El diálogo de sordos, bajo amenazas y presiones, de un Gobierno en horas bajas

La Conferencia de Presidentes celebrada este viernes terminó en un sonoro fracaso, pese a la presencia de SM el Rey. Con los temas de corrupción de fondo y en vísperas de una manifestación contra el Gobierno de Sánchez es difícil, si no imposible, que el PP acceda a algún tipo de acuerdos. La financiación singular concedida por la vicepresidenta María Jesús Montero a Cataluña para facilitar el acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa, así como la condonación de la deuda levantan ampollas en el resto de España. El principio de ordinalidad que incluye la propuesta, por el que una autonomía no debe recibir del Estado una cantidad inferior a otra que aporte menos es imposible de trasladar a las demás, porque fractura la solidaridad y perjudica a las regiones con menos recursos.

Nadie esperaba, de todas formas, avances en la financiación autonómica, que lleva más de una década bloqueada o en las medidas para evitar el caos ferroviario, agravada por la renovación de la cúpula de Renfe con directivos procedentes de fuera del ferrocarril. Sólo en el tema nuclear se atisba un cierto consenso. El Gobierno prepara ya una prórroga de las nucleares por tres años gracias a que Illa advirtió a Sánchez de que Cataluña se quedará a ciegas si apagan las centrales atómicas, que generan el 60% de su electricidad.

Hubiera sido bueno un pacto en los asuntos que están entre las preocupaciones prioritarias de los ciudadanos, como la propuesta sobre vivienda, enviada por carta por Sánchez en el último minuto. Los gobiernos autonómicos del PP se niegan a acatar medidas intervencionistas como poner un tope a los precios de los alquileres, gravar las viviendas vacías o acabar con los alquileres turísticos, cuando lo que hay que hacer es agilizar los trámites administrativos para ampliar la oferta con nuevos desarrollos inmobiliarios. Esa fue la conclusión unánime de los directivos reunidos por elEconomista.es en la V Jornada de Vivienda celebrada esta semana.

Sánchez propuso triplicar el presupuesto destinado a vivienda pública desde los 1.700 millones hasta 4.000, que sumados a otros 3.000 millones aportados por las autonomías, permitirían movilizar 7.000 millones. Pero inmediatamente amenazó con retirarles la financiación si incumplían su plan para que las unidades que se construyan no puedan venderse jamás en el mercado, con el objetivo de elevar el parque de vivienda social y asequible desde el 2% actual hasta al 9% de la media europea.

Las autonomías que no blinden de forma permanente el parque público para construir o rehabilitar, ya sea en alquiler o para la venta, no podrán contar con financiación pública del Gobierno en el plan 2026-2030.

Unos días antes, el presidente también amenazó con quitar a las autonomías la potestad para declarar las zonas con precios tensionados, con el fin de que el Gobierno pueda imponer un tope a los alquileres. Un mandato que hasta ahora sólo han cumplido Catalunya y algunos municipios del País Vasco. ¿Es posible alcanzar acuerdos bajo amenazas permanentes?

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también amagó con aprobar un decreto unilateralmente y sin necesidad de convalidación parlamentaria para endurecer el registro horario de las empresas si no se aprueba la ley para recortar la jornada semanal a 37,5 horas. Con esta maniobra, se burlaría la oposición de Junts, que ha registrado una enmienda a la totalidad sobre el proyecto en el Congreso.

El Gobierno ha construido una estrecha red de clientelismo en el que las presiones y las amenazas a las autonomías del PP o a los partidos políticos que desobedezcan sus consignas están a la orden del día. Y como se ve, no suele ser la vía más rápida para alcanzar acuerdos o forjar consensos.

El Gobierno atrae a sus socios con cheques en blanco, como en Talgo, y amenaza al resto

Las presiones conviven con los cheques en blanco o las dádivas para premiar a sus socios más fieles por mantener su apoyo parlamentario a costa del erario público. Así, esta semana hemos conocido que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) está buscando la fórmula para dar 150 millones a Talgo, después de que aplazara siete años -con carencia total hasta 2031- del pago de la multa de 116 millones impuesta por Renfe por el retraso en el suministro de los trenes AVE. Talgo cerró 2024 con pérdidas de 107,9 millones y una deuda financiera neta de 403,8 millones, por lo que el crédito aliviaría el riesgo de incumplimiento de sus ratios financieros, y le permitiría seguir accediendo a concursos públicos para suministrar trenes de alta velocidad.

