Los trabajadores de Gamesa culpan a Siemens de los fallos de sus aerogeneradores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, se reunieron el pasado viernes en Málaga para abordar los avances de la Presidencia española del Consejo Europeo en medio del enorme enredo que está provocando la crisis de Siemens Gamesa (SGRE).

Ambos mandatarios aprovecharon la reunión para analizar la situación de las relaciones bilaterales pero dejaron el comunicado oficial de su encuentro huérfano de cualquier referencia a los problemas del fabricante de aerogeneradores hispano-alemán.

Hasta el momento, tanto el Gobierno alemán como el español se han mostrado dispuestos a ofrecer ayudas millonarias para apoyar el mantenimiento de la cadena industrial europea de energía eólica, pero la discusión persiste en cuál será el ajuste necesario para mantener la viabilidad de la compañía frente a la creciente competencia de los fabricantes chinos y el impacto de esta crisis en el ritmo de la transición energética europea.

En el caso de Gamesa, a la crisis sectorial se le suma la individual por los problemas tecnológicos de varios de sus aerogeneradores, que han provocado este año unas pérdidas del orden de 4.500 millones de euros –que seguirá incrementándose por los costes de las reparaciones– y la renuncia a contratos por cerca de 1.000 millones solo en el último trimestre.

Gigafactoría en Berlín

El Gobierno alemán y la matriz de la compañía, con la que hubo un encuentro el miércoles para inaugurar la primera gigafactoría de electrolizadores en Berlín, habrían alcanzado ya un acuerdo para disponer las garantías millonarias necesarias para que Siemens Energy pueda recuperarse del impacto económico de esta crisis.

Estas garantías podrían llegar a 15.000 millones de euros de los que el 80% (10.000 millones) los pondría el Ejecutivo de Scholz y el otro 20% (5.000 millones) correrían a cargo de la banca, pero en ningún caso se trataría de un rescate público, tal y como certificó el presidente del consejo de supervisión de Siemens Energy, Joe Kaeser.

Tras estas informaciones, las acciones de la compañía se revalorización el jueves un 6,3%, pero la desconfianza de los inversores volvió a desinflar el valor este viernes en un 3% a la espera de la presentación de unos resultados de infarto y de un Capital Markets en el que se auguran fuertes recortes de empleo, tanto en fábricas como en oficinas, y desinversiones.

"Sobre la mesa está incluso la decisión de desprenderse de la división Onshore, que desarrolla y fabrica los aerogeneradores terrestres, y para la que trabaja la inmensa mayoría de las personas de la compañía en España", indican los cuatro sindicatos de Gamesa.

En los últimos años, la compañía ha anunciado un total de seis profit warnings: sobre los resultados del tercer trimestre de 2020 (junio de 2020), tercer trimestre de 2021 (julio de 2021), primer trimestre de 2022 (enero de 2022), segundo trimestre de 2022 (abril de 2022), y en el tercer trimestre de 2022 (junio 2022).

Frente a un margen bruto del 12% al 13,5% durante el periodo de 2017 a 2019, en el periodo 2020 y 2021 dicho margen se desplomó a niveles del 4% al 5,6%, e incluso negativo en septiembre de 2022. A ello contribuyeron la mayor dotación de provisiones por contratos onerosos ante los problemas de la plataforma 5.X -314 millones de euros- y la aparición de los primeros costes de fallos y reparaciones relacionados con las plataformas legacy de onshore (aerogeneradores de plataformas lanzadas en años anteriores ya instalados y con plazos de garantías vencidos y cuyo contrato de operación y mantenimiento sigue gestionado por SGRE).

Desde comienzos de 2021, la cotización de SGRE, Vestas y Nordex inició –casi al mismo tiempo que se encarecían los tipos de interés– una tendencia bajista por la continua comunicación de profit warnings y revisiones de guías como consecuencia de la subida del coste de las materias primas, del transporte y los problemas en la cadena de suministros.

Guerra de Ucrania

Esta situación se vio agravada a comienzos de 2022 por el estallido de la guerra en Ucrania, circunstancia que ha incrementado la magnitud de los problemas que venían arrastrando los fabricantes de molinos de viento, necesitando en algunos casos de inyecciones de capital para asegurar la viabilidad de las compañías.

Gamesa había registrado pedidos de la plataforma 5.X por un total de 4,5 GW –más de de 800 turbinas– en países como Suecia, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Brasil y España. Concretamente, la compañía llegó a instalar un centenar de estos problemáticos aerogeneradores, principalmente, en Dinamarca, Suecia, Brasil y España.

Entre las empresas que los contrataron figuran Iberdrola, Engie, OX2, European Energy, Tekniska, Prime Capital y Enlight y la brasileña Patria Investimentos, que realizó el mayor pedido con un total de 75 turbinas para un parque de 465 MW.

Ante esta situación de crisis, la compañía decidió paralizar los pedidos de dicha plataforma 5.X, lo que a la postre puede afectar a las plantas de Ágreda (Soria), Vagos (Portugal), Asteasu (Guipúzcoa) y Camacari (Brasil).

Plantas en jaque

Los sindicatos, no obstante, temen por el futuro de las plantas de Munguía, Asteasu, Lerma, Burgos, Reinosa y San Fernando de Henares.

Esta decisión ha supuesto la renuncia, como decíamos, a contratos por 1.000 millones solo durante su último trimestre, según las cifras que el sindicato UGT asegura que les trasladó el consejero delegado, Jochen Eickholt, en una reunión el pasado 20 de septiembre.

Los sindicatos mayoritarios en España (UGT FICA y CCOO Industria), solicitaron entonces una reunión institucional con el presidente de Siemens Gamesa y CEO de Siemens Energy, Christian Bruch, para aclarar la situación que se fijó inicialmente para el lunes 16 de octubre pero que, ante la gravedad de la crisis, fue "pospuesta" por la empresa hasta el 24 de noviembre.

