Los sindicatos preparan una contrapropuesta al ultimátum de Alcoa

El comité de la planta de Alcoa en San Ciprián (Lugo), planteará una contrapropuesta al planteamiento "definitivo" formulado ayer por la empresa, que exige el levantamiento de la huelga para avanzar en las negociaciones sobre el futuro de la instalación. No ha trascendido la propuesta de la empresa, que analizan los servicios jurídicos de los sindicatos.

"Debido a la complejidad del proceso jurídico en el que nos encontramos, antes de enviar dicha propuesta será valorada por los abogados de todos los sindicatos", explica el comité de empresa en un comunicado enviado esta tarde a Efe.

Los representantes de los trabajadores han celebrado un pleno extraordinario para analizar la propuesta que ayer, martes, planteó la compañía, después de las dos reuniones telemáticas celebradas en días consecutivos, y de la cual tampoco se conocen los detalles.

"Debido a que continuamos en un proceso de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del cual Alcoa se niega a desistir, hemos acordado una propuesta que lleve a un acuerdo definitivo para que Alcoa se siente a negociar la venta con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)", expone el Comité.

José Antonio Zan, presidente del Comité afirmó este miércoles que la representación de los trabajadores no tendría "ningún problema en llegar a un acuerdo" con la multinacional "siempre y cuando" tenga "garantías" en relación con una "salida a la problemática de la planta", pero de momento la empresa "no ha desestimado continuar con el proceso de ERE".

Negociaciones con la Sepi

Aunque de momento no han trascendido los términos de esa propuesta "definitiva" por parte de Alcoa, el presidente recordó que el comité se "ofreció a suspender la huelga a cambio de que Alcoa negociase con la Sepi y, al mismo tiempo, se abriese una negociación interna para hablar del tema del rebrascaje -reparación de las cubas de electrolisis que llegan al final de su vida útil, del rearranque de las cubas, y del personal de la planta".

En la anterior reunión, la semana pasada, los sindicatos y la compañía habían alcanzado un acuerdo para crear un órgano independiente, con presencia de la Sepi, que hiciera un seguimiento de las negociaciones entre ambas partes.

Poco antes La multinacional norteamericana anunció la semana pasada que estaba dispuesta a estudiar la venta de sus instalaciones al grupo empresarial público, ahogada por el bloqueo de los huelguistas, que desde hace tres meses y medio impiden la salida de la producción de la planta de aluminio primario.

La presión de los trabajadores está provocando que sus clientes se abastezcan de producto foráneo, lo que podría derivar en el cierre definitivo de toda la instalación; Alcoa quiere mantener la producción de alúmina -la base del aluminio-, con la que sí obtiene rentabilidad.

El Ministerio de Industria ya ofreció en septiembre la posibilidad de realizar la compra a través del holding público, como paso previo a su traspaso definitivo al fondo Liberty, pero Alcoa rechazó tal posibilidad. En aquel momento, Liberty estaba dispuesta a comprar sólo la planta de aluminio si se garantizaba el abastecimiento de alúmina durante 20 años con condiciones ventajosas.

El rechazo al traspaso a la Sepi fue clave para que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anulara el ERE para los 524 trabajadores a mediados de diciembre, obligando a la empresa a readmitirlos. El Tribunal entendió que había "mala fe" por parte de la multinacional, puesto que estaba claro que, tras la oferta de la Sepi, había otra alternativa al cierre.

Pérdidas de más de 8 millones

En ese momento, la multinacional emitió un comunicado en el que se defendía, sosteniendo que "ha actuado de buena fe y con pleno cumplimiento de la legislación". Valoró en 10 millones de dólares -8,1 millones de euros al tipo de cambio actual- el perjuicio que le había generado la huelga de los empleados, pero igualmente anunció que recuperaba los 30 o 40 millones de dólares -de 28 a 32 millones de euros- que había asignado a las indemnizaciones por despidos, e insistió en la necesidad de reestructurar las instalaciones de San Ciprián, porque adolece de "problemas estructurales importantes y permanentes".

Tras conocer el fallo de los jueces, la titular de Industria, Reyes Maroto, anunció que el Ejecutivo "está abierto a alcanzar una solución negociada que mantenga las capacidades industriales de la comarca de A Mariña". El pasado octubre la ministra fue más dura y proclamó que llegaría "a donde tenga que llegar".

Además de la buena disposición del Gobierno para el traspaso a la Sepi, habría que saber si se mantiene en pie la oferta de Liberty. El Grupo está ampliando sus negocios y acaba de arrendar una planta en Polonia -Huta Czestochowa, con 1.200 trabajadores-, como paso previo a la compra. Es la séptima operación en los últimos 12 meses de la firma del británico Sanjeev Gupta.