La JUR retrasa el informe clave sobre Popular y entorpece los juicios

La Junta Única de Resolución (JUR) sigue sin disponer del informe clave sobre la intervención de Banco Popular. La institución europea, tras un año, todavía no ha pedido el segundo informe de Deloitte sobre la valoración del banco. Esta situación entorpece los 97 recursos planteados ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), para cuyos abogados resulta un elemento clave los detalles que se aporten en este informe definitivo para poder preparar su defensa. Por otro lado, la CNMV no ha dado explicaciones sobre las cuentas "falseadas" del Popular.

El organismo que preside Elke König basó su decisión de resolver el banco apoyado en una valoración provisional de la entidad. La propia Deloitte, que elaboró el documento en doce días, reconocía en su informe que se había realizado de manera apresurada y sin tener acceso a determinada información crítica, por lo que concluía que la evaluación realizada debería considerarse como "muy incierta". La normativa de resolución europea obliga a la JUR a tener una "valoración definitiva" de la situación de la entidad "tan pronto como sea posible" con el objetivo de proteger los derechos de los accionistas. No obstante, más de un año después, la institución aún no la tiene en su poder.

Esta segunda valoración, que de momento no se espera, es totalmente independiente y distinta a la conocida como valoración tres. Este último documento, también realizado por Deloitte y que ya está en manos de la JUR tal y como anunció la semana pasada, evalúa si los accionistas y bonistas de la entidad hubieran quedado en una posición más beneficiosa si el banco se hubiera ido a un procedimiento concursal ordinario.

Así, los afectados de la entidad se enfrentan a los diversos procedimientos judiciales con su defensa coartada ante la falta de información sobre lo que ocurrió realmente en la entidad. Según denuncian fuentes jurídicas, la mayor parte de la información con la que cuentan para defenderse la reciben por la prensa y es contradictoria, retrasando su actuación.

El tribunal europeo se encuentra con un centenar de recursos registrados sobre la resolución del Popular

El ritmo de resolución del TGUE tampoco ayuda. El tribunal europeo se encuentra en un escenario sin precedentes al tener que afrontar el mayor número de demandas recibidas por un solo asunto.

Tras casi un centenar de recursos registrados y un año después, el TGUE se ha inclinado por escoger únicamente nueve demandas en las que centrarse para continuar el procedimiento y suspender las 88 restantes. Estos recursos abarcan un amplio arco de perfiles de reclamantes y de argumentos con los que quedarían representadas todas las peticiones de los afectados.

Los demandantes de los asuntos seleccionados son el empresario mexicano Antonio del Valle, que controlaba el 4,25% del Popular; el empresario chileno Andrónico Luksic, que poseía el 3,45%; los grandes fondos bonistas Algebris, Anchorage y Ronit, que tenían una exposición de en torno a 300 millones en la entidad, además de inversores minoristas y colectivos de afectados, según los documentos a los que ha tenido acceso elEconomista.

La petición principal de los afectados ante el tribunal europeo es la anulación de la decisión de la JUR de resolver el banco, junto con la imposición de las costas procesales a la institución. Además, otros reclamantes también solicitan que se declare nula la valoración provisional realizada por Deloitte del Popular, que situaba al banco en el escenario más negativo con un agujero de 8.000 millones de euros y piden que, tanto la Comisión Europea como la junta de resolución compensen las pérdidas.

La iniciativa del TGUE de reducir el número de recursos da aire a los afectados que consideran que, a partir de ahora, el procedimiento cogerá velocidad.

Los inversores se cuestionan cómo, si el banco era solvente hasta el último día, podía tener una valoración negativa de 8.000 millones de euros en su peor escenario

La duda sobre si el Popular cayó por un problema de solvencia o de liquidez, como han apuntado la JUR, el BCE y el Banco de España, aún planea entre los inversores que perdieron todo su dinero, que se cuestionan cómo si el banco era solvente hasta el último día, podía tener una valoración negativa de 8.000 millones de euros en su peor escenario. Además, estas mismas fuentes denuncian que, según la normativa de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), a un banco en dificultades que pide liquidez se le puede recortar hasta el 63% de las garantías que presenta, pero al Popular se le pudo recortar casi el 92% del colateral aportado.

De momento, los afectados tienen un nuevo respiro después de que el panel de recursos de la JUR haya aceptado publicar nuevos datos confidenciales sobre la resolución del que era el sexto banco del país, según anunció este miércoles.

Los recurrentes exigían al organismo tener acceso al informe de valoración de Deloitte, el plan de resolución del Popular de 2016, la oferta de compra presentada por el Santander o el informe de funciones críticas de 2017, entre otros asuntos. El panel ha aceptado abrir determinada información, sin concretar cuál, aunque para otros documentos ha remitido a la JUR la toma de decisiones.

El Santander interviene en la causa europea

Tanto el Banco Santander como el Popular buscan intervenir en el proceso contra la resolución de la segunda entidad que se lleva a cabo en el TGUE. Fuentes conocedoras del caso, aseguran que el grupo cántabro está entrando a través de dos bancos para poder tener más presencia y con mayor número de abogados, con el objetivo de apoyar la decisión de la JUR. El grupo que preside Ana Botín también ha presentado escritos por la vía penal contra varios de los inversores del que era el sexto banco del país que han solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional personarse como afectados en la causa. Del mismo modo, el banco también recurrió sin éxito la personación de los grandes fondos bonistas.