El acuerdo PSOE-Junts facilitará la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña

El acuerdo firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez prevé abordar la elaboración de un plan que facilite y promueva el regreso a Cataluña de las sedes sociales de las empresas que se mudaron a otros territorios en los últimos años, fundamentalmente a raíz del referéndum independentista de octubre de 2017. Además, el acuerdo reconoce la "singularidad fiscal de Cataluña" de modo que facilitará la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. En directo | Sigue todas las reacciones al acuerdo.

Así lo recoge el texto de ese acuerdo, que puedes leer íntegro aquí, y que han suscrito en Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Miles de empresas decidieron trasladar fuera de Cataluña sus sedes sociales a raíz de la crisis política e institucional que se desencadenó en Cataluña en octubre de 2017, entre las que se encontraban algunas tan simbólicas como CaixaBank, Banco Sabadell o Naturgy. CaixaBank trasladó su sede a Valencia; Banco Sabadell, a Alicante, y Naturgy, a Madrid. Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, Banco Mediolanum, la cooperativa Arquia Banca o Cementos Molins fueron otras de las empresas que decidieron mover su sede social fuera de Cataluña en aquellos momentos.

La crisis política también llevó a otras grandes compañías familiares catalanas a trasladar su domicilio social a otras comunidades, entre ellas Codorniu, Idilia Foods, Hotusa, Indukern o un gigante del sector editorial como Planeta, y el movimiento también se extendió a empresas extranjeras como Zurich, Allianz o Bimbo.

Cesión de los impuestos

En el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, el acuerdo pactado y firmado este jueves recoge que Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en esta comunidad. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación.

La cuestión es que el cambio de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) plantea un conflicto con la Constitución Española, según apuntan a este diario los expertos consultados al respecto.

La LOFCA forma parte del bloque de constitucionalidad, un conjunto normativo que distribuye territorialmente el poder entre las instancias centrales y las territoriales. Su modificación puede hacerse a través de un proyecto de ley, planteado por el Gobierno, o por una proposición de ley, planteada por los grupos parlamentarios, pero no puede presentarse como Decreto-Ley. En ambos casos, la reforma conllevará tiempo para que salga adelante, informa Eva Díaz.

Respecto a la cesión de los tributos también se han manifestado los inspectores de Hacienda, que opinan que hará peligrar el sistema de financiación estatal.

"Profundas discrepancias"

En materia política, el citado acuerdo remarca las "profundas discrepancias" y "desconfianzas mutuas" que pese a todo existen entre ambas formaciones y son "conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender". Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones, añade el documento.

Para la consecución de estos acuerdos, PSOE y Junts han acordado "dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación" y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue.

Así las cosas, el documento pone de relevancia dos grandes ámbitos de permanente debate: el de la superación de los déficits y las limitaciones del autogobierno y el relativo al reconocimiento nacional de Cataluña.

En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la sin-gularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña.

En el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, es donde Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña. En este punto se enmarca, además, promover la vuelta a Cataluña de las empresas que se marcharon.

La ley de amnistía

La firma del acuerdo tiene lugar después de largas e intensas negociaciones entre ambas formaciones, que en los últimos días se han centrado en desencallar algunas diferencias en el redactado de la ley de amnistía y en definir su alcance que, según ha explicado el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, cubriría "desde 2012 a 2023", y se aplicaría a "todo lo que ha estado relacionado directa o indirectamente con el procés". Si bien no se remite a nombres concretos, "a partir de ahí, los jueces analizarán cada caso y cada persona", ha apuntado el socialista.

La citada ley, recoge el documento, procura la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato y debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".