La incertidumbre del Gobierno deja en el limbo la defensa de la opa al Sabadell

Pocas metáforas podrían haber sido más elocuentes para calificar a comienzo de legislatura como Frankenstein al Gobierno de Pedro Sánchez. Según la novela de Mary Shelley, Frankenstein fue un monstruo construido a base de retazos de cadáveres, piltrafas humanas diseccionadas en la sala de autopsias de un hospital a causa de la demencia y la ambición de un doctor que pretendía reconstruir la vida clínicamente. Pero es en momentos críticos como el actual cuando se pone a prueba el engendro.

Los socios del Gobierno han dado un giro después de conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. La prudencia inicial dio paso a las advertencias y la desconfianza. Los grupos parlamentarios temen a nuevas revelaciones, que acaben salpicando a algunos ministros (Víctor Ángel Torres, responsable de Política Territorial, y Francina Armengol, presidenta del Congreso, son los favoritos en estas quinielas) o al mismísimo Sánchez, y ya no están dispuestos a poner la mano en el fuego por él.

La ronda de consultas que comenzó el lunes en Moncloa no sirvió para amarrar su respaldo, como se esperaba. La comparecencia del presidente, en la que pasó de las lamentaciones al ataque retando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura "si tan seguro está de que el Gobierno ha perdido sus apoyos" puso de los nervios a sus socios, porque consideran que trasladó sobre sus espaldas la responsabilidad de mantenerse en el poder.

El líder del PNV, Aitor Esteban, habló por primera vez de que "no vale todo con tal de evitar que llegue un Gobierno de derechas". Recuerden que fue el PNV quien tumbó a Rajoy al sumarse a la moción de censura de Sánchez. En Junts están preocupados porque la caída de Cerdán los deja sin interlocutor, al igual que ERC, el socio de Salvador Illa en Cataluña, que difícilmente podrá cumplir con la financiación singular en 2026.

Sánchez se centra en resistir para no ser imputado. Hay ministros que ya se buscan la vida fuera

Pero no se emocionen. Sánchez se dispone a resistir al precio que sea, porque si pierde el Gobierno y su escaño en el Congreso, lo lógico es que sea imputado de inmediato, ya sea por el caso Koldo o por la presunta colaboración con su esposa o su hermano. Además, su puerta de salida a un cargo en Europa hace tiempo que se cerró.

Son los socios más pequeños de la coalición, como Compromís, que pide una moción de confianza, separándose de la línea oficial de Yolanda Díaz y, sobre todo, Podemos, que no acudió a la ronda de consultas en Moncloa, los que será difícil que vuelvan al redil.

En Moncloa se empieza a asumir el fin del ciclo socialista y que reformas tan importantes como la Ley del Suelo o la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales serán imposibles de aprobar. El presidente de la Generalitat quitó importancia al compromiso adquirido con ERC de poner en marcha la financiación singular antes del 30 de junio en el foro con elEconomista.es celebrado este lunes en Barcelona.

El asunto más preocupante son los Presupuestos Generales del Estado de 2026, después de dos años congelados. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, asegura que han comenzado ya a preparar las cuentas del próximo ejercicio, pero sin Podemos es imposible sacarlos. Hay partidas, como el gasto en defensa, que se ha logrado elevar moviendo partidas de otros sitios, pero se complica mucho el próximo ejercicio, que tendrá que subir más del 2% adicional para igualar al PIB o si se quiere acercar al 5%, como pide la OTAN.

Algunos ministros han empezado ya a buscarse la vida, bien en el sector privado o en cargos institucionales, como hicieron en el pasado las vicepresidentas Teresa Ribera y Nadia Calviño. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aspira a presidir el Eurogrupo.

En estas circunstancias, la parálisis y las incertidumbres administrativas se van extendiendo a diversos ámbitos de la actividad empresarial. La opa de BBVA sobre Sabadell es uno de ellos. El Gobierno ha manifestado en diversas ocasiones su disposición a endurecer las condiciones puestas por la CNMC en aras del "interés general". Pero en las últimas semanas se ha sumido en la incertidumbre. Se desconoce a ciencia cierta cual va a ser su respuesta. Este podría ser uno de los temas tratados este viernes por Illa con Sánchez. El próximo jueves vence el plazo para que se pronuncie. El BBVA amenaza con acudir a la vía judicial al igual que la Unión Europea. La impresión es que los escándalos políticos podrían desviar la atención de los compromisos adquiridos y las promesas.

