Benjumea se querella contra Urquijo y su equipo por el vaciamiento de Abengoa

Inversión Corporativa (IC), el vehículo a través del que los Benjumea y otras familias andaluzas que fundaron Abengoa la controlaron hasta 2017, ha interpuesto una querella ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra el consejo de administración presidido hasta hace unas semanas por Gonzalo Urquijo por la reestructuración aprobada en 2019 y que ha supuesto el vaciamiento de la compañía con el traspaso de la mayoría de los activos y los negocios a Abengoa Abenewco 1, según explican fuentes conocedoras del proceso a elEconomista.

Inversión Corporativa controla en la actualidad más del 2% de Abengoa, frente a más del 50% que ostentó hasta marzo de 2017, cuando la primera reestructuración diluyó a los antiguos accionistas de la ingeniería andaluza un 95%. Al frente de la sociedad ha vuelto a colocarse hace apenas tres meses Felipe Benjumea Llorente, hijo del fundador de la Abengoa y presidente de ésta hasta septiembre de 2015, cuando el Santander impuso su cese.

IC interpuso la querella el pasado mes de junio, sólo unas semanas después de que Abengoa anunciara un nuevo plan de viabilidad y la negociación de otra reestructuración, la tercera en cuatro años, que implica la dilución de la matriz del 77,5% al 2,7% en el capital de Abenewco 1, condicionada a refinanciar una deuda de 153 millones con proveedores cuya consecución se revela a día de hoy casi inviable.

La querella ha atraído el interés de un grupo de accionistas minoritarios que ya se han puesto en contacto con IC para analizar sumarse a la misma. Forman parte en su mayoría de AbengoaShares, aunque esta plataforma como tal no se adherirá y será una negociación individual de cada inversor.

IC denuncia la ocultación y denegación de información a los accionistas y la imposición de acuerdos abusivos por parte del consejo

La demanda deviene de la existencia, a juicio de IC, de indicios de que el consejo de Abengoa, destituido en la junta extraordinaria del pasado 17 de noviembre, "ha podido despatrimonializar la compañía en favor de los acreedores financieros, perjudicando con ello a Abengoa y a los accionistas y pequeños ahorradores", según señalan documentos de IC. Esto habría tenido lugar con la ocultación y denegación de información a los accionistas y la imposición de acuerdos abusivos, de manera que todo ello, además, "habría alterado el valor de la cotización de las acciones de Abengoa". Según IC, "con la excusa de la segunda reestructuración -de 2019- se habrían sustraído a Abengoa sus principales activos esenciales, dejándola inevitablemente a valor cero en la actualidad".

IC, que está asesorada por el bufete De Carlos Remón, recuerda que la primera reestructuración "se concibió como definitiva para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de Abengoa" y, sin embargo, apenas un año y medio después, en septiembre de 2018, el consejo puso en marcha una segunda reestructuración que "en modo alguno obedecía a imperativas necesidades de Abengoa, ni su acometimiento permitía la continuación de su actividad social". "La mayor evidencia de ello es que, tan solo unos meses después de su aprobación, a 31 de diciembre de 2019, ya se encontraba incursa en causa de disolución, viéndose obligada a pactar una tercera reestructuración con carácter urgente".

Demanda a Santander y HSBC

IC, que está participada por las familias Benjumea Llorente, Aya Abaurre, Abaurre Llorente, Guardiola Solís y Sundheim Losada, Finarpisa, Ardachón y otros accionistas tienen abierta una demanda contra Santander y HSBC en la que reclaman la pérdida patrimonial que a su juicio les ocasionó la decisión del banco cántabro de abortar en septiembre de 2015 la ampliación de capital de 650 millones de Abengoa. La reclamación alcanza los 1.000 millones. En noviembre se celebraron las vistas orales y a comienzos de febrero tendrán lugar las defensas periciales.