David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, ha tomado la decisión de trasladarse a vivir a Japón junto a su esposa y su hija, en un momento delicado de su situación judicial. El hermano menor del presidente del Gobierno ha obtenido un visado de reagrupación familiar que le permitirá residir en el país asiático durante al menos un año.
El traslado responde a varios factores personales y profesionales, pero también se produce mientras David Sánchez está pendiente de un posible juicio por su nombramiento como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. La causa, que lleva más de dos años de instrucción, se encuentra en estos momentos en la fase de recursos previos al inicio del juicio oral.
Un visado concedido el mismo día del auto de procesamiento
David Sánchez solicitó el visado japonés el pasado mes de abril en el consulado de Japón en Madrid. La autorización le fue concedida el 28 de abril de 2025, justo el mismo día en que la jueza instructora del caso, Beatriz Biedma, dictó un auto de procesamiento contra él, dejando su futuro judicial en manos de un tribunal.
La coincidencia de fechas no ha pasado desapercibida. Aunque el hermano del presidente declaró residir oficialmente en Elvas, localidad portuguesa fronteriza con Badajoz, el trámite lo realizó en la capital española. Técnicamente, debió haber presentado la solicitud en el consulado japonés de Lisboa, pero al tener nacionalidad española y vínculos familiares en España, las autoridades consulares en Madrid accedieron a gestionar el procedimiento.
El visado obtenido tiene una validez inicial de un año, que comenzará a contar desde el momento en que entre en territorio japonés. Para poder viajar, dispone de un plazo máximo de 90 días desde la fecha de emisión del documento, por lo que su entrada en Japón debería producirse antes de que finalice este mes de julio.
Una decisión personal en un contexto judicial complejo
Fuentes próximas a David Sánchez citadas por el diario ABC aseguran que se encuentra "muy afectado" por la presión mediática y social que ha supuesto su imputación. Los vídeos de su declaración judicial se hicieron virales, y la exposición pública le ha pasado factura. En ese contexto, habría decidido priorizar su vida familiar y refugiarse en Japón, donde reside su esposa, Kaori Matsumoto, junto a la hija de ambos.
Matsumoto, de nacionalidad japonesa, trabaja desde hace años para un organismo de Naciones Unidas dedicado a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Su destino actual está en Wakayama, al sur de Osaka, lo que explica la decisión de Sánchez de instalarse con su familia en esa región, situada a más de 15.000 kilómetros de España.
Pese a su marcha, la justicia española no le ha impuesto ninguna medida cautelar que limite su libertad de movimientos. La jueza Biedma no consideró necesario retirarle el pasaporte ni restringir sus viajes, aunque Sánchez tiene la obligación legal de regresar al país si finalmente se celebra el juicio.
Una causa judicial que sigue su curso
David Sánchez está procesado por presunta prevaricación y tráfico de influencias, en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, cuando su hermano ya era secretario general del PSOE. Según la acusación, el puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas habría sido creado ad hoc para beneficiar a Sánchez, sin respetar los principios de igualdad y concurrencia en la contratación pública.
En el mismo procedimiento figuran otros diez acusados, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y varios altos cargos de la institución provincial. La jueza entiende que todos ellos habrían participado en un proceso de selección dirigido a favorecer la colocación del hermano del actual presidente del Gobierno.
Curiosamente, Gallardo no era afín políticamente a Pedro Sánchez en aquella época, ya que apoyó a Susana Díaz en las primarias del PSOE de 2017. Aun así, la magistrada sostiene que existió una maniobra concertada para crear un puesto específico para David Sánchez.
La Fiscalía pidió el archivo, pero el caso sigue adelante
La particularidad de este proceso es que la Fiscalía no comparte el criterio de la jueza instructora. El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa, al considerar que no había indicios suficientes para sostener la acusación. Sin embargo, la magistrada decidió continuar con el caso atendiendo a la acusación popular, que representa a un colectivo de ciudadanos que denunció los hechos.
Beatriz Biedma justificó su decisión amparándose en la doctrina del Tribunal Supremo, que permite a la acusación popular impulsar un juicio cuando no existe un interés particular afectado y la Fiscalía no acusa. En su auto, explicó que la prevaricación administrativa es un delito que afecta al interés general, por lo que cabe la acción popular en solitario.
Próximos pasos: recurso en la Audiencia Provincial
El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, ha recurrido la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Si esta instancia confirma la decisión de la jueza instructora, el caso pasará a la fase de juicio, aunque debido a la saturación de los juzgados, la vista podría celebrarse ya en 2026.
En cualquier caso, el hermano del presidente del Gobierno mantiene la condición de procesado, y su retorno a España sería obligatorio si el tribunal establece fecha para la celebración del juicio. Por ahora, su mudanza a Japón se interpreta como un cambio de vida personal, en un momento en el que su situación judicial sigue sin resolverse.