El Gobierno moviliza 1.773 millones más para ayudar al transporte

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que el transporte de mercancías y pasajeros por carretera llevaba semanas esperando. Aunque los detalles publicados de las ayudas a "la reactivación económica" no cubren ni de lejos las medidas solicitadas por las patronales para asegurar la supervivencia del sector, sí que recogen una de las principales demandas: el aplazamiento de las cuotas de renting o leasing de los vehículos. El texto, presentado por el ministro José Luis Ábalos, también incluye un balón de oxigeno para Renfe y Seittsa y medidas de alivio el sector portuario, elevando el presupuesto de este nuevo plan a los 1.773 millones.

Así, las ayudas para garantizar la liquidez de las empresa de transporte del sector privado se centran en aprobar moratorias en los pagos de los leasing, renting o cualquier tipo de crédito vinculado a la adquisición de vehículos de mercancías de más de 3,5 toneladas y autobuses de transporte discrecional, uno de los sectores que más sufre la crisis. "Esta medida permitiría un aplazamiento de hasta 250 millones de euros para el transporte discrecional de viajeros y de hasta 330 millones en el caso de mercancías", señala el Ministerio.

Se han aprobado medidas para el reequilibrio de las concesiones de las líneas de autobús interurbano

También se han aprobado medidas para el reequilibrio de las concesiones de las líneas de autobús interurbano de competencia estatal. Las compañías tendrán que demostrar las pérdidas causadas por el coronavirus (caída de ingresos y mayores gastos por la limpieza y seguridad), eliminando de la cuenta los ahorros generados por los Erte y las expediciones anuladas. Este reequilibrio está valorado en 14 millones. En este punto, Ábalos ha recordado que las concesiones de obra pública y autopistas también tienen derecho a un ajuste de sus contratos si acreditan pérdidas por la pandemia.

En cuando a las empresas públicas, ha elevado la capacidad de endeudamiento de Renfe para que pueda captar liquidez en el mercado y músculo financiero con el que recuperar la actividad con más solvencia y velocidad, tal y como adelantó este diario. "La norma aumenta la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los 1.000 millones, con el fin de compensar la caída de demanda e impulsar la recuperación de servicios", señala Transportes en un comunicado, en el que también explica que se van a aportar 110 millones de euros extra a Seittsa "para que pueda atender sus compromisos de obras públicas en el medio plazo". Las medidas también incluyen recortes en las tasas portuarias por 63 millones, que se añaden a las medidas ya aprobadas para el sector por 250 millones.

"Estos fondos se suman a los 800 millones ya comprometidos y destinados al transporte público en las comunidades autónomas", explica Ábalos, que todavía tiene pendiente aclarar qué pasa con los autobuses de la EMT. Más allá de las ayudas económicas, el decreto incluye otros dos ejes: medidas para proteger la salud de los trabajadores y viajeros garantizando la disponibilidad de los vienes y servicios esenciales y para "reducir las cargas administrativas simplificando los procedimientos y trámites para la reactivación", explicó Ábalos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que especificó que se amplía tres meses la vigencia de las ITVs.

Se prohíbe por ley acceder a las terminales de los aeropuertos con acompañantes

"En lo que se refiere al sector aéreo, este decreto establece la obligatoriedad de las medidas que tomamos como recomendaciones de Agencia Europea de Seguridad Aérea (Easa) sobre las que se establecieron las directrices de seguridad para el transporte aéreo, bien en instalaciones aeroportuarias, bien en los aviones. Este decreto hace que sean obligatorias", aseguró Ábalos, que, como ejemplo, señaló que va a estar prohibido que los viajeros entren a la terminal con acompañantes.

El Real Decreto también incluye un apartado para la vivienda. Además de las prórrogas a las ayudas al alquiler y la moratoria de hipotecas, que se podrán pedir hasta septiembre, y tendrán una duración de tres meses, Ábalos ha anunciado una modificación legal para poder ceder suelo público a coste cero a las empresas privadas para que construyan vivienda social para alquiler. "El pago del canon tiene que ver con la limitación de esos alquileres sociales y esta disposición nos permite que el canon pueda llegar a ser cero. No tiene por qué ser cero, dependerá de los precios, de lo que se construya y dónde se construya. Pero nos permite, en un momento dado, que los constructores no tengan que pagarlo", explicó Ábalos. La concesión de los suelos tendrá una duración máxima de 75 años y los promotores estarán obligados a mantener los edificios y gestionar los alquileres durante ese periodo.

No se cortan los suministros

El Ministerio de Transición Ecológica ha reivindicado como propia la propuesta de ampliar los plazos para el bono social, que ha sido adoptada en el Consejo de Ministros a propuesta de la vicepresidenta, Teresa Ribera. La medida ha formado parte de una ampliación del llamado escudo social del Gobierno, que ha sido presentado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que asume así un paquete de medidas que tocan a varios.

Pese a eso, la comunicación de la medida no ha recaído en el departamento de Asuntos Sociales, sino que ha sido el área de Teresa Ribera quién ha emitido la nota. Iglesias ha agradecido, por su parte, la colaboración de Ábalos, pero no ha citado a la vicepresidenta Ribera, que no participó en la rueda de prensa, pese a que se ha dado luz verde a otras dos importantes medidas en materia energética.

La prórroga del bono social beneficiará a los 25.900 autónomos que se habían acogido a esta medida, así como a los más de 70.000 usuarios que tenían que renovar la prestación.

En el decreto se prorroga la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que sea primera vivienda. Esta prohibición, habilitada durante el estado alarma, se amplía hasta el 30 de septiembre y no se podrán realizar cortes incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos suscritos. La prohibición de cortes en los suministros está dirigida exclusivamente a a la vivienda habitual de particulares, cuestión que el consumidor podrá acreditar a través de cualquier medio documental.

Se amplía igualmente el periodo de tiempo por el que no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente de pago y la suspensión de suministro. Por tanto, si el primer aviso de pago se ha producido desde el inicio del estado de alarma hasta el 30 de septiembre, los plazos que han de transcurrir hasta que se pueda cortar el suministro empezarán a contar el 1 de octubre.

Agilizan los procesos para desplegar 60 gigavatios de renovables hasta 2030

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de los reales decretos que regulan el nuevo régimen de subastas de energías renovables y el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas. Con ello, el Gobierno agiliza la tramitación de sendas normas, que contribuyen a dotar de certidumbre y seguridad jurídica al marco normativo energético, preparándolo para el despliegue ordenado de energías renovables que vivirá el sistema energético español en los próximos años. Esta masiva penetración renovable -60 gigavatios hasta 2030- tendrá un efecto tractor sobre la cadena de valor industrial y la competitividad del país, generando actividad económica y empleo sostenible, en el contexto de la reactivación económica tras el covid para tratar de atraer una inversión de 90.000 millones.