El lío mexicano con Trump, lo que le faltaba a Torres para tirar la toalla en la opa

La opa de BBVA sobre Sabadell camina sobre el filo de la navaja después de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) alargara el plazo de estudio de la operación para realizar un análisis más exhaustivo.

El presidente de la entidad, Carlos Torres, defendía hasta esta semana que la CNMC aplicaría los mismos criterios que a la fusión entre CaixaBank y Bankia, que tiene un mayor grado de concentración de oficinas en las dos zonas críticas afectadas, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Pero se equivocó. La CNMC pondrá el foco en si reducirá de manera drástica el acceso de las pymes a los servicios bancarios, como pedía la entidad presidida por Oliu, que ahora tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos, al igual que los gobiernos autonómicos, las organizaciones empresariales o los colectivos que se consideren afectados.

Además, la Ley de Defensa de la Competencia reserva al Ejecutivo la potestad de endurecer la fusión después de las condiciones impuestas por la CNMC. "Está preso del Gobierno, pese a que hasta hace poco presumía de seguir adelante a cualquier precio", señalan.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, reconoció esta semana que "no dudaremos ni un segundo en retirar la opa si se compromete su valor". El CEO de Sabadell, César González-Bueno, estimó en 9.000 millones la pérdida de valor de ambos bancos, "equivalente a un Sabadell", dijo.

Genç y Torres concurrirán con estas cifras a su reelección en la próxima junta de accionistas. Un jarro de agua fría para el presidente del BBVA, quien tras desaprovechar la oportunidad de comprar el Sabadell a precio de derribo en 2020, se presentó en abril en el torneo de Golf Conde de Godó, patrocinado por Sabadell, para informar a su presidente, que iba a lanzar la opa pese al escaso interés de éste por aceptarla.

Aun así, el único error que reconoce hoy Torres es el momento elegido, en vísperas de las elecciones catalanas, que provocó que todos los partidos en liza salieran en tromba contra la opa y que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le desaconsejara presentarla. "Mientras Salvador Illa siga en la Generalitat es difícil que Torres se haga con el banco catalán", manifiestan medios políticos.

Pero aquí no acaban los problemas. La coyuntura nacional e internacional ha cambiado mucho desde abril y no para bien. En fuentes bancarias citan tres factores de riesgo por los que BBVA se replantea la compra.

1) La nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró la guerra a los intereses españoles tras no obtener una disculpa por la conquista de las autoridades españolas. Sheinbaum tiene sobre la mesa un impuesto extraordinario a la banca extranjera, que ya valoró su antecesor. Bancomer, la filial del banco español, es el más afectado.

Ni una de las premisas de Torres se cumplió. México tiene sobre la mesa otro impuesto

2) Además, la victoria de Trump ha colocado a México en el punto de mira de su Administración, que prepara acciones drásticas para atajar la inmigración y amenaza con entorpecer las buenas relaciones económicas y comerciales con la cotización del peso hundida, para más Inri. Moody's acaba de bajar la perspectiva de su rating. Si hace unos años era Turquía la fuente de preocupación, ahora es México, con la diferencia de que alrededor de dos tercios de sus ingresos proceden del país azteca.

3) Por último, la prórroga del impuesto extraordinario a la banca castigaría sobremanera el beneficio del Sabadell, que tiene la mayor parte de su actividad en España. Un aspecto no tenido en cuenta.

La banca está a la espera de conocer el resultado de las enmiendas al paquete fiscal de la vicepresidenta Montero, que se verá el próximo lunes. La mayoría de los socios del Gobierno son partidarios de prorrogar el gravamen con salvedades.

En los últimos días se especuló con la exención a los dividendos de las fundaciones propietarias al 100% de entidades bancarias. Un traje a medida para la Fundación "la Caixa", que no tiene ningún viso de salir adelante, ya que Junts exigió por debajo de la mesa que la sede de la entidad financiera volviera a Cataluña. Una opción que no está sobre la mesa, como recordó su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, recientemente.

