Freno a la inversión inmobiliaria

El PSOE planteó la pasada semana una serie de medidas para facilitar el acceso al alquiler, que vienen a complementar las anunciadas por Pedro Sánchez en enero. Entre ellas se encuentra la propuesta de arrebatar a las autonomías la competencia para delimitar cuáles son las zonas tensionadas. Con ello el Ejecutivo busca poner fin a la pasividad de las CCAA para facilitar que los caseros puedan aplicar las mayores deducciones en el IRPF por arrendar inmuebles. Un mayor beneficio fiscal que puede ayudar a contener los precios ya que eleva el atractivo de poner pisos en el mercado. Pero cuyo efecto será muy limitado en un contexto en el que buena parte del resto de medidas lanzadas desde el Gobierno y el PSOE desincentivan la oferta y la inversión inmobiliaria. Es el caso del tope a las rentas del alquiler, o de la permisividad con la que siguen actuando los okupas, lo que genera inseguridad jurídica.

Por si fuera poco, el Ejecutivo pretende ahora imponer una nueva tasa, complementaria a la de Transmisiones Patrimoniales, para los extranjeros que compren casa en España. El impuesto provocará que estos inversores paguen un tributo igual al importe de la vivienda. Se trata a todas luces de un gravamen confiscatorio, como indica el Reaf. No obstante, los juzgados serán los que decidan finalmente sobre este impuesto complementario. Pero lo que es ya una realidad es que la tasa genera un desincentivo total a la inversión inmobiliaria. Esto supone un clamoroso error en un momento en que solo un notable incremento de la oferta podrá contener el alza de los precios en el residencial. Pese a ello, el Gobierno sigue el camino equivocado, impulsando medidas con el fin de frenar la demanda, cuando lo que realmente se necesita es impulsar la puesta de activos en el mercado.