El Gobierno ultima un rescate de unos 270 millones para el autobús urbano

El Gobierno está a un paso de aprobar el rescate para el autobús urbano (EMT), que se quedó fuera de las ayudas de 800 millones de euros destinadas a compensar el déficit del transporte público por depender de los ayuntamientos.

El Ministerio de Hacienda lleva semanas negociando con la Federación de Municipios la creación de este fondo, de unos 270 millones de euros, y aunque se ha trasladado al sector que se podría anunciar oficialmente la semana que viene, tras el último Consejo de Ministros de julio, otras fuentes señalan que su aprobación definitiva se podría retrasar hasta la primera semana de agosto debido a que algunos alcaldes están poniendo pegas al plan global de financiación de los consistorios.

Los problemas con los consistorios por el uso del superávit dificultan dar luz verde a la ayuda

Y es que el fondo para compensar el déficit del autobús urbano forma parte del acuerdo negociado entre la Federación y Hacienda para permitir que los ayuntamientos utilicen parte de su superávit de 14.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica tras la pandemia del coronavirus. Aunque el dinero para el transporte público no saldría del superávit, sino de una partida habilitada directamente por Hacienda, la idea inicial es que salga adelante junto. Eso sí, ante los problemas no se descarta separarlo.

"Esperemos que se apruebe el martes y que se reparta equitativamente, pero no tenemos ninguna certeza por parte del Ministerio", señalan fuentes del Ayuntamiento de Valencia consultadas por este diario. En esta línea, fuentes cercanas a las empresas de transporte colectivo explican que en una reunión con Ricardo Lorka, director del Gabinete del Ministro de Transportes, y Mar Ruipérez, de planificación, se les trasladó que el fondo sería aprobado y anunciado oficialmente en la última semana de julio.

Reclaman las ayudas para compensar el déficit por las restricciones a la movilidad y la baja demanda

Las asociaciones del sector y los consorcios de transporte llevan semanas reclamando que se desbloqueen las ayudas para el autobús urbano, que arrastra un déficit elevado por las restricciones a la movilidad, la caída de la demanda y el aumento de los costes por las medidas que se han tenido que poner en marcha para garantizar la seguridad sanitaria a bordo. Es importante que las empresas tengan garantizados o comprometidos los ingresos para facilitar su acceso a la financiación (endeudamiento bancario) y poder seguir pagando el servicio aunque los ingresos se hayan desplomado.

Los autobuses de la EMT operan en casi todas las ciudades al cien por cien de su capacidad para garantizar lo máximo posible la distancia social, lo que implica un coste añadido en verano, donde se suele recortar la oferta para adaptarse a la menor demanda típica del periodo estival. Una caída que está siendo mucho más pronunciada este año debido al teletrabajo, el desplome del turismo y la pérdida de empleos.

El transporte opera a un 55% de su capacidad y no se esperan repuntes de tráfico de pasajeros

Según los datos de ATUC, el transporte está a un 55% de su capacidad y se espera que siga así hasta octubre. La recuperación depende de la reapertura de las aulas y la vuelta a las oficinas, entre otras cosas. En Madrid, por ejemplo, la EMT registra un descenso del 42% del tráfico de pasajeros, mientras que la caída del metro supera el 45%. Ante este complicado panorama por la lenta recuperación de la actividad, Hacienda ha abierto la puerta a que la dotación del fondo se eleve hasta los 400 millones para compensar el déficit generado hasta diciembre. Se tendría que justificar.

El Gobierno aprobó a principios de junio ayudas por 800 millones de euros para compensar el déficit operativo del transporte público gestionado por las comunidades autónomas (metro, tranvía y autobús periurbano). El objetivo del Ejecutivo era compensar los tres meses que el transporte ha estado operando prácticamente sin pasajeros por las restricciones a la movilidad aprobadas por frenar la propagación del coronavirus. En concreto, se abonará un 33% de los ingresos por la venta de billetes que cada empresa publicó en las cuentas de 2018.

El problema que enfrentan ahora los consorcios de transporte es que el dinero no va a llegar hasta diciembre, lo que las deja en una situación de debilidad. Como ya se ha apuntado, la demanda no se recupera obligando a las compañías a operar al máximo nivel con unos ingresos sustancialmente más bajos, aumentando el déficit que arrastran desde que en marzo se paralizó la economía y la vida en las poblaciones.

Fuentes del sector explican que algunas comunidades autónomas están intentando adelantar el dinero a las empresas de transporte, pero al no tener claros los protocolos de actuación y reconocimiento de los gastos no se atreven por si acaso Hacienda pone pegas a la hora de realizar las transferencias a final de año. En este punto, señalan que, aunque tienen reconocidos los ingresos, muchas compañías no pueden endeudarse para seguir funcionando porque exceden sus límites.