Asturias pone coto a los pisos turísticos: prohíbe el alquiler por habitaciones y las comunidades de vecinos deberán autorizarlos

Alquiler íntegro y el visto bueno de las comunidades de vecinos. Asturias ha dado a conocer este jueves más detalles sobre la futura Ley de Turismo que está ultimando para poner coto al auge de las viviendas turísticas en la región, que ya suponen el 33% de la oferta total de alojamientos turísticos con un total de 5.696 viviendas. La futura norma primará la "calidad, sostenibilidad y la conviviencia" y permitirá a los Ayuntamientos poner también limitaciones, especialmente en el ámbito urbanístico.

De este modo, el anteproyecto de ley establece que las viviendas turísticas deberán alquilarse de forma íntegra, es decir, se prohíbe el arrendamiento por habitaciones, al tiempo que deben contar con la autorización expresa de la comunidad de vecinos para poder desempeñar la actividad económica.

Tampoco podrán utilizarse como pisos turísticos aquellos que tengan régimen de protección pública o protección oficial y se añade además la exigencia de cumplimiento de normas de accesibilidad y sostenibilidad. Los pisos turísticos tendrán que disponer también de medidores o contadores individuales de agua y de otros suministros energéticos vinculados.

Las empresas turísticas ya inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado dispondrán de un plazo máximo de seis meses para adaptarse a la nueva normativa desde su entrada en vigor.

Antes del inicio de la actividad, los propietarios de los pisos turísticos deberán presentar por vía electrónica ante la Administración una declaración responsable de conocimiento y cumplimiento de los requisitos exigibles. La norma destaca que, en caso de incumplimiento, se suspenderá la actividad y el propietario no podrá reabrir durante un periodo que puede alcanzar los cuatro años.

También se contempla un endurecimiento de las sanciones para todos aquellos establecimientos que no cumplan la nueva normativa, llegando a ser incluso clausurados. De este modo, en la nueva ley las infracciones leves quedan fijadas entre 150 y 1.500 euros (ahora van de 60 a 600); las graves entre 1.501 y 15.000 euros (frente a los 601 y 6.000 de la normativa vigente), y las muy graves entre 15.001 y 100.000 euros (ahora la horquilla se sitúa entre 6.001 y 60.000 euros).

Nuevas zonas turísticas protegidas

Se recoge además que los concejos podrán establecer limitaciones en el ámbito de su competencia por razones imperiosas de interés general. De este modo, el Principado crea el concepto de "zona turística protegida" para aquellas áreas donde se superen los niveles máximos de oferta y demanda turística -tanto de actividades como de establecimientos- o donde se pongan en riesgo el medio ambiente o los recursos turísticos básicos.

La declaración de estas zonas será competencia del Consejo de Gobierno y serán oídas las asociaciones turísticas empresariales más representativas a nivel autonómico. La declaración deberá ir acompañada de un programa de medidas correctoras y estará vigente hasta que se reviertan las circunstancias que la motivaron, según explica la norma, que recuerda que estas medidas pueden implicar la prohibición de establecimiento, la puesta en marcha de nuevas actividades turísticas o la reordenación de las ya autorizadas.

Asimismo, también se incrementarán las inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa. Para ello, el Principado ha creado un servicio específico de inspección que prestará especial atención al intrusismo, la clandestinidad y la oferta ilegal. De forma paralela, se trabaja en el diseño de una herramienta digital para la detección de negocios ilegales que funcionará en verano.

¿Cuánto entrará en vigor la nueva ley?

El Consejo Asesor de Turismo se reunirá el 8 de abril para abordar el contenido del anteproyecto. El texto definitivo se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación, previa audiencia pública y una vez tenga el visto bueno, se dará traslado a la Junta General para su tramitación, que se espera para antes de verano.

"Tenemos claro el modelo que queremos: una apuesta de futuro para asegurar la convivencia, la calidad y la sostenibilidad. Tenemos que anticiparnos y queremos hacerlo con una reforma que permita el crecimiento ordenado y evite que en Asturias se reproduzcan los graves problemas de acceso a la vivienda a los que se enfrentan otras comunidades", ha declarado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo.

"El sector se encuentra en pleno crecimiento y para este gobierno resulta fundamental seguir creciendo y hacerlo bien, manteniendo nuestras señas de identidad: calidad y sostenibilidad. Para conseguirlo, esta regulación es fundamental", ha concluido Llamedo, quien ha anunciado que el decreto que completará la regulación se encuentra en la fase de consulta pública previa.

Regulación en otras comunidades

Asturias no es la única región que está dando un paso al frente para la regulación de las viviendas turísticas. Madrid se encuentra trabajando en una ley, que estará lista en el mes de abril, para poner coto a estos pisos. "Regular no es prohibir" declaró el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida cuando dio a conocer esta iniciativa.

La nueva normativa madrileña, que se esperaba para el primer trimestre del año, está destinada a "evitar la multiplicación, que haya un plano de legalidad, que esa legalidad se haga cumplir de manera efectiva y que haya un marco de seguridad jurídica, que es lo que no tenemos en estos momentos", explicó Martínez-Almeida.

Asimismo, Cantabria también quiere hacer lo propio con las viviendas turísticas y está trabajando en una regulación para antes de verano. Esta nueva norma no solo tendrá el objetivo de luchar contra la proliferación de los pisos ilegales, si no también el de limitar las que operan de forma legal.

En Cataluña, la normativa ya se está tramitando en el Parlament como una proposición de ley y se espera que esté aprobada antes del 31 de marzo tras incorporar las últimas enmiendas de los socialistas.

Finalmente, la Junta de Andalucía ha sido la última en avanzar en esta materia y aprobó a comienzos de febrero un decreto para regular las más de 116.000 viviendas turísticas que existen en la región y que tiene como objetivo la profesionalización de este sector.