El banco público catalán (ICF) se enfrenta al temor a las ayudas de Estado para luchar con la banca tradicional

La Generalitat acelera de nuevo para lograr la ficha bancaria del Institut Català de Finances (ICF). Tras haber mantenido contactos ya con el Banco Central Europeo, el Govern explicó esta semana en el Parlament que en los próximos días se reunirá con el Banco de España para proceder en sus planes de convertir la institución pública en una "entidad de crédito con músculo". La Generalitat pretende lanzarse a competir con las firmas privadas en aspectos como la financiación o la captación de depósitos, pero para ello debe ahuyentar las dudas sobre las potenciales ayudas de Estado que supondría dotar de recursos a la compañía.

De hecho, la aportación de recursos públicos ya fue el principal escolló con el que se topó el Govern –entonces en manos de ERC y Junts- para lograr la acreditación en 2022. Y es que la constitución del nuevo banco sería con fondos y activos procedentes de una entidad pública con el ICF, que ya pretendía mezclar actividades de la banca promocional –como pueda hacer ahora o hace el ICO- con la banca comercial. Entonces Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, tumbó la solicitud por "incertidumbres derivadas de la potencial existencia de ayudas de Estado y de la falta de una verificación previa por parte de la Comisión Europea".

La inyección de dinero público no es un hecho aislado en el panorama europeo, eso sí. Sin ir más lejos, en 2017, Portugal tuvo que aportar 2.500 millones a Caixa Geral, aunque la Comisión Europea lo aprobó debido al principio del inversor privado, que sostiene que cualquier accionista particular hubiese actuado de la misma manera en caso de necesidades de capital. Se da además el caso de que no hacerlo podría impactar a la estabilidad del sistema financiero.

Y aunque en países como Luxemburgo (Banque et Caisse d'Épargne de l'État), Francia (Le Banque Postale), la propia Portugal o el ecosistema alemán la banca pública tiene una presencia importante –en España desapareció con la crisis de 2008-, otra cosa es que los técnicos de la Comisión acepten la creación de otro banco comercial, que compita con entidades privadas y nazca con ayudas públicas. Más en un momento en el que se aboga por la concentración para crear entidades más grandes.

La inyección de ayudas públicas en los bancos no es, ni mucho menos, inocua. Para evitar que tal soporte distorsione la competencia -la tentación de desplegar agresivas ofertas para ganar clientes y negocios apoyándose en tal ventaja- y procurar su viabilidad, Bruselas ha fijado siempre duras condiciones a los receptores obligándoles a suprimir el dividendo, vender activos, filiales y negocios y acometer fuertes ajustes en la red y plantillas.

En España, todas las entidades rescatadas tuvieron que transferir su exposición tóxica a la Sareb, con el consiguiente impacto negativo en las cuentas por tener que reconocer precios muy inferiores a los anotados en la contabilidad, se limitó el sueldo en sus cúpulas y se les obligó a recluirse a los territorios de origen. A BFA-Bankia -hoy integrada en CaixaBank-, NCG Banco -germen de Abanca- y Catalunya Banc -la adquirió BBVA-, les obligó a reducir en más del 60% su balance entre 2010 y 2017, centrar su financiación a particulares y pymes en sus regiones históricas, salirse del negocio promotor y limitar la presencia en el mercado al por mayor.

Bankia, el caso más paradigmático porque recibió 22.424 millones en diferentes fases, incluía la nacionalización, bajó de 3.000 a 2.000 la red de oficinas, acordó ajustar la plantilla en 4.500 empleados -se quedó con 14.500 personas- y tuvo que salir de todos los mercados internacionales con operaciones como la venta de su filial de Estados Unidos City National Bank por 683,3 millones de euros al BCI chileno.

Por ello, desde el Banco de España señalan que son cuestiones que "bien se deciden actualmente por las autoridades europeas, bien exigirían cambiar la normativa europea".

En cambio, la aportación dineraria de 18 millones –no valen activos- no parece acarrear ninguna dificultad para una Generalitat con unos presupuestos de más de 40.000 millones de euros.

El plan de la Generalitat con el ICF

A la espera de sentarse con el Banco de España -y con el compromiso del Gobierno de apoyar su proyecto en Bruselas- la Generalitat ha dejado claro que su voluntad pasa por convertir el banco en una entidad de crédito y no solo un banco promocional, como puede ser ahora.

ERC, impulsora del acuerdo con el Ejecutivo, es clara: "apostar por una banca pública fuerte y competir de tú a tú con los bancos". ¿Cómo?: "captando depósitos, accediendo a subastas de liquidez, con acceso a crédito barato y con operaciones financieras propias de la actividad tradicional de los bancos". En esta línea, la formación soberanista ya arrancó el compromiso –en ejecución- de que el ICF pueda canalizar las líneas del ICO en las mismas condiciones que lo hacen las entidades privadas.

La consellera de Economía, Alicia Romero, admitió en el Parlament que la carpeta de la ficha bancaria era una de las que su predecesora en el cargo, Natàlia Mas, le había dejado. La dirigente señaló en el hemiciclo que la prioridad será "ayudar a las pymes". "Compartimos el objetivo de que el ICF escale en proyección: de institución financiera a entidad de crédito con mayor músculo", resumió.

Abrió además otra carpeta: la huella territorial. Romero explicó que pretenden "tener más espacios en el territorio, más allá de la sede". De erigirse en una suerte de oficinas sería otro paso más en la competición con la banca privada.

La Generalitat cuenta, al fin, con el apoyo en las instituciones necesarias con el que no contó en la década que lleva persiguiendo la ficha bancaria. Tras años de conflicto con el Gobierno, tiene ahora el mismo color político. Además, al frente del Banco de España está ahora el exministro José Luis Escrivá. En Bruselas, por último, está Teresa Ribera como comisaria de Competencia y vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. Nunca los astros estarán tan alineados para el Govern y su proyecto de banco público.