La pesadilla de Tamara Falcó y otros influencers con Hacienda: se acabó el chollo

No son pocos y pocas las que han encontrado su paraíso particular en las redes sociales, donde le sacan partido a la influencia que pueden tener sobre otras personas para hacer publicidad de ciertos productos, experencias o viajes y ganarse la vida (y de qué forma) con ello. Pero a partir de este sábado 17 de febrero, la cosa cambia, pues los influencers tendrán la obligación de informar de manera clara a sus seguidores de la publicidad que difunden en Instagram u otros altavoces.

Así las cosas, faltan tan solo unas horas para que se cumpla el plazo y todos los países de la Unión Europea y de todas las plataformas digitales, independientemente de su tamaño, adopten la Ley de Servicios Digitales europea, que entró en vigor el 16 de noviembre de 2022.

Tamara Falcó es una de las influencers del panorama patrio que verá afectado su contenido, pues tal y como ya recogimos hace unos meses, la marquesa de Griñón no suele tirar de etiquetas para indicar qué contenido es publicitario y no en sus redes. "Tamara estaría marcando como contenido normal algo que lo debería marcar como colaboración pagada. Además, todas estas colaboraciones, regalos y demás retribuciones deben ser declaradas a la Hacienda Pública, tal y como se detalla en la legislación actual", llegó a explicar en Telecinco José Noblejas, experto en marketing digital.

La hija de Isabel Preysler y el desaparecido Carlos Falcó no es la única que suele omitir ciertas indicaciones en sus publicaciones comerciales, pues el 70% de los influencers españoles no informa claramente de qué contenidos son publicidad. Muchos creadores de contenido lo hacen para beneficiarse de los algoritmos y que su publicación no aparezca como 'Publicidad' en el feed de Instagram u otras redes. Desde este sábado, como decíamos, la obligación de informar es absoluta tanto en grandes plataformas como en aquellas que tienen menos de 45 millones de usuarios.

Por otro lado, cabe destacar que el Gobierno también está a punto de aprobar el reglamento que impondrán una serie de obligaciones en materia de publicidad y de contenidos (prohibe incitar a la violencia o publicaciones discriminatorias) a los influencers. Esta norma afectará a aquellos creadores de contenidos con más de un millón de seguidores y que ingresen más de 300.000 euros al año.

Hay que recordar que hasta hace no mucho, ninguna influencer declaraba los cohechos a la Agencia Tributaria, ni mucho menos los viajes de los que disfrutaban o los restaurantes a los que acudían a cambio de publicidad en redes. Pero el cuento (y la ley) cambió: no se consideran ingresos como tales pero sí retribuciones y, por tanto, hay que informar.

La Ley General de Comunicación Audiovisual (publicada en el BOE en julio de 2022) define a los influencers como prestadores de servicios de comunicación audiovisual y, como tales, deben estar dados de alta como autónomos o bien tener su propia sociedad y deberán, a su vez, inscribirse en un Registro Estatal. Además de facturar su actividad profesional como la de cualquier otro trabajador por cuenta propia, deben comunicar cualquier servicio (viaje, restaurante, sesión de belleza, manicura...) que reciban a cambio de una publicidad o mención en redes sociales, así como los regalos (ropa, bolsos...) que reciben por parte de las marcas, pues la Agencia Tributaria los considera susceptibles de declaración.

Así pues, los servicios por los que un influencer debe declarar a Hacienda se dividen en cinco categorías: la publicidad directa, la publicidad por consumo, viajes y regalos, YouTube (en el caso de que la plataforma ingrese al titular de la cuenta una comisión por publicidad aleatoria) y venta de productos.

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