De este modo, el encuentro con los sindicatos se celebrará tras el Capital Market Day donde se espera que el fabricante anuncie medidas de ajuste. "Algo que nos transmite unas malísimas sensaciones en relación con las decisiones pendientes y su futuro impacto en SGRE España" explica el sindicato.

Desde UGT FICA sostienen que no entienden que "no se hayan tomado ya medidas para reducir los costes de las actividades, como por ejemplo, la restricción de los viajes (incluso de algunos vuelos privados con costes astronómicos utilizados por el CEO de Siemens Gamesa), o la limitación de nuevos procedimientos y sistemas, que han generado una cantidad ingente de horas improductivas o los continuos eventos corporativos y videos online que nos programan cada semana, que nos hacen perder tiempo pero que, en realidad, no solucionan nada".

Para afrontar esta crisis, Eickholdt el consejero delegado de Gamesa y uno de los mayores expertos de Siemens en reestructuraciones, estableció un "comité especial de supervisión" dentro de Siemens Energy para centrarse en tres áreas: análisis de los aspectos técnicos y tecnológicos, análisis del plan de negocio y análisis legal de la situación.

Un segundo comité está ligado a Siemens Gamesa e incorpora tanto directivos de la compañía como de su matriz alemana para resolver los problemas diarios que tenga que atender el fabricante.

Problemas en el 'offshore'

Siemens Energy advirtió ya en julio que los problemas técnicos de sus plataformas 4.X y 5.X le podían generar un coste de, al menos, 1.000 millones pero tras llevar a cabo esta investigación sobre la situación y el impacto de estos fallos, elevó dicho impacto hasta los 2.200 millones, un total de 1.600 millones por futuros gastos de reparación así como el impacto fiscal y alerta de nuevos problemas en el área offshore de los que se espera conocer más detalles en la próxima presentación de resultados.

Choque con Dinamarca

Pese a todas estas comisiones, UGT achaca los problemas a los cambios de organigrama "nombrando a compañeros daneses en puestos de responsabilidad que, lejos de ayudar en este negocio, su único interés ha sido intentar rescatar su modelo de aerogenerador poniendo piedras en el camino para que los modelos SG5X y SG4X no funcionaran y pudieran fabricar en su país su propio modelo de aerogenerador".

Los sindicatos informaron de la situación al ministro de Industria, Héctor Gómez, y le pidieron que se implicara en la solución ya que ahora se enfrentan a una situación en la que "no hemos estado nunca, pero avisamos que vamos a defender nuestros puestos de trabajo, ya que todo hace indicar que las decisiones que se comunicarán el 21 de noviembre tendrán un gran impacto".

Tras este encuentro, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro de Industria, Héctor Gómez, reunieron el 27 de octubre a los representantes de la cadena de valor del sector eólico. La eólica supone una aportación de 1.028 millones anuales al PIB español y una parte de la misma se encuentra ahora mismo en serio peligro –GE Wind tiene un ERE en marcha y LM Wind un ERTE– y prometieron ayudas para salir adelante.

En esta línea, los sindicatos explicaron las situaciones críticas que atraviesan empresas como Siemens Gamesa o General Electric, que vienen recibiendo históricamente subvenciones y ayudas millonarias de los países en los que están implantadas, pese a lo cual o bien se encuentran inmersas en procesos continuos de reestructuración o bien han deslocalizado la gran mayoría de sus centros industriales.

España indican es el único país que siempre ha cumplido las reestructuraciones en Gamesa. La empresa acometió en 2022 el plan Mistral con 2.900 despidos (475previstos en España de los que se han cerrado 455) pero las negociaciones aún siguen abiertas en países como Dinamarca (800) o Alemania (300).

A lo largo de los últimos años recuerdan, en España se han cerrado ya las plantas de Miranda (133 empleos), Aoiz (239 empleos), Cuenca (51 empleos) y Somozas (215 empleos) para reforzar la producción del antiguo fabricante portugués Senvion en la planta de Vagos.

Ante los riesgos de cierre o de venta que sobrevuelan en la compañía, los Gobiernos regionales han decidido tomar cartas en el asunto para defender sus posiciones.

El Parlamento cántabro ha instado a su Gobierno regional a intentar mantener una reunión con el CEO de Gamesa Electric –una de las posibles filiales en venta– para salvaguardar el futuro de la planta de Reinosa –que se pretendía vender a ABB– junto con sus 222 puestos de trabajo. El Gobierno vasco ya se habría reunido también el pasado día 18 con el CEO de Gamesa Electric para impulsar el futuro de las plantas vascas.

Los sindicatos explicaron que esta situación se produce tras las medidas anunciadas por la Comisión Europea que "ponen sobre la mesa y a disposición de los fabricantes de aerogeneradores tanto financiación y ayudas directas, como cambios en la regulación de las subastas, tal y como solicitaban los propios fabricantes, aunque no obligan a las empresas beneficiarias a mantener el empleo existente, ni ponen en valor el contenido local de la cadena de suministro o la presencia industrial de manera explícita a la hora de conceder el permiso para la instalación de parque eólicos. Estos son aspectos que consideramos muy importantes para que la industria eólica se desarrolle, por lo que esperamos que, desde la Comisión Europea, se siga trabajando en mejorarlos y regularlos".

Por el momento, la crisis de Gamesa ha llamado ya la atención de tres despachos de abogados estadounidenses, que están analizando la posibilidad de presentar una class action, tal y como han hecho público varias firmas habituales en este tipo de casos como son Faruqui & Faruqui, Pomerantz LLC y The Schall Law.