¿Por qué la Sepi tiene que cubrir con dinero público estos riesgos cuando en el consorcio comprador del 29,77% de Talgo figuran junto a Sidenor las fundaciones BBK y Vital, dueñas de Kutxabank, la principal entidad financiera del País Vasco? Es evidente que, gracias a los acuerdos con el PNV, todos los españoles vamos a soportar los costes que no quieren asumir las entidades financieras privadas. ¡Por algo será!

Asimismo, el Gobierno, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la Sepi digital, financiará la mayoría de la ampliación de Wallbox, el fabricante de cargadores de coches, por 15 millones de dólares (13,1 millones de euros, al cambio actual). La sociedad catalana se encuentra en un momento delicado, negocia una reestructuración con la banca, después de varias ampliaciones seguidas y un desplome en bolsa espectacular. Un riesgo inasumible.

Qué pinta el Gobierno socorriendo con dinero público sociedades en dificultades. ¡No ha tenido ya bastante con los escándalos provocados por los rescates de Air Europa o de Duro Felguera!. La compañía asturiana de bienes de equipo, en preconcurso de acreedores, ha solicitado a la banca una quita del 98% para salvarse. La Sepi le otorgó un préstamo participativo de 120 millones en la pandemia, pese a que arrastraba pérdidas estructurales desde hacía años.

El Gobierno introdujo una cláusula en los estatutos del Fondo de Solvencia para empresas en dificultades que abría la puerta a otorgar ayudas públicas a empresas estratégicas regionales, declarada en este caso por el Gobierno de Adrián Barbón, uno de los barones socialistas próximo al presidente.

Sánchez, que tanto criticó el capitalismo de amiguetes de los ejecutivos populares de José María Aznar y Mariano Rajoy y que llegó al poder gracias a una moción de censura que logró reunir a una mayoría del arco parlamentario contra las corruptelas del PP, actúa ahora de la misma manera, comprando voluntades para mantenerse en el poder. Que luego no se rasque las vestiduras si el diálogo de sordos con la oposición le impide alcanzar compromisos, en asuntos imprescindibles como vivienda o defensa, en el que los puntos en común son mucho mayores que las diferencias.

PD.- Las dos operaciones empresariales pendientes de aquí al verano son las opas de Neinor y Apollo sobre la promotora inmobiliaria Aedas y la de BBVA sobre Sabadell. Con respecto a la primera, aunque la cotización de Aedas se ha disparado muy por encima de los 25 euros, el precio de la oferta, el acuerdo con el fondo Castlelake, propietario del 79%, está a falta solo de flecos. La operación es inminente, quizá esta misma semana. Los oferentes esperan, logicamente, obtener un apoyo superior al 90% para excluirla de bolsa, pero para eso quizá sea necesario una mejora de precio.

Sorprendería que la UE ponga trabas a la opa de BBVA y mire para otro lado en Commerzbank

El precio también es una de las claves de la opa de BBVA, pero no la más importante. El banco se reserva su oferta final hasta conocer las condiciones del Gobierno. Bruselas mira con recelo que el Gobierno haya recurrido a una consulta popular para justificar sus pegas a la operación, que ya cumple los requisitos sobre solvencia y de competencia tras la aprobación del BCE, la CNMV y la CNMC. Lo cierto, como aclaró el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, es que el Gobierno está en su derecho de añadir condicionantes en función del interés general. Sería escandaloso que la UE pusiera pegas después de mantenerse en silencio ante la oposición del Ejecutivo alemán a que Unicredito subiera su participación en Commerzbank o ante las condiciones leoninas del Ejecutivo Meloni a la compra de la banca Italia BPM. El trato discriminatorio que se dio a IAG en la fusión con Air Europa con respecto a las aerolíneas francesas y alemanas no debería repetirse de nuevo.