El Gobierno escruta 264 operaciones en plena llegada de fondos extranjeros

El Gobierno ha visto cómo uno de los pilares económicos que comenzó a aplicar en la pandemia se le ha desmoronado de un momento a otro. Con el rechazo de la mayoría de fuerzas políticas al decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados, además de las tan sonadas medidas como la subida de las pensiones o el fin de las subvenciones al transporte público, también decayó la pasada semana el escudo antiopas, a pesar de la prórroga por dos años –hasta diciembre de 2026– que anunció el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a final de 2024.

Este blindaje a las empresas estratégicas nacionales, que ha intervenido en 264 operaciones entre 2020 y 2023, dejaba en manos del Ejecutivo la autorización de las inversiones extranjeras si estas superaban el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión superara los 500 millones de euros. Todo ello en un momento en el que una de las compañías más importantes a nivel nacional, la fabricante de trenes Talgo, fue protegida en el pasado ejercicio por esta medida de la oferta pública de adquisición (opa) que llevó a cabo la húngara Magyar Vagon.

Aun así, desde el Gobierno aseguran que ya están trabajando en un nuevo blindaje, y afirman que el contexto actual no supone una "indefensión" de las empresas españolas ante el capital foráneo. Y es el que el Ejecutivo, antes de la reglamentación del escudo antiopas, disponía de diferentes elementos jurídicos para frenar las inversiones extranjeras. Se basaba principalmente en la Ley 19/2003, a la cual se le añadió un artículo nuevo sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. Otras normativas proteccionistas que ya se derogaron fue la llamada 'acción de oro': que consistía en que el Estado podía tener una participación especial en empresas privatizadas y vetar la venta de activos a inversores extranjeros.

Desde A&O Shearman, el asociado senior de Derecho Público, Leopoldo Reaño, cree que esta situación también es una oportunidad para mejorar algunos aspectos de esta ley. "Todavía existen numerosos aspectos poco claros en la regulación de este mecanismo que deben ser aclarados, precisados y acotados. Por ejemplo, de acuerdo con la ley, cualquier inversor con inversiones en sectores sensibles en otros países de la UE necesita siempre autorización para invertir en España. Esta previsión no se incluye en los mecanismos de otros países de la UE y genera muchas dudas en la práctica", explica. El socio de M&A y Mercado de Capitales de PwC Tax & Legal, Javier Mateos, incide, además, en los plazos, tanto de consulta (un mes) como de autorización (tres meses). "Es cierto que, como muestran las estadísticas, la Subdirección de Inversiones Exteriores está haciendo un esfuerzo verdaderamente loable en que se acorten, en la práctica, estos plazos. Pero la realidad es que dos o tres meses de espera para inversiones que son patentemente inocuas para la seguridad y el orden público resultan excesivos y, en este sentido, la medida sí puede afectar a la competitividad de España en la atracción de inversión exterior", expone. Para ello, cree que la solución para este problema pasa por "aclarar el ámbito de actuación" y de "establecer lo que propone la Comisión Europea de establecer una primera fase para operaciones menos problemáticas y que éstas se aprueben más rápido".

Con todo ello, a pesar de la existencia de esta medida restrictiva para la llegada de capital foráneo, España ha recibido desde su implantación prácticamente 100.000 millones de euros, a la espera de que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa actualice las cifras hasta final de año, ya que en 2024 solo se disponen de datos hasta septiembre. Una cantidad que no dista mucho de la que se registró en el anterior lustro (2015-2019) cuando España recibió unas inversiones netas –el resultado de las inversiones brutas menos las desinversiones– de 117.500 millones. Esto implica que hubo, a falta de confirmar el dato final de 2024, un 18% menos de fondos extranjeros. Una cifra que, no obstante, está condicionada por la pandemia (no llegó a 15.000 millones, cifra más baja desde 2013) y por el inusual registro de 2018 (45.500 millones) debido a la adquisición de Abertis por parte de la italiana Atlantia junto a ACS por 14.000 millones de euros.

