Nueva propuesta del Gobierno para controlar el alquiler: que las universidades privadas ofrezcan viviendas

El Gobierno sigue buscando fórmulas para frenar la escalada del precio del alquiler, que ha llegado a niveles nunca vistos, y que está dificultando -cada vez más- el acceso a la vivienda de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes. Tras el fracaso de la controvertida ley de vivienda, que precisamente nació con el objetivo de contener al alza de precios, ahora la Ministra de Vivienda ha planteado que las universidades privadas que se implanten en cualquier ciudad española ofrezcan vivienda a sus estudiantes.

"Que vengan con una residencia bajo el brazo para no alterar el mercado del alquiler", ha dicho Isabel Rodríguez, quien ya ha trasladado la propuesta al Ministerio de Universidades. Para la responsable de Vivienda, el verdadero problema en España tiene que ver con la elevada demanda, ya que los hogares están creciendo exponencialmente. De hecho, recordó que según las proyecciones del INE, en los próximos 15 años se espera un crecimiento de 3,5 millones de hogares nuevos en el país.

La cartera que dirige Rodríguez presentó la semana pasada una primera propuesta para regular los alquileres de temporada, los de habitaciones y los turísticos, que se registrarán en una plataforma única de viviendas. Por el momento, poco se sabe sobre cómo funcionará, aunque la ministra ha pedido a Airbnb que colabore con el Gobierno para ponerla en marcha.

"Nos tienen que ayudar a perseguir el fraude, a perseguir esa ilegalidad y a colaborar en la puesta en marcha de este reglamento", ha dicho durante una entrevista en La Sexta. La ministra ha trasladado su deseo de que la plataforma de registro único sea un instrumento "más al servicio de las políticas de vivienda y que permita que esos alojamientos que ahora se están destinando al uso turístico "puedan ser viviendas para alojar a familias, a estudiantes, a personas que tienen que desarrollar sus proyectos vitales".

La plataforma, que estará lista previsiblemente en 2025, nace para ajustarse al reglamento de la Unión Europea 2024/1028, por el que se regula el intercambio de datos relacionados con el servicio de alquiler de alojamientos de corta duración. Sobre la posibilidad de prohibir los pisos turísticos, ha repetido que el Gobierno no es partidario de dar ese paso y que se haría sólo "cuando fuera necesario, al igual que ha ocurrido en Barcelona.

Por último, y respecto a la reforma de la ley de la Propiedad Horizontal que permitirá considerar el alquiler turístico en las comunidades de vecinos como una actividad económica, Rodríguez ha avanzado que están "ultimando el texto" y que se presentará en "breve".