El tesorero de Podemos eliminó en 2018 la auditoría al 'destaparse' la caja B

Daniel de Frutos, tesorero de Podemos y máximo responsable de sus finanzas desde el año 2017, ordenó tan solo un año después de llegar al cargo eliminar la auditoría externa de sus cuentas. Lo hizo justo cuando empezaban a saltar las primeras sospechas sobre el descontrol de la denominada Caja de Solidaridad, en la que los cargos del partido ingresaban una parte de sus sueldos y que servía luego para realizar pagos y donaciones, ahora bajo investigación judicial.

Fue precisamente a lo largo de 2018, y en respuesta a las sospechas crecientes dentro del personal que trabaja en la sede de Podemos de supuestas irregularidades, cuando el entonces responsable del Servicio Jurídico, José Manuel Calvente, y su compañera, Mónica Carmona, empezaron a investigar en la trastienda de las cuentas podemitas.

Según el testimonio de Calvente ante el juez, el resultado de esas pesquisas tuvo su traducción instantánea. El tesorero, Daniel de Frutos, y la gerente, Rocío Esther Val, ambos imputados por financiación irregular, taponaron cualquier vía por donde se vislumbraran fallos en la contabilidad y en la gestión de la misma. Se cerró así el portal de transparencia, se limitaron las licitaciones y su publicidad y Val acabó despidiendo por burofax a Calvente y a Carmona.

Tribunal de Cuentas

De Frutos argumentó en 2018 de forma interna que no era necesario seguir haciendo auditorías porque para eso estaba el Tribunal de Cuentas y que en todas las que se habían hecho en el pasado, de hecho, no se había encontrado nada. Las últimas cuentas auditadas del partido que lidera Pablo Iglesias por una firma externa son así las correspondientes al ejercicio de 2017, que supervisó AOB Auditores.

En las cuentas de 2018, supervisadas por De Frutos, el partido explica que "en este ejercicio no se ha procedido a realizar una auditoría externa debido al solapamiento de comicios electorales durante el primer semestre del año 2019", asegurando que "estos eventos junto con el cierre anual de 2018 suponen un volumen de trabajo cuyas dimensiones requieren la atención del 100% de los recursos del partido y han impedido simultanear en esta ocasión una auditoría externa de las cuentas de 2018".

Fiscalización

Podemos se escuda en que "la experiencia en relación a la fiscalización de partidos, tras cuatro años contratando servicios privados de auditoría, nos demuestra que el equipo técnico del Tribunal de Cuentas realiza un trabajo óptimo que cubre este proceso". El problema es que ha sido ese mismo tribunal el que ha detectado ahora facturas sin justificar y gastos irregulares por 425.037 euros, algunos de ellos expresamente prohibidos por la ley.

El Tribunal de Cuentas hace especial hincapié, en concreto, en los contratos firmados por 363.000 euros con la consultora Neurona Consulting, próxima al régimen chavista de Venezuela. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, es ahora el encargado de investigar la supuesta financiación irregular en el partido morado.