Tan solo dos operaciones no fueron autorizadas

Estos datos aclaran las dudas que surgieron en 2020, cuando se implantó el escudo antiopas en España: "Es indudable que las hubo, pero en nuestra opinión, el mecanismo de control de inversiones extranjeras directas no es un impedimento a las propias inversiones. A ello contribuyen dos factores: que numerosos países de la Unión Europea y de fuera de ella cuentan con un mecanismo similar, y el segundo, que los casos en los que la Administración Pública ha condicionado o denegado una inversión son muy limitados" recalca Reaño.

Y es que, a pesar que desde la creación de este reglamento han pasado por manos del Gobierno los 264 expedientes de inversión extranjera en empresas nacionales mencionados, tan solo dos han sido rechazados hasta el momento. La última, en 2024, es la ya mencionada oferta sobre Talgo, y que aún no consta en los informes de Comercio ya que solo hay hasta 2023.

La otra fue en 2022 y, aunque el Gobierno no exponga en estos informes los nombres de las compañías, se presupone que fue la opa que lanzó el fondo francés Vivendi sobre el grupo Prisa. La versión oficial fue que el vehículo extranjero se "retiró" de la opa tras el intento de hacerse con el 29,9% del capital de la compañía española y el silencio del Gobierno tras los seis meses que permite la ley. Sin embargo, todo apunta a que la operación tuvo como oposición a Moncloa, que además el pasado 2024 se aseguró el 47% del capital mediante a Amber Capital (29,5% de las acciones) y el resto de empresarios afines frente al 22,8% que posee Vivendi, Santander y Carlos Slim. Estos números tan bajos no es que la regulación no sea útil, según Reaño, sino que su aplicación es "excepcional y en supuestos muy justificados. De lo contrario, hablaríamos de una ley disuasoria, con efectos altamente perniciosos sobre la economía española".

En el global en estos últimos cuatro años –a falta de conocer los datos de 2024–, de las 264 operaciones informadas formalmente por la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), en apenas el 9,5% las solicitudes se han visto afectadas por medidas de mitigación del Gobierno.

Estas acciones impuestas por el Ejecutivo no tienen un patrón común, tal y como explica la Secretaría General de Inversiones Extranjeras en el informe, pero los requisitos suelen ser desde una limitación en los derechos de voto de la compañía adquirida hasta una desinversión parcial para reducir la influencia del capital extranjero. El objetivo, según el informe, es "garantizar el suministro de determinados bienes o servicios considerados fundamentales y difícilmente reemplazables". Algunos de los ejemplos en los que se han ejecutado estas condiciones a los fondos foráneos fue en la entrada de los saudíes (STC) en Telefónica, con un 9,9% del capital. Aunque no se conocen los detalles, el Gobierno siempre ha recalcado en "preservar la españolidad y la estabilidad de la compañía". También existen otros casos como la entrada del vehículo australiano IFM en Naturgy, la adquisición de GIP por BlackRock o la de la adquisición de Zegona del negocio de Vodafone en España. En otros, como en MasOrange, es la propia Comisión Europea la que puso condiciones. Con la creación de la joint venture entre Orange y Más Móvil, ambas tuvieron que ceder parte de su negocio a su rival, Digi.

Las diferencias con otros países

España no es única en estas normativas, todo lo contrario. Países de la UE y fuera de ella tienen sus propios organismos y son "más o menos sensibles" a las intervenciones, "dependiendo de los criterios de cada nación", dice Mateos. Para Reaño, "el régimen de España contiene una redacción más abierta estable unos plazos de autorización, incluso para operaciones con poco riesgo, superiores a los de otros países. Sin embargo, el contrapunto es que, en nuestra experiencia, en España se imponen menos condiciones a las inversiones que en otros países". Prueba de ello son otros casos, como el del CFIUS en Estados Unidos con la opa de Nippon Steel sobre US Steel. El último mandato de Biden antes de marcharse de la Casa Blanca fue el bloqueo de la misma a pesar de que la empresa japonesa ofreció sus propias condiciones de mitigación, evidenciando que el escudo antiopas español no es tampoco el más interventor.