El partido de Puigdemont es el más inflexible en las negociaciones. Si bien dio su brazo a torcer en caso de las energéticas para defender el polo químico de Tarragona, con la banca se mantiene firme. Todo apunta a que Montero sólo logrará aprobar un paquete de mínimos, que incluya situar en el 15% Sociedades y las medidas para perseguir el fraude de los carburantes, las dos iniciativas que apoya el PP. El resto está en el aire.

El PP estuvo tentado de apoyar los Presupuestos a cambio de ayudas para la DANA

El gesto de apoyo del PP, anunciado por su vicesecretario económico, Juan Bravo, permitirá salir airoso del trance al Ejecutivo que, de otra manera, hubiera tenido que afrontar una sanción de Bruselas, por no adoptar la directiva. Los dos grandes partidos están saliendo muy perjudicados de la guerra de reproches mutuos emprendida por la DANA para tapar la ineptitud, tanto del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como del Ministerio de Transformación Ecológica, que aún dirige Teresa Ribera.

La ayuda del Gobierno, pese a lo impresionante de las cifras (más de 14.000 millones), carece de un plan en infraestructuras para prevenir futuras avenidas y supone un golpe laboral a las pequeñas empresas.

La impresión entre los afectados por la DANA es que la mitad de las ayudas tendrá que devolverse. Concretamente, el 40% son créditos o prórrogas de éstos que exigen una devolución. Si exceptuamos las medidas laborales, sólo 1.800 millones son ayudas directas. Una cantidad ridícula para reparar los daños de la mayor riada en siglos. Mazón solicitó el viernes 5.000 millones más.

No obstante, ambos partidos están condenados a entenderse, ya que si los socialistas retiran el apoyo a los Presupuestos de Mazón, como amenazaron tras su intervención en el Parlament, éste no podrá poner en marcha el plan de reconstrucción. La duda está en si, en reciprocidad, los populares apoyarán al Ejecutivo en más medidas económicas.

El anuncio de un importante paquete económico por Sánchez tras la riada a cambio de que el PP apoyara los Presupuestos no fue improvisado. La propuesta estuvo sobre la mesa de los populares varios días antes y abrió un vivo debate interno entre los partidarios de aceptarlo y de rechazarlo. Al final, se acordó descartarlo, porque abría la puerta a que Sánchez concluyera la legislatura, en contra de las machaconas declaraciones de Alberto Núñez Feijoo.

Montero tiene una difícil papeleta por delante, ya que se comprometió ante Bruselas a presentar una reforma fiscal, para la que no tiene apoyos, y que pone en riesgo los dos últimos pagos de los fondos Next Generation, por unos 10.000 millones.

La desesperación de la vicepresidenta fue patente esta semana, cuando, por un lado, rehusaba prorrogar el gravamen extraordinario a las energéticas y por el otro aceptaba suprimir la exención fiscal a las Socimis y a los seguros sanitarios que desató la ira de sus dos socios principales, Junts y PNV. Una demostración palmaria de que al Ejecutivo le da igual ocho que ochenta, atentar contra el mercado, saltarse la seguridad jurídica o tirar tierra sobre sus propios ojos, en el caso de las socimis.

La supresión de las ventajas fiscales a estas sociedades, equiparables a los REITs europeos, nos señalaría como el único país que gravaría doblemente la renta de los inmuebles y frenaría de golpe la inversión internacional y la oferta de vivienda, lo que catapultaría más los precios. Un roto importante. La amenaza de Merlin Properties y de Colonial de trasladarse fuera de España, al igual que hicieron con sus inversiones Repsol y Cepsa, sigue pendiente de la decisión final.

La precipitación del Ejecutivo se muestra en que ninguna de las iniciativas negociadas esta semana constaba de una memoria económica, que mida el impacto de su entrada en vigor antes de acometerse. Se improvisa sobre la marcha para seguir en el poder.

PD.- El caos del Ejecutivo ha propiciado un gol importante: el nombramiento del exgobernador del Banco España, Pablo Hernández de Cos, como director general del Banco Internacional de Pagos de Basilea. De Cos urdió los apoyos para su candidatura a escondidas, que presentó en el último momento para no dejar tiempo de reacción al Ejecutivo de Sánchez, como así ocurrió. Es una pena que el gobernador más brillante de la reciente historia de España haya tenido que buscarse la vida para ser nombrado sin apoyo de su Gobierno.