Por qué Andrea Orcel sube la apuesta y amenaza con demandar al Santander

El banquero Andrea Orcel eleva la presión para llegar a un acuerdo con el Banco Santander por los 50 millones de euros de remuneración en diferido que perdió tras salir de UBS al anunciarse en septiembre su fichaje como consejero delegado del grupo cántabro, frustrado tan solo cuatro meses después. El italiano anunció el martes la contratación del despacho madrileño De Carlos Remón, pero de momento, únicamente para "estudiar" una demanda contra la entidad. Con esta ya van dos ocasiones en menos de un mes y medio que Orcel amaga con acabar en los tribunales para presionar al banco y alcanzar un acuerdo extrajudicial, estancado desde enero.

La elección del bufete no suena casual. De Carlos Remón ya mantiene interpuesta una demanda contra el Santander en representación de Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa, que reclama al grupo y a HSBC hasta mil millones de euros por los perjuicios de su salida de la energética en 2015.

El fichaje de Andrea Orcel por el Santander pronto se convirtió en un despropósito tras el viraje que tomó UBS en mitad de las negociaciones. El grupo cántabro ya reconoció en febrero que anunció la contratación del italiano de forma apresurada. El banco de inversión de origen suizo, ante la cercanía de un encuentro que iba a mantener en otoño con los inversores, exigió al Santander que hiciera pública la operación para llegar a la fecha con la situación aclarada. Inicialmente, la entidad española, UBS y Orcel llegaron a un acuerdo por el que el italiano aceptaba renunciar a parte de la retribución en diferido acumulada que le correspondía, la entidad suiza abonaría otra parte y el banco asumiría una tercera cantidad. Sin embargo, las tornas cambiaron por parte de UBS, que pasó de ver al Santander como un cliente a un competidor y, acogiéndose a la cláusula de no competencia firmada por el italiano, se opuso a asumir cualquier tipo de compensación para el banquero.

La pelota quedó en el tejado de Banco Santander, que tuvo que elegir entre abonar los 50 millones de euros a Orcel antes siquiera de poder evaluar su gestión al frente del banco, opción que sonaba injustificable ante el propio consejo de administración, los accionistas y la opinión púbica, o abandonar el proceso. La frustración del fichaje dejó a Orcel sobre un alambre, tras salir de UBS a finales de septiembre y encontrarse en enero con las declaraciones públicas del banco suizo de que una vuelta del italiano a la entidad no era "una opción realista".

El fichaje frustrado del italiano desbarató los planes del grupo, que mantiene vacante la presidencia en España

El banquero busca ahora una compensación tras la historia de idas y venidas desde que se anunció su entrada en el grupo cántabro hace ya seis meses. Para ello, también amenaza con la tenencia de una supuesta carta, en la que la entidad se comprometía al pago de los 50 millones. Pese a las presiones, las negociaciones entre las dos partes siguen su curso con contactos casi diarios. De momento, el Santander ha aprendido la lección y el próximo 12 de abril llevará a su junta de accionistas la aprobación de la normativa buy-outs. Este instrumento consiste en la entrega de acciones por hasta 40 millones para que, en caso de nuevas contrataciones de directivos, poder compensar las retribuciones variables que pierdan de su empresa.

Botín buscó en la figura de Orcel sustituir el papel de Rodrigo Echenique tras su retirada de la primera línea. La presidenta del banco quería repetir el tándem compuesto por dos pesos pesados cerca de la toma de decisiones e, incluso como asesores, como suponían José Antonio Álvarez como consejero delegado y Echenique, como responsable de la entidad en el mercado español. Así, Álvarez pasaría a relevar a Echenique en la vicepresidencia ejecutiva del grupo y la presidencia de España, y Orcel, sustituiría a éste como consejero delegado. El fichaje frustrado del italiano desbarató los planes del grupo, que mantiene a Álvarez como consejero delegado y vicepresidente ejecutivo, pero que mantiene vacante la presidencia en España.