El aumento de la inseguridad jurídica pone en riesgo la inversión extranjera

Los vaivenes en la política económica del Gobierno y la animadversión declarada de Podemos a la empresa privada pueden suponer un importante riesgo para la inversión internacional en España. Los expertos consultados por elEconomista hacen un llamamiento a la certidumbre regulatoria para que los inversores sigan viendo al país como un importante destino de sus recursos. Sólo la inversión de los fondos de capital privado en España ascendió a 8.513 millones de euros en 2019, el 42% más que el año anterior. De esa cantidad, el 81% procedía de fondos internacionales. A esta cifra habría que sumar también la de las grandes multinacionales que han apostado por España como destino de su inversión, algo que podría cambiar en el medio plazo si se impone una regulación y una fiscalidad contraria o poco favorable al desarrollo de sus negocios. Para Francisco Uría, socio responsable del sector financiero y socio principal de KPMG Abogados, "la seguridad jurídica es fundamental para todo inversor, nacional o extranjero. Los inversores priorizarán siempre la inversión en mercados, países o sectores en que el riesgo regulatorio sea menor".

En los últimos años, el capital internacional ha llegado a un gran número de sectores en España muy ligado a los fondos de capital privado: desde la agricultura a la restauración pasando por el inmobiliario, las infraestructuras o la sanidad. Sin embargo, a diferencia de la tesis mantenida por la formación morada, los números avalan a los negocios participados por fondos de capital privado. En la década 2005-2015 (en plena crisis económica), el empleo en las empresas participadas por capital privado creció el 30%, frente a la destrucción de empleo (2,8%) que se produjo en las no respaldadas por estos inversores, según los datos revelados por Ascri. En términos de ventas, las empresas participadas por fondos elevaron su crecimiento el 8% frente al 0,8% de las no participadas por fondos.

Para Íñigo del Val, socio de M&A de Allen & Overy, "la estabilidad del marco jurídico es fundamental para atraer inversión extranjera al país. Un marco laboral y fiscal estable es crítico para poder realizar planes de negocio realistas y por ende valoraciones de compañías acertadas y seguras; algo imprescindible para invertir en el sector productivo por los fondos de inversión, pero también por los industriales. En determinados sectores regulados en España y objetivo histórico de inversiones extranjeras como infraestructuras y energía, la necesidad de un marco regulatorio estable y racional es fundamental para que esa inversión se revitalice y aumente. No me cabe dudas que la inversión extranjera aporta riqueza al país en general".

El caso del inmobiliario

Por ejemplo, uno de los sectores envueltos ahora en la polémica es el de las residencias de ancianos, que hace años vivieron una consolidación de la mano de los fondos. Algo que permitió a estos centros obtener financiación para acometer mejoras en la calidad del servicio y para proporcionar un mayor número de servicios, según explican diferentes expertos consultados. "No entiendo porqué el Gobierno quiere echar culpar a los operadores privados de la tragedia en las residencias de ancianos y habla de que se han precarizado los servicios cuando, en muchos casos, se han realizado fuertes inversiones para mejorarlos. Realmente hay que analizar caso por caso y hacer un esfuerzo por entender qué es lo que ha fallado para que no vuelva a suceder", explica un directivo del sector que ha preferido no desvelar su nombre. Sobre la nacionalización de las residencias de ancianos explica que "le damos pocas posibilidades y no tenemos pensando frenar de momento nuestro plan de inversiones, algo fundamental para la calidad del servicio".

Por otro lado, otro de los sectores que más capital extranjero ha recibido en los últimos años ha sido el inmobiliario. Sin embargo, y más concretamente el mercado del alquiler, podría ser uno de los más perjudicados por los cambios normativos que le afectan. La participación de la inversión privada y de los grandes fondos en este sector es clave para que España pueda ampliar su parque de vivienda social, ya que la administración no cuenta con el capital suficiente para construir todas las unidades que se necesitan. La colaboración público privada mediante concesiones en las que el Estado aporta el suelo y los inversores levantan las viviendas y las gestionan durante un periodo de tiempo es la fórmula más rápida para incrementar la oferta de vivienda asequible, sin embargo, los fondos advierten de que su apuesta por este tipo de proyectos únicamente será decidida si existe seguridad jurídica. "No pueden cambiarnos las reglas del juego a mitad del partido como se ha hecho hasta ahora", denuncian desde el sector, y aseguran que la inversión "podría verse resentida si se aplican limitaciones a los precios y se siguen haciendo diferencias entre los pequeños y grandes propietarios". Esta situación se ha dado ya en Barcelona en el mercado residencial donde los visados de obra nueva y las licencias para nuevos proyectos han caído en picado después de que el Ayuntamiento aprobara una normativa que obliga a los inversores a destinar el 40% de sus proyectos a VPO y obliga a los inversores a ofrecer un alquiler social a los okupas que llevan en la casa seis meses.

Límites a la inversión foránea

El blindaje del Gobierno a los sectores estratégicos y a aquellos que afecten al orden, la seguridad y la salud pública se ha convertido en uno de los puntos más polémicos desde la entrada en vigor del Real Decreto que regulaba el estado de alarma. Muchos expertos apuntan a que las modificaciones a este artículo generan una inseguridad jurídica que supone una excesiva limitación a la inversión extranjera en España. Por ejemplo, el Gobierno endureció las condiciones de los inversores extracomunitarios que quisieran tomar más del 10% de una compañía española, obligando a contar con una autorización previa del Ejecutivo a aquellas sociedades en las que un inversor extracomunitario ostente más del 25% del capital o los derechos de voto de la sociedad que quiera realizar esta transacción aunque ésta esté domiciliada en la UE. Esto puede suponer un problema para los fondos soberanos o los de capital privado, que gestionan el dinero de inversores extranjeros, como fondos de pensiones o aseguradoras.

Sobre esto, Luis Ques, socio en el área de Derecho Público y Sectores Regulados de EY Abogados, explica que "la introducción de ese trámite adicional constituye una traba que retrasa la ejecución de una parte de las inversiones exteriores. Debe tenerse en cuenta que, con carácter general, el Gobierno dispone de seis meses para pronunciarse sobre la solicitud de autorización. En el caso de que las inversiones en sociedades españolas se sometan a un proceso competitivo, la exigencia de autorización sitúa en clara desventaja a las ofertas que deban condicionarse a la ulterior superación de tal trámite, desincentivando que se produzcan. Por último, la falta de claridad en los contornos del conjunto de operaciones sujetas a autorización provoca que, por prudencia, se expanda su ámbito y sus efectos sobre la inversión exterior".