El sistema hipotecario, en cuestión

El Pleno del Supremo ya fijó fecha para pronunciarse sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el tributo que grava las hipotecas. Será el próximo día 5 cuando se dirimirá si la responsabilidad recae en los clientes o en los bancos.

Pese a lo breve del plazo, existía el peligro de que el mercado hipotecario se paralizara durante ese periodo. Debe valorarse que los bancos trabajan para evitarlo y, en los nuevos contratos se comprometen a suspender el abono del impuesto hasta que el Supremo se pronuncie (la ley ofrece margen suficiente para ello). Además, garantizan que asumirán el pago si el fallo así lo establece.

Ahora bien, persiste una grave incertidumbre jurídica. En el caso de que el Supremo vuelva a decantarse por eximir al cliente del Impuesto, y dé pie a devoluciones retroactivas, lo razonable sería que las reclamaciones se dirijan a la Administración, ya que lo que abonaron los usuarios no lucró a los bancos sino que nutrió las arcas autonómicas con un tributo estatal cedido.

Múltiples bufetes ya trabajan en querellas basadas en la demonización de las entidades y la infantiliziación de los clientes

Con todo, previsiblemente las entidades seguirán apareciendo como el blanco fácil a la hora de obtener compensaciones. Son múltiples los bufetes que ya trabajan en querellas basadas en los argumentos maniqueos tradicionales, que demonizan a las entidades e infantilizan a los clientes, al presentarlos como sujetos carentes de capacidad de decisión.

Es previsible, por tanto, una avalancha de litigios que resulta lamentable no solo por los costes que supondrá. Más grave es el cuestionamiento de las bases mismas de un sistema hipotecario tan competitivo y exitoso como el español, en el que el 80% de las familias (frente a un estándar europeo del 50-60%) hallaron acceso a una vivienda en propiedad.