El Gobierno valenciano sube el precio de VPO a 2.400 euros por m2 y obligará a reservar el 40% a jóvenes

La dificultad para acceder a una vivienda es una de las grandes preocupaciones sociales en la que el Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha puesto el foco. Ante la falta de nuevas promociones de vivienda de protección pública en Comunidad Valenciana por su falta de rentabilidad, aprobará un nuevo decreto de vivienda de protección pública que además de subir el módulo un 9% contempla fijar un sistema pionero en España que fijará el precio máximo de forma dinámica en función de factores de cada municipio, como el valor de la vivienda libre, la renta media, costes o presión demográfica.

Así, el nuevo decreto contempla ampliar el módulo máximo de los 2.200 euros por metro cuadrado que se fijaron para 2023 hasta 2.400 euros. Un incremento con el que se pretende volver a hacer atractivo a los promotores la construcción de viviendas de protección pública -conocidas tradicionalmente como VPO-.

En la presentación, la directora del Instituto Valenciano de Edificación (IVE), Begoña Serrano, señaló que el precio fijado en el anterior decreto situaba la rentabilidad por debajo del 15% que las empresas consideran el mínimo para asegurar una inversión de este tipo a varios años. Según sus datos, el incremento anunciado del 9% permitirá situarla entre el 16% y el 18%, pasando el límite de precios para una vivienda de 70 metros cuadrados de unos 197.000 euros a entre 210.000 y 215.000 euros.

La subida era la medida más demandada por el sector, que volvió a recordar en la presentación a través del director del Observatorio de la Vivienda de la Politécnica de Valencia, Fernando Cos -Gayón, que el principal problema es el fuerte desequilibrio entre la demanda, que achacó a la falta de suelo en las grandes zonas urbanas y los elevados costes.

Así se fijará el precio del módulo dinámico

La nueva regulación no se queda ahí, ya que implantará un nuevo sistema para fijar los precios máximos con un "módulo dinámico" en función de las condiciones por zonas y municipios. Según el propio Carlos Mazón es una iniciativa pionera en España para tratar de promover las viviendas protegidas y de ese modo frenar los precios generales.

Así, los límites de precios se fijarán "en base a los costes de edificación en cada zona, los precios de mercado de la vivienda libre en la zona, la presión demográfica existente y la evolución de las rentas medias de cada municipio", según explicó el propio Mazón en la presentación. En todos los casos habrá un límite máximo y el precio siempre tendrá que ser inferior al de las vivienda libre en el mercado. Ese módulo se revisará anualmente.

Además, otra de las novedades es que la norma obligará a reservar al menos un 40% de unidades en cada promoción de viviendas protegidas tanto desarrolladas por entidades públicas como por promotores privados a jóvenes menores de 35 años y familias monoparentales. Una medida con la que se busca hacer frente al hecho de que actualmente para los jóvenes la vivienda supone cerca del 60% del gasto de lo que ingresan.

"La falta de vivienda en la Comunidad Valenciana ha llegado a un punto crítico", reconoció Mazón, que también recordó medidas como las ayudas en avales y la rebaja del impuesto a la compra de vivienda (ITP) para los más jóvenes que ya ha aprobado su Consell.

Años de protección

La introducción de esa categoría de vivienda protegida joven también conlleva cambios en el periodo de protección pública fijado para este tipo de casas con el fin de permitir la seguridad jurídica para posibles ventas posteriores. Así, el nuevo reglamento fijará distintos periodos de protección. En el caso de la vivienda en suelos calificados para vivienda protegida pública será de 30 años, en promociones de suelos hasta ahora de vivienda libre serán de 20 años y para las nuevas calificaciones de vivienda joven serán de 15 años.

También se incrementará los niveles de renta para acceder a estas viviendas para familias con mayores o hijos a su cargo, con hasta 35 años.