La sanidad privada estima que la eliminación de conciertos le costará al Estado entre 1.200 y 2.700 millones

El pasado mes de junio el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Universalidad y Cohesión donde se eliminaba la posibilidad de concertar la asistencia sanitaria con empresas privadas, salvo casos excepcionales. La nueva norma derogaría la ley 15/1997 e incorporaría su contenido al artículo 47 de la Ley 14/1986, que establece como prioridad la gestión directa pública sobre la privada.

En 2020 el gasto destinado a conciertos fue de 8.586 millones, lo que representó un 10% del total del gasto público. Por esta razón, la sanidad privada, a través de la patronal Fundación IDIS, estima que las consecuencias más extremas de la eliminación total de conciertos le costarían 2.700 millones al Estado. En cambio, la reducción en el número de conciertos podría suponer un aumento de coste mucho menor para el sistema sanitario público: hasta 1.200 millones.

Si se desglosan las cifras aportadas por la patronal del sector privado, la absorción de dicha actividad por parte del sistema público supondría un aumento del coste de unos 800 millones derivados de las estancias y de 306 millones de euros de las consultas primeras, sucesivas y de alta resolución. La actividad concertada representa el 26% de la actividad asistencial en centros con concierto parcial. De esta forma, la diferencia de coste a asumir por el sistema público podría situarse en un intervalo de un 25-35% superior respecto a los costes derivados de las colaboraciones.

El ámbito económico no es el único que sufriría el impacto directo de la desaparición de la colaboración público-privada. El incremento en las listas de espera será otra de las consecuencias si se consigue aprobar la ley. La patronal calcula que la desaparición de los conciertos podría suponer un aumento en el tiempo medio de espera de primeras consultas de hasta 58 días y en intervenciones quirúrgicas de hasta 75 días. "El sistema público tendría que hacerse cargo de cerca de 800 mil pruebas diagnósticas mamografías, resonancias magnéticas nucleares, tomografías computarizadas, ecografías y monitorización holter asumidas hasta ahora por la colaboración privada- pública", afirman desde IDIS.

La entrada en vigor de la ley podría provocar retrasos en la firma de contratos de colaboración, así como una disminución que se traduciría en mayores listas de espera, mayor coste para la sanidad pública y pérdida de empleo. "Esta hipótesis podría ser considerada tremendista, pero podría ser una realidad de atenderse las enmiendas de Unidas Podemos para dar apoyo a la Ley de Equidad. Si en la actualidad, hay 5 millones de personas en listas de espera, la situación del sistema público de salud sin el apoyo del sector privado sería insostenible", explica Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

Los hospitales privados con conciertos llevaron a cabo el 15,9% de las intervenciones quirúrgicas en 2020. Una de las mayores aportaciones del sector sanitario privado son sus recursos, tanto a nivel de provisión hospitalaria como de aseguramiento. El sector sanitario privado dispone de una dotación de 432 hospitales en España y 49.861 camas de hospitalización, de los cuales el 63% de los hospitales y el 74% de las camas se destinan a algún tipo de concierto. La desaparición de la colaboración podría aumentar la ocupación de camas públicas hasta alcanzar el 85%, frente al 70,6% actual.

Desde el punto de vista asistencial, la patronal asegura que el sistema público tendría que asumir cerca de 6 millones de estancias y de 11 millones de consultas según las tablas anuales de 2020 publicadas por el Ministerio de Sanidad. La diferencia de precio media calculada de las estancias y consultas en centros concertados es de 135 y 28 euros respectivamente, según los datos disponibles en los boletines oficiales de algunas CCAA.

Situación actual

La nueva norma, remitida a las Cortes el pasado mes de junio, responde a los compromisos de investidura y del pacto de gobierno, está prevista entre las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tras su aprobación por el Gobierno, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que el proyecto de ley prioriza la gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios para "blindar la sanidad pública en un contexto en el que varias autonomías tienen externalizados los servicios sanitarios".

El PSOE tendrá que buscar acuerdos con el bloque de investidura para sacar adelante el proyecto, pero Darias es optimista respecto al respaldo a la ley de equidad y cohesión sanitaria. Sin embargo, su socio de Gobierno, Unidas Podemos, no apoyará la enmienda si no re revierten las privatizaciones. El concurso de Esquerra Republicana también está en entredicho. Hoy por hoy, el Gobierno catalán destina el 24% de su gasto sanitario a conciertos con la sanidad privada.

"La entrada en vigor de la ley podría provocar retrasos en la firma de contratos de colaboración, así como una disminución de los mismos. Esto se traduciría en mayores listas de espera, mayor coste para la sanidad pública y pérdida de empleo", concluye el informe 'Aportación del sector privado al sistema sanitario' de IDIS.