la libertad de expresión en España y ha recogido el rechazo expresado por los profesionales de RTVE y RNE, quienes destacan la importancia de mantener mayorías cualificadas para asegurar la pluralidad y representatividad en la gestión de RTVE. Este requisito es considerado clave para garantizar que el ente público mantenga una perspectiva diversa y libre de influencias partidistas.
Las reglas de la Plataforma para la Seguridad de los Periodistas estipulan que cualquier alerta debe señalar "un ataque grave a la libertad de expresión" en alguno de los 46 países miembros del Consejo de Europa. Tradicionalmente, estos avisos han estado dirigidos a estados con democracias débiles o en entornos autoritarios como Rusia o Bielorrusia, donde los ataques a la libertad de prensa son comunes. En el caso de España, la alerta más reciente de la Plataforma está relacionada con los ataques del eurodiputado Alvise Pérez contra un periodista de Canal Red, una cadena vinculada al líder de Podemos, Pablo Iglesias.
La Plataforma ha añadido que mantendrá un seguimiento exhaustivo del asunto, en espera de una revisión por parte del Gobierno. Al momento de emitirse la alerta, el decreto-ley aún no había sido ratificado por el Congreso, aunque dicha votación se realizó finalmente el miércoles, a pesar de la suspensión inicial de la sesión por el accidente en Valencia. La Plataforma ha expresado su intención de observar la "independencia política" de los futuros miembros del consejo de RTVE, especialmente ante las acusaciones de reparto ideológico de estos puestos entre el Gobierno y sus aliados.
Repetición del bochornoso examen de oposición en RTVE
En paralelo a este contexto de tensión en RTVE, en Madrid tiene lugar este sábado la repetición del examen de oposiciones para el puesto de informador en RTVE, después de que la prueba anterior, realizada el 29 de septiembre, fuera suspendida debido a la filtración anticipada de varias preguntas. La cancelación de aquella prueba fue polémica, ya que se produjo cuando los candidatos estaban a punto de ingresar al recinto universitario. Ante este incidente, la dirección de RTVE ha implementado estrictas medidas de seguridad para garantizar la integridad del nuevo examen, supervisando especialmente la selección y custodia de las preguntas para evitar nuevas irregularidades.
La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, ha asumido personalmente la supervisión de estas medidas y ha asegurado su compromiso para que no se repita un incidente similar. Su participación directa en el proceso subraya la importancia de garantizar la transparencia y equidad en las oposiciones, en un contexto en el que la independencia y la profesionalidad de RTVE se encuentran bajo un escrutinio público sin precedentes.