Oliu accedió a las ofertas por TSB ante las dudas del Gobierno. Illa pudo hablarlo con Sánchez

Estas circunstancias han forzado al presidente del Sabadell, Josep Oliu, a considerar medidas adicionales para reforzar la independencia del banco. La más destacada sería la venta de la filial británica TSB, que pensaba ejecutar cuando hubiera una buena oportunidad. Los bancos se han revalorizado significativamente en los últimos meses y las perspectivas de futuro son buenas, por lo que ha decidido escuchar las ofertas de compra, que se acumulaban sobre la mesa. NatWest fue el primero en acercarse, porque cuenta con un modelo de negocio muy parecido.

Luego siguieron Barclays, HSBC y Santander UK. El Sabadell planea convocar una junta extraordinaria después de conocer las condiciones del Gobierno para informar a sus accionistas y obtener su autorización, de manera que se celebre justo antes de la votación final para aceptar o rechazar la opa.

En principio, se trataría de una estrategia defensiva, ya que los ingresos permitirían repartir un dividendo extra. Los fondos de inversión y los minoritarios del Sabadell podrían oponerse a la opa para recibir una retribución extra, que más que duplicaría los 1.300 millones que la entidad prevé dar en dividendos y recompras de títulos. Según los cálculos de los analistas, el banco podría elevar la ratio de capital CETI a casi el 16%, generando un exceso de capital de unos 1.700 millones.

En ese caso, el incentivo para aprobar la opa es escaso, ya que en estos momentos el canje propuesto genera una prima negativa de alrededor del 7% para los accionistas del Sabadell, debido a que el comportamiento del banco catalán en bolsa ha sido mejor que el del BBVA. Su presidente, Carlos Torres, señaló en Onda Cero que la operación de TSB no cambiaría su oferta, ya que el banco no debería perder valor, porque el ingreso de la venta permanece en su balance. El canje se ajustaría automáticamente. Los analistas esperan, no obstante, una mejora de la oferta del BBVA en el último minuto.

En definitiva, Oliu está dispuesto a mover ficha ante la falta de confianza en las medidas del Gobierno y la única manera es poner más dinero encima de la mesa para forzar que el BBVA suba el precio o pierda la batalla. En última instancia, serán los accionistas quienes dicten el veredicto final.

Otra operación que está generando rentabilidades negativas para sus accionistas es la opa de la inmobiliaria Neinor sobre su rival Aedas. El precio ofrecido de 24,49 euros por título es un 30% inferior al máximo alcanzado en bolsa por Aedas este ejercicio y el 10% inferior, que en el momento de presentar la oferta, el martes pasado.

Desde entonces, Neinor se revaloriza más del 20%, lo que muestra quien es el ganador. Los minoritarios de Aedas podrían verse obligados a vender si se supera el 90% de aceptación, porque Neinor la excluiría de bolsa. Todo está pendiente de que la CNMV indique si el precio es adecuado. No sería la primera vez que el minoritario sale perjudicado.

PD.-El Consejo de Ministros del martes aprobó, por fin, el informe sobre el apagón. La vicepresidenta tercer y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, calificó las causas como "multifuncionales", ya que diluye las culpas entre Redeia y las eléctricas. La sorpresa vino al día siguiente, cuando la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, compareció ante los medios para rebatir las conclusiones del Gobierno, su socio mayoritario y el que le nombró. Corredor se niega a aceptar la más mínima responsabilidad, pese a que el informe deja bien claro que Red Eléctrica no sustituyó la central de ciclo combinado que comunicó su "indisponibilidad" la víspera y permitió exportar electricidad a Francia, en lugar de al revés. Ni siquiera provisiona el coste de las posibles indemnizaciones a los afectados.

Ante la indefinición oficial, la pregunta que surge es: ¿A quién hay que reclamar los daños y perjuicios? Fuentes jurídicas apuntan a que podría existir una responsabilidad patrimonial del Estado. Al final, seremos todos los españoles los que pagaremos el pato.