Banca y finanzas

Pimec reclama a la CNMC vetar la opa de BBVA porque "solo protegería a una minoría de empresas"

  • Juzga "insuficientes" los compromisos del vasco por su duración y alcance

Carles Huguet, Eva Contreras

La patronal de pymes catalana Pimec pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "no autorizar" la oferta pública de adquisición (opa) formulada por BBVA sobre el Banco Sabadell ante la "amenaza que representa para el sistema bancario, el tejido productivo y el equilibrio territorial". La organización sostiene en un comunicado que la operación "solo protegería a una minoría de empresas" y reduciría un 8% el crédito disponible.

Pimec es una de las 18 organizaciones empresariales a las que el organismo presidido por Cani Fernández ha pedido participar en el test de mercado abierto para consultar si los compromisos asumidos por BBVA son efectivos para resolver los riesgos que observó en financiación a empresas, sobre todo a pymes, y en el negocio de adquirencia (TPVs). El examen lo ha abierto a un total de 40 partes, incluyendo a 22 entidades financieras y fintech o neobancos, entre los que también figura Banco Sabadell. La invitación llegó a las organizaciones el día 2 y disponen de 10 días hábiles para enviar una respuesta que podría estar llegando esta semana.

La patronal catalana de pymes, que ya solicitó sin éxito una extensión del plazo para emitir su análisis, alerta sobre un serio revés en la financiación a las compañías. A su juicio, una mayor concentración financiera "reduciría drásticamente la competencia y limitaría el acceso equitativo al crédito, especialmente para las empresas que trabajan habitualmente con diversas entidades para diversificar riesgos".

Pimec sostiene que este escenario "sólo beneficiaría a una minoría de empresas, dejando a la gran mayoría del tejido empresarial en situación de vulnerabilidad", con "graves impactos negativos" para las pymes, "tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado".

La organización alerta sobre una pérdida de oferta de financiación que "agravaría la exclusión financiera en zonas rurales y concentraría un exceso de poder económico en pocas manos", con el consiguiente impacto negativo en la la capacidad de crecimiento de las empresas y en sus planes de inversión.

Pimec fue de las primeras en poner números a la operación y estimó que reduciría un 8% la disponibilidad de crédito, un temor que BBVA ha intentado despejar garantizando que mantendrá las líneas de circulantes a las compañías. Entre los compromisos presentados a la CNMC, el grupo vasco asegura dicho crédito durante un plazo de tres años extensibles a cinco si lo considerase necesario el organismo de Competencia, y garantiza las condiciones del conjunto de financiación para pymes en 161 municipios.

Sin embargo, Pimec y otras fuentes cuestionan ese limitado perímetro y que las garantías excluyan tanto a pymes con facturaciones superiores a los 50 millones como a los autónomos. Solo cubría al 1% de la financiación de Sabadell, al focalizarse los remedies en pymes que sean clientes de ambos bancos, y limitar la protección del circulante a las líneas vigentes del banco vallesano -excluye las de BBVA-.

En su comunicado Pimec expresa "preocupación" por el test de mercado utilizado para evaluar los compromisos presentados, que considera "metodológicamente sesgado". Lamenta que "compara una situación extrema sin compromisos con otra con compromisos parciales" y "no analiza escenarios alternativos que realmente garanticen la competencia". "Este enfoque subestima el impacto negativo real de la concentración bancaria", concluye.

A su juicio los compromisos de BBVA se asumen con "una duración y alcance insuficientes para cubrir ciclos de inversión reales, restricciones geográficas arbitrarias y la exclusión de nuevos clientes, lo que perjudicaría especialmente a empresas emergentes o en proceso de expansión".

La organización sostiene que el impacto estructural "sería especialmente grave en Cataluña, donde la nueva entidad, junto con CaixaBank, controlaría el 73,7% de las oficinas bancarias", y augura que el nuevo grupo clausuraría 883 oficinas y destruiría "hasta 10.500 puestos de trabajo".